EXPEDIENTE Nº
00574-2013-8-1411-JR-PE-02
ESPECIALISTA: Dr. MIDWAN
VALENCIA MARTINEZ
SUMILLA OBSERVA
ACUSACIÓN, DEDUCE EXCEPCIONES, Y OTROS MEDIOS DE DEFENSA, PIDE SOBRESEIMIENTO,
OFRECE PRUEBAS PARA EL JUICIO, OBJETA LA REPARACIÓN CIVIL.
AL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA DE PISCO.
PEDRO
JULIO ROCCA LEÓN, abogado defensor de VICTOR JULIAN PEÑA COSSÍO y EDILBERTO
FERMÍN MUNAYCO CAVERO en los autos por FALSA DECLARACIÓN EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OTRO, dice:
Que,
habiendo sido notificado el 01 de septiembre de 2014, con la Resolución Nº 01,
que corre traslado del requerimiento de acusación de la primera fiscalía
provincial penal corporativa de Pisco, dentro del plazo fijado por el artículo
350 del D. Leg. 957, cumplo con absolverlo de la siguiente manera:
1º.- De conformidad con lo que dispone el
literal a) del numeral 1) del artículo 350º, del NCPP, Observo la acusación del
Fiscal por defectos formales:
1.1 No se ha descrito cuál es la
participación que corresponde a cada uno de los imputados, en la comisión de
los hechos presumiblemente delictuosos que se les imputan.
1.2 En tal vicio, es notable que no se
expongan las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, que
dificulta la labor de la defensa e impide que el Fiscal o el Juez pueden
analizar los hechos en todas sus facetas, pues si no hay una exposición “ex
ante”, “durante” y “ex post” del hecho punible, no es posible saber cuál es la
participación del imputado en el hecho y menos aún, si el accionar es doloso.
1.3 La acusación es tan deficiente, que
no se puede apreciar si hay dolo o no.
1.4 En tal contexto, tengo que observar
que cuando el fiscal generaliza: “pese a que no eran titulares de las
acreencias laborales que ha anteriormente habían cedido. Obteniendo para esto
el cambio de los representantes laborales reconocidos y formalizados por el
Ministerio de Trabajo mediante resolución comunicada a INDECOPI, persiguiendo
tener mayor porcentaje de votación ante la junta de acreedores”, con la
manifiesta mala intención de hacer creer que los imputados han cometido delito,
pues nadie, a menos que esté predispuesto para ello, puede certificar que la
titularidad de las acreencias se produjeron por disposición de autoridad
competente, antes del hecho imputado, esto es, participar en la junta de
elecciones de representantes laborales ante el INDECOPI, que fueron
convocadas por aviso publicado en el
diario oficial EL PERUANO, en fecha 15 de enero de 2013, el 02 de febrero de
2013, llevadas a cabo el 18 de enero y 06 de febrero del 2013, de lo que fluye
que la formalidad de la denuncia es tendenciosa y con el objeto de prejuzgar pronunciándose
de antemano por la culpabilidad de mis patrocinados, tal vez a cambio de un
donativo, ya que el denunciante tiene gran poder adquisitivo, es decir, tiene
tanta plata, que además de comprar acreencias laborales, puede comprar conciencias.
1.5 En este caso concreto, la
acusación no cumple con los requisitos
que exige el artículo 349º del D. Leg. 957, pues, no está debidamente motivado,
y expresamente, denuncio que se ha violado el literal b) que a la letra exige
que la acusación debe contener: “b) La relación clara y precisa del hecho que
se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y
posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el
detalle de cada uno de ellos”, (tiene que precisar la participación de cada uno
de los imputados, sea como autor directo, como autor mediato o coautor, o como
partícipe, cómplice primario, secundario, instigador) si el caso contiene
varios hechos independientes, es necesario su separación y el detalle en cada
uno de ellos, lo que se ha violado, para hacer creer que mis patrocinados han
cometido un delito. No se ha cumplido con determinar y comprobar los elementos
de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio; mucho menos se ha
expuesto cuál es el grado de participación que se atribuya a cada uno de los
imputados; toda vez que en esta etapa ya no se trata de exponer meros indicios
reveladores de la comisión de un delito, sino que el Fiscal debe demostrar que
cuenta con “sus pruebas” de la investigación preparatoria que le dan la firme
convicción que está frente a un delito que merece ser sancionado. Lo que ha
omitido por evidente parcialidad con quien tiene más dinero, en esta relación
procesal penal. Tampoco se ha expresado con criterio de razonabilidad y
proporcionalidad, cuál es el artículo de la Ley penal que tipifique el hecho,
así como la cuantía de la pena que se solicite; siendo notable que no existe imputación
base y presupuesto necesario para calificar los hechos denunciados, como delito
de falsa declaración en proceso, porque, en principio, nadie sabe en qué clase
de proceso existió la falsa declaración y se le da dicha nomenclatura sólo
porque el denunciante es el representante legal de la empresa FLORES HNOS S.A.
1.6 Tengo que observar el descaro del
fiscal acusador, quien pretende para el pago de una reparación civil de S/.
3,000.00 aduciendo (sic) “Por ello resulta razonable la imposición del monto de
tres mil nuevos soles de reparación
civil por el delito de ROBO AGRAVADO (destaco en negrita la mala intención del
fiscal); ya que además debe tenerse en cuenta la lesión al bien jurídico buen funcionamiento
del aparato estatal”, siendo el caso que el fiscal ha acusado por delito de
“falsa declaración en proceso”
1.7 Tengo que observar la tendenciosa
conducta del fiscal acusador, que al hacer mención de los elementos de
convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, ha ocultado las fechas
de los documentos que demuestran la ausencia de tipicidad, habiendo destacado
las fechas en los documentos incriminatorios, lo que deja en evidencia la falta
de imparcialidad y voluntad de fraude, así tenemos que se destaca que la
publicación periodística fue con fecha 15 de enero de 2013 en el diario El
Peruano. Otra de fecha 02 de febrero de 2013, donde se hace la convocatoria.
Empero no constan las datas de la carta Nº 0198-2013-INDECOPI, del Oficio
041-2013, del GORE ICA, de los contratos de cesión de derechos, del Poder
notarial fuera del Registro, ni del Oficio Nº 3609-2013, donde el Ministerio de
Trabajo remitió los documentos que dieron lugar para el reemplazo de titular y
suplente de los créditos laborales ante la Junta de Acreedores en el
procedimiento concursal de la empresa de transportes General José de San Martín
S.A. en liquidación.
1.8 Finalmente tengo que objetar la falta
de formalidad en el ofrecimiento de los medios de prueba ofrecidos para su
actuación, pues si se trata de un delito cometido en un procedimiento
administrativo, lo lógico, lo coherente, lo honesto, es presentar EL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO, en el cual se ha cometido la falta, y no hojas dispersas del
mismo, con la tendenciosa intención de hacer aparecer como delito lo que no lo
es. Y si no existe expediente administrativo, no hay bien jurídico protegido,
esto es, el buen funcionamiento de la función
pública. De lo que fluye que NO ES EL ESTADO EL SUJETO PASIVO DEL
DELITO, sino una denuncia fraudulenta, para favorecer al millonario PASTOR
TIMOTEO FLORES CHÁVEZ, quien curiosamente es el ÚNICO TESTIGO, ofrecido por el
fiscal acusador, cuya declaración: “sobre la forma y circunstancias en que tomó
conocimiento de las sesiones de la junta de acreedores que se llevó a cabo por
los denunciados”, no es ni útil, ni pertinente ni conducente, para demostrar la
existencia del delito de falsa declaración en el proceso y se le incorpora al
mismo, para que compruebe que se está cumpliendo con el compromiso de ayudarlo
mediante un proceso penal, en hacerse dueño de la empresa de transportes
General José de San Martín. Como prueba del tinglado ofrezco el mérito del
requerimiento de Pastor Timoteo Flores Chávez, ofrecido como prueba documental
de la acusación fiscal, solicitando el cambio de titularidad de créditos
reconocidos a su favor de fecha 28 de junio del año 201, fs. 24, y la OMISIÓN
FISCAL DE EXIGIR CUÁL FUE EL RESULTADO O LA RESPUESTA A TAL SOLICITUD, lo que
demuestra su parcialidad.
2º.- PLANTEO CUESTIÓN PREVIA:
De conformidad con el artículo 350º
numeral 1) letra b) del NCPP, concordante con el artículo 4º del NCPP, planteo
una Cuestión previa, a fin que el fiscal presente el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO,
que acredite que dentro de un procedimiento administrativo, se ha cometido el
delito imputado.
2.1 En efecto el artículo 411º del Código Penal reprime al que, en un procedimiento administrativo,
hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley,
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.” La
norma exige pues, EXPLÍCITAMENTE, que el hecho incriminado se cometa EN UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, y en este caso NO HAY PRUEBA DE QUE EXISTA UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, por lo que NO HAY IDENTIDAD CON EL TIPO, por lo
que el FISCAL TIENE QUE ACREDITAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, en el cual
se ha hecho la falsa declaración y demostrar que en el interior de dicho
procedimiento se violó la presunción de veracidad, por lo que tengo que afirmar
categóricamente que existe colusión entre fiscal y Timoteo Pastor Flores
Chávez, para hacer aparecer como delito un hecho inocente de parte de mis
patrocinados.
3º.- PROMUEVO CUESTION PRE JUDICIAL.
De conformidad con el artículo 350º
numeral 1) letra b) del NCPP, concordante con el artículo 5º del D.Leg. 957,
promuevo cuestión prejudicial.
3.1 Según el artículo 5º del NCPP,
numeral 1) la cuestión prejudicial procede cuando el Fiscal decide continuar
con la Investigación Preparatoria, pese a que fuere necesaria en vía
extra-penal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho
incriminado.
3.2 Si el artículo 411º del Código Penal reprime al que, en
un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que
le corresponde probar, violando la
presunción de veracidad establecida por ley, y en este caso concreto,
se imputa a mis patrocinados que han violado la presunción de veracidad,
haciendo falsa declaración en un procedimiento administrativo, entonces es
necesario que exista o acredite en qué procedimiento administrativo fue que mis
patrocinados violaron la presunción de veracidad y cómo fue la falsa
declaración, por lo que es necesario acreditar objetivamente en qué procedimiento
administrativo se cometió el delito, pues participar en un procedimiento
electoral para elección de representantes laborales, no es delito, sino el
cumplimiento de un deber.
3.3 Si el fiscal tiene como agraviados al Estado
y al Ministerio de Trabajo, entonces éste ministerio deberá aportar al proceso,
el expediente en el que conste la existencia de un procedimiento
administrativo, en el cual conste la falsa declaración, violando la presunción
de veracidad, o de lo contrario, estamos ante una calumnia.
4º.- DEDUZCO LA EXCEPCIÓN DE
IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN
De conformidad con el artículo 350º
numeral 1) letra b) del NCPP, concordante con el artículo 6º del NCPP, deduzco
la EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN:
4.1 La norma citada tiene previsto: “Las
excepciones que pueden deducirse son las siguientes … Improcedencia de acción,
cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente.
4.2 A tenor de la acusación fiscal, que
se sustenta básicamente en que Pastor Timoteo Flores Chávez, compró acreencias
laborales de la empresa de Transportes General José de San Martín en
reestructuración patrimonial por diversos montos, a mis patrocinados, lo cual
ni es un procedimiento administrativo, ni es delito, porque el denunciante sabe
perfectamente que las acreencias que compró son de una empresa en vías de
liquidación por encontrarse en reestructuración patrimonial, consecuentemente,
en este extremo, la excepción de improcedencia de acción está fundada.
4.3 Que los procesados: “han convocado y
participado en la junta de elecciones de representantes laborales ante el
INDECOPI” conforme a las publicaciones efectuadas en el diario EL PERUANO,
tampoco constituye una falsa declaración que viole la presunción
de veracidad, porque el voto emitido por cada uno, es real y verdadero, y no
daña la presunción de veracidad y dicho proceso no es un procedimiento
administrativo de parte del Estado, sino un procedimiento interno de una
persona jurídica privada. Consecuentemente, en este
extremo, la excepción de improcedencia de acción está fundada.
4.4 La afirmación fiscal: “Pese a que no
eran titulares de las acreencias laborales que ya anteriormente habían cedido”
no está confirmada con ningún medio probatorio, por lo que no pasa de ser una
afirmación subjetiva e interesada del fiscal acusador, por cuanto, la verdad de
los hechos, es que mis patrocinados han obrado por disposición de la ley, en
cumplimiento de un deber y en el ejercicio legítimo de un derecho, y por orden
obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones;
por cuanto la obligación de votar en el proceso eleccionario de representantes
de los acreedores laborales nace de la Ley Nº 27809, General del Sistema
Concursal.
4.5 El fiscal acusador ha revelado supina
ignorancia de la citada ley, que dispone que La Comisión de Procedimientos
Concursales y las Comisiones desconcentradas de las Oficinas Regionales del
INDECOPI son las autoridades competentes para conocer los procedimientos
concursales[1].
Esto significa que nada tiene que ver el Ministerio de Trabajo en este tipo de
procedimientos. Sin embargo, el fiscal, en su propósito malsano de convertir en
delito una obligación concursal, para favorecer al más rico de la relación
procesal penal, ha omitido dicha norma, pese a que se proclama defensor de la
legalidad.
4.6 El fiscal acusador ha revelado supina
ignorancia del artículo 38º de la Ley Nº 27809, que a la letra dice: “38.5 En
los casos de créditos invocados por acreedores vinculados al deudor y en
aquéllos en que surja alguna controversia o duda sobre la existencia de los
mismos, el reconocimiento de dichos
créditos solamente podrá ser efectuado por la Comisión, la que
investigará su existencia, origen, legitimidad y cuantía por todos los medios,
luego de lo cual expedirá la resolución respectiva.” Esto significa que la
única forma de acreditar cambio de titularidad en las acreencias laborales de
una empresa sujeta a reestructuración patrimonial, es por medio de RESOLUCIÓN
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN COMPETENTE (INDECOPI), por lo
que para afirmar que los procesados han perdido titularidad, el fiscal está
obligado a presentar la RESOLUCIÓN DE INDECOPI, que acredita su afirmación, de
lo contrario está acusando calumniosamente, para satisfacer los apetitos
personales de PASTOR TIMOTEO FLORES CHÁVEZ.
4.7 El fiscal acusador ha revelado supina
ignorancia del artículo 141º de la ley 27809, que dispone “141.3 La Comisión
sancionará con multa de una (1) a cincuenta (50) Unidades Impositivas
Tributarias, al deudor, al acreedor y a sus representantes legales, que no
cumplan con las obligaciones establecidas en los numerales anteriores.”
4.8 El fiscal acusador ha revelado supina
ignorancia del artículo 142º de la ley 27809, que dispone “142.2 La vinculación
concursal no se transmite con la cesión o transferencia de créditos reconocidos
efectuada por un acreedor vinculado.” De lo que fluye la mala fe y temeridad
del fiscal, para convertir en delito el accionar de los imputados de
conformidad con la ley de la materia.
4.9 El fiscal acusador ha revelado supina
ignorancia de las DISPOSICIONES FINALES de la ley 27809, en relación con el
proceso electoral, el literal d) de la Octava DISPOSICIONES FINALES de la Ley
Nº 27809, que dispone: “Se deben establecer las causales para el reemplazo
justificado del representante y los mecanismos de control de los electores.”
Omitido dolosamente, para hacer aparecer como delito el ejercicio del deber que
tiene cada uno de mis patrocinados, de participar en el proceso electoral,
OBLIGATORIAMENTE, hasta que el INDECOPI, expida RESOLUCIÓN que acepte el CAMBIO
DE TITULARIDAD, que me hace pensar en algún interés pecuniario.
4.10 Ofrezco como medio probatorio de la
excepción propuesta, los siguientes documentos:
4.10.1 Fotocopia de la Carta Nº
0198-2013/CCO-INDECOPI, del 05 de febrero de 2013, que remitió el secretario
técnico de INDECOPI, a Jorge Cárdenas Vega, adjuntando la lista de los
acreedores laborales reconocidos en el marco del procedimiento concursal
Empresa de Transportes San Martín S.A. con objeto de probar que es falso que el
presunto agraviado figure como acreedor laboral reconocido por el INDECOPI,
siendo el caso que para dicha entidad competente para el caso que nos ocupa, en
dicha fecha seguíamos siendo acreedores, como consta en el número de orden 60,
don VICTOR JULIÁN PEÑA COSSIO, y en el número 77 don EDILBERTO FERMIN MUNAYCO CAVERO, de lo que fluye la falta de
pruebas para denunciar.
4.10.2 Fotocopia de la Resolución Nº
395-2014/SDC-INDECOPI, Expediente Nº 10-2003/CCD-ODI-UDP-03-18, expedida por
INDECOPI, con fecha 10 de marzo de 2014, que declara que carece de objeto
emitir pronunciamiento respecto de la nulidad de oficio de la Resolución Nº
5251-2013/CCO-INDECOPI, del 10 de mayo de 2013.
4.10.3 Fotocopia de la Resolución Nº
11713-2009/CCO-INDECOPI, Expediente Nº 010-2003/CCD-UDP-01-50, Nº
010-2003/CCD-UDP-03-18 expedida por INDECOPI, con fecha 13 de noviembre de 2009, con objeto de
demostrar que el órgano competente, para conocer los procedimientos
concursales, declaró IMPROCEDENTE, la solicitud de cambio de titularidad de
créditos reconocidos presentados por PASTOR FLORES CHÁVEZ, con objeto de
demostrar que la denuncia carece de asidero legal.
4.10.4 Fotocopia de la Resolución Nº 2261-2010/CCO-INDECOPI.
Expediente Nº 010-2003/CCD-UDP-01-50, Nº 010-2003/CCD-UDP-03-18 expedida por
INDECOPI, con fecha 25 de marzo de 2010, que declaró improcedente el recurso de
reconsideración interpuesta por el señor PASTOR FLORES CHÁVEZ, contra la
Resolución Nº 11713-2009/CCO-INDECOPI, de fecha 13 de noviembre de 2009, con
objeto de demostrar que la denuncia carece de asidero legal.
4.10.5 Fotocopia de la Resolución Nº
11714-2009/CCO-INDECOPI, Expediente Nº 010-2003/CCD-UDP-01-60, Nº
010-2003/CCD-UDP-03-18 expedida por INDECOPI, con fecha 13 de noviembre de 2009, con objeto de
demostrar que el órgano competente, para conocer los procedimientos
concursales, declaró IMPROCEDENTE, la solicitud de cambio de titularidad de
créditos reconocidos presentados por PASTOR FLORES CHÁVEZ, con objeto de
demostrar que la denuncia carece de asidero legal.
4.10.6 Fotocopia de la Resolución Nº
5259-2013/CCO-INDECOPI, Expediente Nº 010-2003/CCD-UDP-01-77, Nº
010-2003/CCD-UDI-UDP-03-18 expedida por INDECOPI, con fecha 10 de mayo de 2013,
objeto de demostrar que el órgano competente, para conocer los procedimientos
concursales, recién en dicha fecha, Resolvió “CONSIDERAR AL SEÑOR PASTOR
TIMOTEO FLORES CHÁVEZ, como nuevo titular de los créditos ascendentes a S/.
8,536.58.
4.10.7 Fotocopia de la Resolución Nº
11717-2009/CCO-INDECOPI, Expediente Nº 010-2003/CCD-UDP-01-77, Nº
010-2003/CCD-UDP-03-18 expedida por INDECOPI, con fecha 13 de noviembre de 2009, cedente Edilberto
Fermín Munayco Cavero, para cambio de titularidad a favor de Pastor Flores
Chávez, con objeto de demostrar que el órgano competente, declaró IMPROCEDENTE,
la solicitud de cambio de titularidad de créditos reconocidos presentados por
PASTOR FLORES CHÁVEZ, con objeto de demostrar que la denuncia carece de asidero
legal.
5º.- PIDE SOBRESEIMIENTO:
5.1 De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 344º numeral 2) literales b) y d) solicito el SOBRESEIMIENTO de la
causa por los siguientes fundamentos:
5.1.1 El hecho imputado no es típico:
El fiscal tiene como tipos legales para
su denuncia los artículos 411º y 416º del Código Penal.
El artículo 411º del Código Penal,
reprime al que en un procedimiento
administrativo, hace una falsa
declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde
probar, violando la presunción de
veracidad establecida por ley,
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
En la descripción de los hechos, no se ha
acreditado la existencia de un procedimiento administrativo, en el cual los
actores hayan hecho una falsa declaración, y NO existen los hechos y circunstancias
que les corresponda probar y mucho menos existe prueba de que los actores hayan
violado la presunción de veracidad que esté o haya estado establecida por la
Ley. Vale decir, no existe ley alguna que establezca una presunción de
veracidad que los actores hayan violado en los hechos que se les imputa, y no
existe el procedimiento administrativo en el cual dichos elementos objetivos
del tipo penal se hayan dado o en los cuales concurran copulativamente todos
los elementos del tipo invocado por el fiscal acusador.
De otro lado, el artículo 416º del Código
Penal, reprime al que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a un
funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a la ley, con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Y en este
caso concreto, no existe el funcionario o servidor público que haya sido
engañado, por cualquier medio fraudulento, para que dicho funcionario expida
resolución y que tal resolución emitida haya sido contraria a Ley, por lo que
tampoco se dan los elementos objetivos o subjetivos del tipo penal, por lo que
la denuncia carece de fundamentos jurídicos para que prospere.
5.1.2
En este caso concreto, concurre una causa de justificación, de
inculpabilidad o de no punibilidad
En efecto, los denunciados han obrado por
obligación legal de hacerlo, conforme a lo que dispone la Ley Nº 27809, General
del Sistema Concursal.
El artículo 20º del Código Penal
sanciona: “Está exento de responsabilidad penal: 8. El que obra por disposición
de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un
derecho, oficio o cargo”; En consecuencia, al haber obrado en cumplimiento de
un deber eleccionario al interior de la Empresa de Transportes José de San
Martin, por disposición de la Ley Nº 27809, General del Sistema Concursal,
opera de pleno derecho las excepciones que dispone el numeral 8 del artículo
20º del código Penal, por lo que la denuncia fiscal no puede prosperar.
5.3 de conformidad con lo que dispone el
literal d) del artículo 344º numeral 2) del NCPP, NO existe razonablemente la
posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y además NO hay
elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el
enjuiciamiento del imputado, por lo que la denuncia fiscal no puede prosperar.
En este caso concreto, es importante
destacar el desconocimiento que tiene el fiscal acusador, de la importancia y
fundamento del artículo 1º de nuestra Constitución Política, que ha sido
vilmente violado, desde que se tramita como denuncia un acto hostil de quien se
considera agraviado, porque quien tiene plata cree que todo se puede comprar y
al no haber comprado el criterio de los funcionarios de INDECOPI, a quienes no
puede denunciar, la emprende contra los más pobres, denunciándolos por un
delito imposible y aprovechando la ignorancia de la Constitución por parte del
fiscal acusador, quien no sabe que todo el aparato estatal se debe someter a
quien tiene la supremacía de la Constitución, de la ley y de la sociedad, que
no es otro que la defensa de la persona humana y del respeto por su dignidad, y
cuya violación es la causa de que haya tanta violencia, porque el abuso del
poder, crea como consecuencia del principio físico, “a toda acción corresponde
una reacción igual y en sentido contrario”, son los propios agentes de la
justicia, los que por su mal proceder, están propiciando el desajuste social,
que general las injusticias, que son las que engendran toda la violencia que
estamos viviendo y que nadie hace nada para controlar.
6º.- OFREZCO MEDIOS PROBATORIOS PARA LA
DEFENSA.
A fin de garantizar el derecho a la
defensa de la persona humana, como fin supremo de la sociedad y del Estado,
ofrezco los siguientes medios de prueba de la inocencia de los procesados:
6.1 Fotocopia de la Carta Nº
0198-2013/CCO-INDECOPI, del 05 de febrero de 2013, que remitió el secretario
técnico de INDECOPI, a Jorge Cárdenas Vega, adjuntando la lista de los
acreedores laborales reconocidos en el marco del procedimiento concursal
Empresa de Transportes San Martín S.A. con objeto de probar que los denunciados
figuran como acreedores laborales reconocidos por el INDECOPI, por lo que en la
fecha de elecciones aún permanecían como acreedores, constando en el número de
orden 60, don VICTOR JULIÁN PEÑA COSSIO, y en el número 77 don EDILBERTO
FERMIN MUNAYCO CAVERO, de lo que fluye
la inocencia de ambos.
6.2 Fotocopia de la Resolución Nº
395-2014/SDC-INDECOPI, Expediente Nº 10-2003/CCD-ODI-UDP-03-18, expedida por
INDECOPI, con fecha 10 de marzo de 2014, que declara que carece de objeto
emitir pronunciamiento respecto de la nulidad de oficio de la Resolución Nº
5251-2013/CCO-INDECOPI, del 10 de mayo de 2013. La prueba es útil, para probar
que los procesados actuaron en el cumplimiento de sus funciones. Pertinente
para probar su inocencia y conducente para probar que la denuncia es calumniosa
y que carece de fundamento jurídico.
6.3 Fotocopia de la Resolución Nº
11713-2009/CCO-INDECOPI, Expediente Nº 010-2003/CCD-UDP-01-50, Nº
010-2003/CCD-UDP-03-18 expedida por INDECOPI, con fecha 13 de noviembre de 2009, con objeto de
demostrar que el único órgano competente para conocer los procedimientos
concursales el INDECOPI, declaró IMPROCEDENTE, la solicitud de cambio de
titularidad de créditos reconocidos presentados por PASTOR FLORES CHÁVEZ. La
prueba es útil, para probar que los procesados actuaron en el cumplimiento de
sus funciones. Pertinente para probar su inocencia y conducente para probar que
la denuncia es calumniosa y que carece de fundamento jurídico.
6.4 Fotocopia de la Resolución Nº
2261-2010/CCO-INDECOPI. Expediente Nº 010-2003/CCD-UDP-01-50, Nº
010-2003/CCD-UDP-03-18 expedida por INDECOPI, con fecha 25 de marzo de 2010,
que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesta por el señor
PASTOR FLORES CHÁVEZ, contra la Resolución Nº 11713-2009/CCO-INDECOPI, de fecha
13 de noviembre de 2009, La prueba es útil, para probar que los procesados
actuaron en el cumplimiento de sus funciones. Pertinente para probar su
inocencia y conducente para probar que la denuncia es calumniosa y que carece
de fundamento jurídico.
6.5 Fotocopia de la Resolución Nº
11714-2009/CCO-INDECOPI, Expediente Nº 010-2003/CCD-UDP-01-60, Nº
010-2003/CCD-UDP-03-18 expedida por INDECOPI, con fecha 13 de noviembre de 2009, con objeto de
demostrar que el órgano competente, para conocer los procedimientos
concursales, declaró IMPROCEDENTE, la solicitud de cambio de titularidad de
créditos reconocidos presentados por PASTOR FLORES CHÁVEZ. La prueba es útil,
para probar que los procesados actuaron en el cumplimiento de sus funciones.
Pertinente para probar su inocencia y conducente para probar que la denuncia es
calumniosa y que carece de fundamento jurídico..
6.6 Fotocopia de la Resolución Nº 5249-2013/CCO-INDECOPI,
Expediente Nº 010-2003/CCD-UDP-01-77, Nº 010-2003/CCD-UDI-UDP-03-18 expedida
por INDECOPI, con fecha 10 de mayo de 2013, objeto de demostrar que el órgano
competente, para conocer los procedimientos concursales, recién en dicha fecha,
Resolvió “CONSIDERAR AL SEÑOR PASTOR TIMOTEO FLORES CHÁVEZ, como nuevo titular
de los créditos. La prueba es útil, para probar que los procesados actuaron en
el cumplimiento de sus funciones. Pertinente para probar su inocencia y
conducente para probar que la denuncia es calumniosa y que carece de fundamento
jurídico.
6.7 Fotocopia de la Resolución Nº
11717-2009/CCO-INDECOPI, Expediente Nº 010-2003/CCD-UDP-01-77, Nº
010-2003/CCD-UDP-03-18 expedida por INDECOPI, con fecha 13 de noviembre de 2009, cedente Edilberto
Fermín Munayco Cavero, para cambio de titularidad a favor de Pastor Flores
Chávez, con objeto de demostrar que el órgano competente, declaró IMPROCEDENTE,
la solicitud de cambio de titularidad de créditos reconocidos presentados por
PASTOR FLORES CHÁVEZ. La prueba es útil, para probar que los procesados
actuaron en el cumplimiento de sus funciones. Pertinente para probar su
inocencia y conducente para probar que la denuncia es calumniosa y que carece
de fundamento jurídico.
POR LO EXPUESTO:
Al Juzgado pido se sirva tener por bien
absuelto el traslado, y disponer la realización de las audiencias atinentes,
para su debate.
OTROSI DIGO: Que, designo abogado
defensor al abogado Pedro Julio Rocca León, con domicilio en calle Fermín
Tangüis Nº 106, Pisco, celular 956606345 teléfono 056-314634 correo electrónico
pjroccaleon@hotmail.com .
ANEXOS:
1.- Fotocopia de la Carta Nº
0198-2013/CCO-INDECOPI, del 05 de febrero de 2013 y su anexo (5 folios).
2.- Fotocopia de la Resolución Nº
395-2014/SDC-INDECOPI, Expediente Nº 10-2003/CCD-ODI-UDP-03-18, expedida por
INDECOPI, del 10 de marzo de 2014. (04 fs)
3.- Fotocopia de la Resolución Nº
11713-2009/CCO-INDECOPI, (3 folios)
4.- Fotocopia de la Resolución Nº
2261-2010/CCO-INDECOPI. (1 folio)
5.- Fotocopia de la Resolución Nº 11714-2009/CCO-INDECOPI.
(3 folios)
6.- Fotocopia de la Resolución Nº 5249-2013/CCO-INDECOPI.
(3 folios)
7.- Fotocopia de la Resolución Nº
11717-2009/CCO-INDECOPI (3 folios)
8.- Fotocopia del D.N.I. de cada uno de
los procesados.
Pisco, 10 de septiembre de 2014.
[1] Numeral 3.2 Ley 27809
Corresponde a las Comisiones señaladas fiscalizar la actuación de las entidades
administradoras y liquidadoras, deudores y acreedores sujetos a los
procedimientos concursales. La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI
podrá expedir directivas de cumplimiento obligatorio para regular la actuación
de las entidades administradoras y liquidadoras, así como de los deudores y
acreedores antes señalados.
gracias!
ResponderEliminarHOLI
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