EXPEDIENTE
Nº:
ESCRITO
Nº 01
ESPECIALISTA:
SUMILLA DEMANDA PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
REVISIÓN JUDICIAL DE EJECUCIÓN COACTIVA.
A LA SALA ESPECIALIZADO EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TURNO DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA.
SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES
FAMISALUD S.A.C, con RUC Nº
20508181796, representada por CLEVER JACINTO RIVAS SALAS,
con D.N.I. Nº
25575523 con domicilio real y procesal en la Avenida
Arequipa N° 4067, distrito Miraflores, provincia y Región Lima, señalando para efectos de las notificaciones la CASILLA
ELECTRÓNICA SINOE N° 7821, y audiencias virtuales el Correo pedrojuliorocaleon@gmail.com.,
respetuosamente dice:
Que, en proceso contencioso
administrativo, demando a la EJECUTORA COACTIVA Karina Cecilia Cevasco Cortez,
del NÚCLEO DE COBRANZA ESSALUD
DE ICA, con domicilio en Av.
San Martín N° 533-7mo. Piso, provincia y Región Ica.
PETITORIO: Que, por impero del
artículo 23° del TUO de la ley N° 26979, aprobado por D.S. 018-2008-TR,
pretendo la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva -por su
evidente ilegalidad- cometida por la demandada en el expediente N°
10F20200306635, sobre pago de reembolso de prestaciones que han perdido
ejecutoriedad, por imperio de la ley y que la demandada –arbitrariamente- no ha
querido acatar, por lo que pretendemos la nulidad del procedimiento de
ejecución coactiva, por violación de la Constitución y la Ley y ser
constitutivo de infracción penal que reprime el artículo 376° segundo párrafo,
del Código Penal.
De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 6° y 7° del D.S. N° 011-2019JUS, pretendemos en acumulación
objetiva originaria accesoria, el levantamiento de las medidas cautelares que
nos causan perjuicio económico en el monto de S/. 40,143.00 ,y se disponga la
indemnización por daños y perjuicios por el mismo monto, esto es, que la
demandada sea condenada al pago de S/. 40,143.00, por abuso del derecho al
haber triplicado el monto previsto para la ejecución, a conciencia que carece
de competencia, en perjuicio económico de la demandante.
1.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
DE LA DEMANDA:
1.1. Arbitrariamente,
la demandada ha emitido la Resolución de Ejecución Coactiva N° 3, emitida en la
ciudad de ICA, de fecha 7 de
diciembre de 2020, que dispone se trabe embargo en forma de
RETENCIÓN, hasta por la suma de S/. 13,381.00, sobre los bienes, valores,
acciones, rentas y fondos que tenga o pudiera tener la ejecutada SERV ICIOS
MÉDICOS INTEGRALES FAMISALUD S.A.C., en cuenta corriente, depósitos, ahorros, cobranzas,
custodia y otros fondos similares en los bancos e instituciones integrantes del
sistema financiero nacional, Bolsa de Valores o cualquier otra entidad o
institución pública o privada, comprendiéndose incluso en esta medida a los
derechos de crédito de propiedad del emplazado que se encuentre en poder de
otros terceros y en sus sucursales y agencias a nivel nacional”, lo
cual es ilícito y por ende, nulo de pleno derecho, por mandato expreso del
artículo 10° numerales 1, 2 y 4 de la Ley N° 27444, del Procedimiento
Administrativo General, cuyo TUO fue aprobado por D.S. N° 04-2019-JUS., por lo
que estamos ante la causal prevista en el literal a) del numeral 23.1 del
artículo 23° del TUO de la ley N° 26979, aprobado por D.S. 0182008-TR, por lo
que estamos legitimados para pretender la revisión judicial del procedimiento
de ejecución coactiva.
1.2 La arbitrariedad de los actos
administrativos de la ejecutora coactiva, se demuestra con los siguientes
hechos:
1.2.1 La Ejecutora tiene su
jurisdicción en la Región Ica, y ha abusado del derecho, radicando competencia
a nivel nacional, lo que no permite el artículo 3° de la Ley N° 26979: “El Ejecutor Coactivo es el titular del Procedimiento y ejerce, a nombre
de la Entidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de la Obligación,
de acuerdo a lo establecido en esta Ley. Su cargo es indelegable. Tratándose de gobiernos regionales y locales que cuenten con Ejecutor y
Auxiliar Coactivo y que
necesiten ejecutar una medida de embargo fuera
de su jurisdicción territorial en cumplimiento de sus funciones, deberán librar exhorto a cualquier Ejecutor
Coactivo de la provincia en donde se desea ejecutar la medida de embargo, de
conformidad con lo dispuesto en el Título IV de la Sección Tercera del Código
Procesal Civil[1].
Sobre un mismo procedimiento coactivo no se podrá librar exhorto a más de un
Ejecutor Coactivo." Ley que al
haberse vulnerado demuestra la evidente ilegalidad del procedimiento de
ejecución coactiva, que ha conducido a la producción de daños económicos
verificables y cuantificables, toda vez que se ha oficiado a los bancos
Scotiabank, BCP, BBVA Continental, disponiendo el embargo en forma de
retención, por lo que estamos ante el abuso de autoridad de la ejecutora que ha
triplicado el monto de S/. 13,381.00, y nos perjudicó económicamente en la
cantidad de S/. 40,143.00 por lo que la Sala competente, además de ordenar el
levantamiento de las medidas cautelares abusivas, determinará la existencia de
responsabilidad civil y administrativa del Ejecutor y el Auxiliar coactivo,
pronunciándose sobre el monto correspondiente por concepto de indemnización.
1.2.2 En el caso concreto, no
existe acto o resolución administrativa que determine la Obligación por la
cantidad de S/. 13,381.00, por lo que la ejecutora demandada, ha violado el
inciso a) del artículo 22° del D.S. N° 018-2008-JUS, concordante con el numeral
13.2 de la misma ley: “Las medidas cautelares previas, a que
se refiere el numeral anterior, deberán sustentarse mediante el correspondiente
acto administrativo y constar en resolución motivada que determine con
precisión la Obligación debidamente notificada.”, Ley que al haber
sido violada, nos legitima para pretender la revisión judicial del
procedimiento cautelar, por su manifiesta ilegalidad.
1.2.3
Como no se me ha notificado resolución que determine el monto de S/.
13,381.00 a favor de la
ejecutante, se ha violado el inciso b) del D.S. N° 018-2008-
JUS. Que atribuye responsabilidad al Ejecutor, “Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto o resolución
administrativa que determine la Obligación hubiese sido debidamente notificado”
siendo el caso que no se nos ha notificado acto administrativo que determine el
pago de S/. 13,381.00, lo que nos legitima para pretender la revisión del
procedimiento de ejecución coactiva, por su manifiesta ilegalidad.
1.2.4 Asimismo, la ejecutora
demandada ha violado el literal f) del artículo 22° del D.S. N° 018-2008-JUS.
Que genera responsabilidad: “Cuando ejecute las medidas
cautelares en contravención a lo dispuesto
en la presente ley”.
1.2.5
Mediante Resolución N° 3, de fecha 22 de octubre de 2019 del expediente N°
10F20190905987, la demandada, “por el mérito de la Carta N° 60 y Resolución
N° 672-GRA-ICA-ESSALUID-2019, en la cual de oficio se
declaró la NULIDAD de la Resolución
Administrativa N° 87115000315 y del considerando SEGUNDO, en que leemos:
“atendiendo a que la Resolución Administrativa N° 87115000315 que resuelve el
recurso de apelación que interpuso el empleador, contra la Resolución de
cobranza citada, ha sido declarada nulo, por lo que debe resolverse conforme a
ley, consecuentemente SE RESUELVE en atención al artículo 16.2 de la Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva número 26979, al amparo del D.S.
018-2008JUS, DISPONER la
suspensión del presente procedimiento coactivo”, por lo que al haber
hecho aparecer -de pronto- el expediente N° 10F20200306635, en que mediante
Resolución de Ejecución Coactiva N° 3, de fecha 7 de diciembre de 2020, dispone
se trabe embargo en forma de retención hasta por la suma de S/. 13,381.00, es
evidente que se ha violado el numeral 16.7 del D.S. N° 018-2008-JUS., que
dispone: “La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva de la
Obligación principal conlleva la
suspensión de cualquier otro procedimiento respecto de todas las Obligaciones
derivadas de ésta.” Por lo que este procedimiento de ejecución
coactiva N° 10F20200306635, es nulo de pleno derecho por imperio del artículo
10° numerales 1 y 4 del TUO de la Ley 27444 aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS,
por lo que estamos legitimados para solicitar la revisión judicial del
procedimiento.
1.2.6 Si en el expediente N°
10F20190905987, la ejecutante pretendía que “SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES FAMISALUD S.A.C., cumpla
con reembolsar la suma de S/. 10,658.00 (DIEZ MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100
SOLES), “con los intereses correspondientes,
al no haber efectuado la declaración y/o pago íntegro y/o oportuno de las
aportaciones al Régimen de la Seguridad Social en Salud, otorgada a los
trabajadores y/o asegurados que se encuentran detallados en el anexo que forma
parte de la precitada Resolución; de los períodos JULIO/2014, AGOSTO/2014,
SETIEMBRE/2014, NOVIEMBRE/2014, DICIEMBRE/2014, ENERO/2015,
FEBRERO/2015,
MARZO/2015, FEBRERO/2016, ABRIL/2016, MAYO/2016, JUNIO/2016, AGOSTO/2016,
SETIEMBRE/2016, OCTUBRE/2016, NOVIEMBRE/2016,
DICIEMBRE/2016, ENERO/2017, FEBRERO/2017 y MARZO/2017;
que han perdido ejecutoriedad y prescrito de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 204° del TUO de la ley 27444 aprobado por D.S. 004-2019-JUS, numera
204.1, que en forma expresa, dispone: “Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos pierden
efectividad y ejecutoriedad en los siguientes casos: 204.1.1 Por suspensión provisional
conforme a ley. 204.1.2 Cuando transcurridos dos (2) años de adquirida firmeza, la administración no
ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlos”,
consecuentemente, por imperio de la seguridad jurídica, las pretensiones
correspondientes de los años 2014 a 2016, han perdido ejecutoriedad, tanto por
cuanto la ejecutora coactiva suspendió
el procedimiento de ejecución coactiva, como por cuanto la ley dispone su
extinción por haber transcurrido más de 2 años, sin que la ejecutante haya
ejercido el derecho a exigir los reembolsos que corresponde a dichos años, de
lo que se infiere la ilegalidad del procedimiento coactivo y la ejecución de
medida cautelar, que nos legitima para pretender su revisión en esta vía.
1.2.7 Consecuentemente, el
procedimiento seguido por la demandada es ilegal por cuanto también se ha
violado el artículo 3-A de la ley 26979, que dispone: “El
Ejecutor coactivo exhortado es el único funcionario competente
facultado para realizar actuaciones propias del procedimiento de ejecución
coactiva, que consten de manera expresa en el exhorto bajo responsabilidad;
quedando sujeto a la aplicación de las disposiciones previstas en el artículo
22 de la presente Ley. Si el Ejecutor
exhortado advierte la existencia de irregularidades o contravenciones al
ordenamiento en materia de ejecución coactiva o a la Ley del Procedimiento
Administrativo General, o si éstas le fueran comunicadas por el Obligado o
tercero encargado de efectuar la retención, remitirá bajo responsabilidad el
escrito de exhorto al Ejecutor Coactivo exhortante, para que proceda a la
corrección de las observaciones formuladas. En este último supuesto,
quedará en suspenso el procedimiento de ejecución coactiva, en tanto se corrija
la irregularidad señalada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, numeral
16.5, de la presente Ley." Lo que ha sido vulnerado por la
ejecutora, con el fin de no correr el riesgo que el exhortado pueda cumplir la
ley y se frustre el acto abusivo promovido por la ejecutora y por tal razón
procedió a resolver personalmente, donde no tiene competencia, con el malicioso
propósito de ejecutar un acto irregular.
1.2.8 Acto irregular, que fluye
de la violación del artículo 9° de la ley 26979, que dispone: “9.1 Se considera
Obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo
emitido conforme a ley, debidamente notificado”, que deja en evidencia la
ilegalidad del procedimiento de ejecución coactiva, por lo que debió
aplicarse el numera 10.2 de la ley
26979, que dispone: “En ningún caso se efectuará cobro de costas y gastos
cuando la cobranza se hubiera iniciado indebidamente en contravención de esta
ley.”
1.2.9 Si la ejecutante suspendió
la ejecución por concepto de reembolso
del costo de las prestaciones otorgadas por el importe de S/. 10,658.00,
conforme a la Resolución de cobranza N°
871990012531 y procedió irregularmente a exigir coactivamente que paguemos S/.
13,381.00, sin que exista resolución administrativa que así lo disponga, se ha
violado el numeral 13.2 de la ley 26979, que dispone: “Las medidas cautelares
previas, a que se refiere el numeral anterior, deberán sustentarse mediante el
correspondiente acto administrativo y constar en resolución motivada que
determine con precisión la Obligación debidamente notificada.” Deja en evidencia
la ilegalidad del procedimiento, que nos legitima para pretender la revisión en
sede judicial, del procedimiento coactivo.
1.2.10 En efecto, la ejecutora ha
violado el numeral 15.1 de la ley 26979, que impone la obligación de hacer
constar, bajo sanciona de nulidad,
en la resolución de ejecución coactiva entre los requisitos determinados en la
ley: d) La identificación de la resolución o acto administrativo generador de
la Obligación, debidamente notificado, e) El
monto total de la deuda objeto de la cobranza, y f) La base legal en que se sustenta”, lo que al haber sido omitido
acredita la ilegalidad del procedimiento ejecutivo, que justifica nuestra causa
de pedir.
1.2.11 La ejecutora no ha tomado
en consideración que la deuda ha quedado extinguida por pérdida de ejecutoriedad
del acto administrativo, al haber transcurrido más de dos años desde que
existió la posibilidad de que el ejecutante exija el reembolso que correspondía
a los años 2014, 2015 y 2016, y no lo hizo, por lo que lejos de sancionar la
negligencia de la autoridad responsable, se pretende llevar adelante, en forma
abusiva, un acto administrativo imposible, lo que deja en evidencia la
ilegalidad de la ejecución, por lo que estamos legitimados para pretender su
revisión judicial en esta vía, del contencioso administrativo sumarísimo,
debido a la vulneración del artículo 16° de la ley 26979, que dispone: “16.1 Ninguna
autoridad administrativa o política
podrá suspender el Procedimiento, con
excepción del ejecutor que deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando: a) La
deuda haya quedado
extinguida”;
1.2.12
En consecuencia, invoco el artículo 10° de la Ley N° 26979, que dispone:
“10.2. En ningún caso se efectuará cobro de
costas y gastos cuando la cobranza se hubiera iniciado indebidamente en
contravención de esta ley.”, por lo que la cobranza en exceso del
supuesto monto del reembolso que pretende la ejecutante, justifica la presente
demanda de revisión judicial del procedimiento ejecutivo.
1.2.13 En tal contexto, invoco el
numeral 16.7 de la ley 26979, que dispone: “La suspensión del procedimiento de
ejecución coactiva de la Obligación principal conlleva la suspensión de
cualquier otro procedimiento respecto de todas las Obligaciones derivadas de
ésta.", y como probaré en la estación de medios probatorios, la demandada, mediante
Resolución N° 3, de fecha 22 de octubre de 2019, anexa, dispuso: “la suspensión del presente procedimiento
coactivo y devolver el original de la Resolución de Cobranza y anexos a la
instancia pre coactiva”, la ejecutora ha violado el numeral 16.7 de la ley
26979, con lo cual se acredita que el
procedimiento de ejecución es ilegal y nos legitima para pretender su revisión judicial.
1.2.14 Al efecto,
invoco el artículo 22° de la ley 26979, que dispone: “Sin perjuicio de la responsabilidad
penal y/o administrativa que corresponda, tanto el Ejecutor como el Auxiliar y
la Entidad, serán responsables solidarios civilmente por el perjuicio que se
cause, en los siguientes casos: a) Cuando se inicie un Procedimiento sin que
exista acto o resolución administrativa que determine la Obligación; b) Cuando
se inicie un Procedimiento sin que el acto o resolución administrativa que
determine la Obligación hubiese sido debidamente notificado”
2.- PROCESALMENTE invoco el
artículo 23° de la ley 26979, que dispone: “El procedimiento de ejecución
coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por
objeto exclusivamente la revisión judicial
de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y
trámite para efectos de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que se
detallan a continuación: 23.1 El obligado, así como el tercero sobre el cual hubiera recaído la
imputación de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 18 de la
presente Ley, están facultados para interponer demanda ante la Corte Superior,
con la finalidad de que se lleve a cabo la revisión de la legalidad del
procedimiento de ejecución coactiva, en cualquiera de los siguientes casos: a)
Cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva, se hubiera ordenado
mediante embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas
corrientes, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito de
los cuales el obligado o el responsable solidario sea titular y que se
encuentren en poder de terceros, así como cualquiera de las medidas cautelares
previstas en el artículo 33 de la presente Ley” Por lo que estamos
legitimados para
demandar en esta vía, la revisión
del procedimiento ilegal.
2.1 En
dicho contexto, invoco los incisos 1) y 4) del artículo 4° del D.S. 011-2019-
JUS.
2.2 Asimismo invoco el artículo 5°
del D.S. 011-2019-JUS, numerales:
1) La
declaración de nulidad total de actos administrativos, emitidos por la
ejecutora, que nos causa perjuicios, conforme a los fundamentos de la presente.
2) El
reconocimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado a la pérdida de
eficacia de las pretensiones por actos ocurridos en los años 2014, 2015 y 2016,
como hemos fundamentado precedentemente.
5) La indemnización por el daño
causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la Ley Nº
27444, al haberse triplicado abusivamente, el monto de S/. 13,831, ordenado en
la Resolución N° 3 de la ejecutora coactiva, como acredito con los medios
probatorios de la presente.
3.-MEDIOS PROBATORIOS QUE OFREZCO:
3.1 Fotocopia de
la Resolución de Ejecución Coactiva N° 3, de fecha 7 de diciembre de 2020, cuyo
original deberá exhibir la demandada, con objeto de probar que la competencia
se circunscribe a la provincia de ICA,
y que trabó embargo en forma de RETENCIÓN, hasta por la suma de S/. 13,381.00,
sobre los bienes, valores, acciones, rentas y fondos que tenga o pudiera tener
la ejecutada SERV ICIOS MÉDICOS INTEGRALES FAMISALUD S.A.C., por lo
que estamos ante la
causal prevista en el literal a) del numeral 23.1 del
artículo 23° del TUO de la ley N° 26979, aprobado por D.S. 018-2008-TR, que nos
legitima para pretender la revisión judicial del procedimiento de ejecución
coactiva.
3.2 El informe
que solicitará al Banco SCOTIABANK, con domicilio en Av. Dionisio Derteano 102,
San Isidro – Lima, para que informe sobre la retención efectuada por la
ejecutora coactiva ESSALUD ICA, en la cuenta corriente N° 000-6525687, con
objeto de probar que la demandada ha incurrido en la causal prevista en el
literal a) del numeral 23.1 del artículo 23° del D.S. 018-2008-TR, que nos
legitima para demandar. Anexo fotocopia del informe escueto: “AUTORIDAD JUDICIAL ORDENANTE ESSALUD, EXP. 10F20200306635 MONTO A RETENER
S/.13,381.00”,
para probar la preexistencia de la
retención arbitraria.
3.3 El informe
que solicitará al Banco BBVA Continental, con domicilio en Av. República de
Panamá N° 3055, San Isidro – Lima, para que informe sobre la retención
efectuada por la ejecutora coactiva ESSALUD ICA, en la cuenta corriente de
Servicios Médicos Integrales Famisalud S.A.C, con objeto de probar que la
demandada ha incurrido en la causal prevista en el literal a) del numeral 23.1
del artículo 23° del D.S. 018-2008-TR, que nos legitima para demandar. Anexo
fotocopia de la CONSULTA SISTEMA DE
EMBARGOS, de dicha entidad, que verifica
que el embargo fue ordenado por ESSALUD ICA, EXP. 10F2020030635 por
el monto de
S/.13,381.00”, para probar
la preexistencia de la retención arbitraria.
3.4 El informe
que solicitará al Banco BCP, con domicilio en calle Centenario 156, distrito La Molina – Lima,
para que informe sobre la retención efectuada por la ejecutora coactiva ESSALUD
ICA, en la cuenta corriente de SERVICIO MÉDICOS INTEGRALES FAMISALUD S.A.C.,
con objeto de probar que la demandada ha
incurrido en la causal prevista en el literal a) del
numeral 23.1 del artículo 23° del D.S. 018-2008-TR, que nos legitima para
demandar. Anexo fotocopia de la carta de dicha entidad de fecha 15 de diciembre
de 2020, que nos da cuenta que por orden de ESSALUD ICA, EXP. 10F20200306635 se
nos ha retenido S/.13,381.00”, que se encuentra a disposición de la
entidad ordenante, con objeto de probar la preexistencia de la retención
abusiva.
3.5 Fotocopia de
la Resolución N° 672-GRA-ICA-ESSALUD-2019, de fecha 14 de octubre de 2019,
emitida por la Gerencia de la Red Asistencia ESSALUD ICA, con objeto de probar
que los reembolsos por los períodos JULIO/2014, AGOSTO/2014,
SETIEMBRE/2014, NOVIEMBRE/2014, DICIEMBRE/2014, ENERO/2015, FEBRERO/2015,
MARZO/2015, FEBRERO/2016, ABRIL/2016, MAYO/2016, JUNIO/2016, AGOSTO/2016,
SETIEMBRE/2016, OCTUBRE/2016, NOVIEMBRE/2016, DICIEMBRE/2016, ENERO/2017,
FEBRERO/2017 y MARZO/2017; que pretende cobrar ESSALUD, han perdido
ejecutoriedad por imperio de la Ley, con lo que se acredita la ilegalidad del
procedimiento administrativo, cuya revisión se pretende en esta vía[2].
3.6 Fotocopia de la Resolución N° 3, de
fecha 22 de octubre de 2019 del expediente N° 10F20190905987, con objeto de
probar que la demandada, se afirma que de oficio se declaró la NULIDAD de la
Resolución Administrativa N° 87115000315 y que en el considerando SEGUNDO, se
RESUELVE en atención al artículo 16.2 de la Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva número 26979, al amparo del D.S. 018-2008-JUS, DISPONER
la suspensión del presente procedimiento coactivo”, Y en consecuencia no
se podía continuar con la ejecución, por los mismos hechos, sin abrir un nuevo
expediente administrativo en el que podamos ejercer el derecho a la defensa y
al debido procedimiento administrativo, para hacer constar que los reembolsos
de los años 2014 al 2016 se habían extinguido y conseguir un acuerdo para el
pago de las acreencias no prescritas.
VIA
PROCEDIMENTAL Proceso contencioso administrativo previsto en el
numeral 23.2 de la Ley 26979 (El proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso
contencioso administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en el
artículo
24 de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo.)
MONTO DEL PETITORIO S/. 40,143.00
POR LO EXPUESTO:
A la Sala Superior en lo contencioso Administrativo pedimos
admitir la demanda.
ANEXOS:
1.A Comprobante de pago arancel por
ofrecimiento de pruebas
1.B Arancel por cédulas de
notificación.
1.C Fotocopia de la Resolución de
Ejecución Coactiva N° 3, de fecha 7 de diciembre de 2020.
1.D Fotocopia del informe escueto
Scotiabank: “AUTORIDAD JUDICIAL ORDENANTE ESSALUD, EXP. 10F20200306635
MONTO A RETENER S/.13,381.00”,.
1.E Fotocopia de la CONSULTA
SISTEMA DE EMBARGOS, de BBVA.
1.F Fotocopia de la carta de BCP de
fecha 15 de diciembre de 2020.
1.G Fotocopia de la Resolución N°
672-GRA-ICA-ESSALUD-2019, de fecha 14 de octubre de 2019, emitida por la
Gerencia de la Red Asistencia ESSALUD ICA.
1.H Fotocopia de la Resolución N° 3, de
fecha 22 de octubre de 2019 del expediente N° 10F20190905987.
1.I Vigencia de poder.
1.J Fotocopia de mi D.N.I.
Lima,
18 de diciembre de 2020
[1]
Artículo 151.- Cuando una actuación
judicial debe practicarse fuera de la competencia territorial del Juez del
proceso, éste encargará su cumplimiento al que corresponda, mediante exhorto
[2] Ver Artículo 66°, 142° y
204° del D.S. 04-2019-JUS
