EL BLOG DEL DR. PEDRO JULIO ROCA LEÓN: julio 2018

martes, 10 de julio de 2018

MODELO APELACIÓN MEJOR DERECHO A LA POSESIÓN CONTRA JUEZ CORRUPTO CAYO FALCONÍ

EXPEDIENTE Nº 00430-2016-0-1411-JR-CI-01

ESPECIALISTA: PATRICIA PEÑA FLORES.

ESCRITO N° 7

SUMILLA: APELACION DE SENTENCIA.

AL JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO SEDE VILLA

PEDRO JULIO ROCCA LEÓN, abogado de BENIGNO EDISON RAMOS JACINTO, en la demanda contra RENEE GARCIA VILLANUEVA, para que se declare el MEJOR DERECHO A LA POSESIÓN, de lote de terreno, dice:

Que, habiendo sido notificado el 05 de los corrientes, con la Resolución Nº 25, del 26 de junio de 2018, que declaró infundada la demanda sobre MEJOR DERECHO A LA POSESIÓN, incurriendo en una grave vulneración a los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, por adolecer la sentencia de motivación adecuada al caso concreto, que se verifica por una deficiente valoración probatoria, y errores in cogitando que deja en evidencia la colusión del juez Miguel Cayo Falconí (identifico su nombre claramente, para no herir susceptibilidades, cuando hablo de colusión) con la demandada, violando las garantías procesales reconocidas expresamente por el artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, pese a que constituye obligación de los jueces motivar las resoluciones en base a una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios y de un razonamiento lógico y jurídico sobre la base de los hechos determinados en sede de instancia y en la aplicación del derecho objetivo, lo que, reitero, no ha sido resguardado por el juez Miguel Cayo Falconí, al amparo de lo dispuesto en el artículo 364º del C.P.C. presento recurso de apelación contra la sentencia, con la esperanza que el superior examine los errores de hecho y de derecho que me causan agravio, a fin que ésta sea anulada, por los vicios que se desprende de un análisis imparcial, como paso a fundamentar:

1.- AGRAVIOS QUE PRODUCE LA SENTENCIA IMPUGNADA.

1.1 Debido a que el juez carece de “capacidad para interpretar y razonar jurídicamente[1] a partir de casos concretos” y no puede responderán de manera idónea a las demandas de justicia, dejando en evidencia que el juez Miguel Cayo Falconí, se ha coludido con la demandada, para emitir una sentencia arbitraria, no me queda duda de que el juez Cayo Falconí, ha violado la tutela procesal efectiva, el debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales, la proscripción del abuso del derecho y el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, que garantizan los artículos 103º in fine, y 139º incisos 3, 5 y 14 de nuestra Constitución, violados dolosamente, para favorecer a la demandada, pese a que fue declarada rebelde y que no ha demostrado tener mejor derecho de posesión sobre el inmueble que poseo con justo título y buena fe, lo cual no ha sido contradicho jurídica mente por el juez Miguel Cayo Falconí y por el contrario, éste juez, ha sustentado su sentencia en hechos falsos, negándose a valorar los medios probatorios en forma conjunta, cerrando su mente a someter a un análisis crítico, los medios probatorios que de oficio, él y solo él, incorporó al proceso, para justificar su falta de idoneidad para administrar justicia en forma imparcial.

1.2 Se ha interpretado erróneamente los artículos 188º, 190º, 194º, 197º, 198º, 199º, 414º, 461º y 464º del C.P.C., para causarme daño, resaltando el error al interpretar erróneamente el artículo 197º del CPC., siendo evidente que en lugar de condenar a la rebelde al pago de las costas y costos causados por su rebeldía, se invirtió la ley en mi perjuicio, para condenarme al pago de costas y costos del proceso, a conciencia que la rebeldía de la demandada y por el juzgamiento anticipado del proceso, con prescindencia de la audiencia de pruebas, no existen gastos realizados por la demandada para su defensa, lo que deja en evidencia la colusión del juez con la otra parte.

1.3 Se ha inaplicado el artículo 473º del CPC, toda vez que al declararse saneado el proceso, y que la declaración de rebeldía acarrea la presunción legal relativa de verdad, no se tuvo en cuenta dicha presunción legal y se actuó en forma exclusiva y excluyente, el único medio probatorio incorporado por el juez al proceso, en evidente vulneración de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva por cuanto el juez Miguel Cayo Falconí, sin mayor análisis probatorio se ha limitado al contenido del medio probatorio de oficio, con el temerario fin de favorecer a la demandada, esto es, una resolución emitida en un proceso penal –igualmente amañado- en la cual el agraviado no fue parte, con prescindencia abusiva de todos los medios probatorios y argumentos que contiene mi demanda, que deja en evidencia la colusión del juez Miguel Cayo Falconí, con lo cual se verifica que la sentencia adolece de criterio para distinguir entre la verdad y la mentira, entre la presunción legal y la inferencia incorrecta; (falta de motivación) objetividad para evitar distinguir donde la ley no distingue; razonabilidad, para buscar la verdad sujetándose a las leyes de la lógica jurídica como un mecanismo de control jurídico o interdicción de la arbitrariedad y no dejarse arrastrar por el abuso de las facultades discrecionales, por lo que adolece de falta de racionalidad y resulta arbitraria; verificándose su falta de imparcialidad, inclinando la decisión a favor de la otra parte y revelando falta de congruencia para resolver en mérito a lo pedido por las partes, a lo actuado en el proceso y a las normas jurídicas aplicables, cometiendo infracción contra los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 7º y 9º del Código de Ética del Poder Judicial, que me legitima para impugnar la colusión del juez con la demandada, en defensa de mis derechos constitucionales.

2.- ERRORES DE HECHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA

2.1 El juez reveló no tener el perfil de juez, (1) falta de Formación jurídica sólida; (2). Capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos; (3). aptitud para identificar los conflictos sociales bajo juzgamiento; (4) conocimiento de la organización y manejo del despacho judicial; (5) independencia y autonomía en el ejercicio de la función y defensa del Estado de Derecho; (6) conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde desempeña su función; (7). propensión al perfeccionamiento del sistema de justicia; y (8) trayectoria personal éticamente irreprochable, que determina el artículo 2° de la Ley N° 29277, para coludirse con la demandada y violar, inicuamente, la tutela procesal efectiva, el debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales, la proscripción del abuso del derecho y el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, que garantiza nuestra Constitución, que han sido violados por el juez Miguel Cayo Falconí, para favorecer a la demandada, a pesar que fue declarada rebelde, y que paso a demostrar..

2.1.1 El juez Miguel Cayo Falconí, afirma en el Considerando “SEGUNDO.- PRETENSIÓN DE LA DEMANDA A fojas treinta y tres y siguientes, don BENIGNO EDISON RAMOS JACINTO interpone demanda en contra doña RENEE GARCIA VILLANUEVA sobre mejor derecho de posesión, con la finalidad de que por sentencia se declare el mejor derecho a la posesión sobre el lote de terreno para vivienda, ubicado en calle CATORCE DE SETIEMBRE, Mz. 02, lote 05, de un área de 150.00 m2, con un perímetro de 62.00 m.l., de la Asociación de Vivienda Carlos Palomino Sotelo”, quedando así, delimitado el petitorio de la demanda. Si una persona con capacidad para razonar jurídicamente a partir de casos concretos tiene como pretensión a resolver, “el mejor derecho a la posesión sobre el lote de terreno para vivienda, ubicado en calle CATORCE DE SETIEMBRE, Mz. 02, lote 05, de la Asociación de Vivienda Carlos Palomino Sotelo, Grupo 5, del Distrito de San Clemente, Pisco, de un área de 150.00 m2, con un perímetro de 62.00 m.l., de la Asociación de Vivienda Carlos Palomino Sotelo”, y sólo una persona que destruye la verdad, puede adulterar el hecho concreto y declarar que el tema en discusión es otro lote, de un área de 6.3300 hás antes DADELSO, lote de área mayor a la precisada en el petitorio. Consecuentemente, ese cambio en la incertidumbre jurídica a resolver, es un acto de corrupción, a la luz del artículo VII del Título Preliminar del C.P.C. “no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.”

El error del juez fluye de la circunstancia de haber delimitado el marco teórico sobre el cual el juez debe resolver, conforme a lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 50º del C.P.C., pero, en la práctica, ha resuelto sobre mejor derecho de propiedad, sobre un predio que no corresponde ni con las dimensiones, ni con la ubicación del predio demandado, de lo que fluye indudablemente la violación de la TUTELA PROCESAL EFECTIVA, en mi agravio, al negarse a oírme, a la actuación de mis pruebas, y a administrar justicia, mediante una sentencia fundada en derecho y, por el contrario, ha emitido una sentencia contraria a la tutela procesal, sustentándola en inferencias incorrectas[2], que Mixán Mass lo califica como “ignoratio elenchi o mutatio elenchi”, porque se ha suplantado totalmente la pretensión demandada, (violando el numeral 6 del artículo 50 del CPC) lo que significa que no se me ha oído, cumpliéndose en este caso en forma expresa, la condena de Jesucristo: “tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan” (Marcos 8:17) lo que es una escandalosa forma de injusticia, que vicia el proceso de nulidad.

2.1.2 Y como el juez se ha negado a oírme, cerrando su mente a lo que el mismo fijó como tercer punto controvertido: “Determinar si la demandada doña RENEE GARCIA VILLANUEVA ha ejercido posesión respecto del inmueble antes mencionado y desde cuando” hábilmente disimuló la obligación de pronunciarse sobre este punto y ladinamente, junta el tercer y cuarto punto controvertido, en el sexto considerando “juicio de fundabilidad” de la sentencia considerando: “En cuanto al tercer y cuarto punto controvertido, esto es “Determinar si la demandada doña RENEE GARCIA VILLANUEVA ha ejercido posesión respecto del inmueble antes mencionado y desde cuando”; y “Determinar si la demandado doña RENEE GARCÍA VILLANUEVA, cuenta con título de propiedad o título posesorio respecto del inmueble antes descrito”; lejos de pronunciarse si en efecto, la “demandada doña RENEE GARCIA VILLANUEVA ha ejercido posesión respecto del inmueble antes mencionado y desde cuando” empieza su galimatías jurídico, con el fin de enredar el proceso y justificar su COLUSIÓN, con la demandada, diluyendo sus argumentos de la siguiente manera, hábilmente disimulada, como seguidamente reproduzco: “En principio, debemos señalar que la demandada en mención tiene la condición de rebelde al proceso, según aparece en la RESOLUCIÓN Nº CUATRO, de fojas sesenta y uno. Sin embargo, en el proceso penal Expediente Nº 2013-250-22, seguido por ante el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio y Penal Liquidador de Pisco, se estableció que el día doce de septiembre de dos mil doce la agraviada Renee García Villanueva fue despojada de su predio fundo denominado Dadelso, por parte de la acusada Juana Yolanda Gutiérrez, - Presidente de la Asociación Carlos Palomino – junto con otras diez personas de mal vivir, según es de verse en la sentencia penal que en fotocopia certificada obra a fojas ciento cuarenta y seis y siguientes. También, tenemos que en el proceso de reivindicación, expediente Nº 2012-129, seguido por ante el Juzgado Civil de Pisco, por don Francisco Eduardo Camino Boggie, en contra de doña Juana Yolanda Gómez Vilcapoma; y otros, el Juez de la causa efectivamente declaró la conclusión del proceso, por ausencia de una relación jurídica procesal válida, por cuanto a la fecha de la interposición de la demanda el demandante ya no era propietario del Fundo Dadelso, de una extensión superficial de 619.9.940 hás. Inscrito en los Registros Públicos con ficha registral Nº 009201 -010205; en efecto, el predio materia de autos, fue adquirido por escritura pública de compra venta, del diecisiete de enero de dos mil doce, extendida ante Notario Público de la Provincia de Chincha, Dr. Américo Maldonado, y que otorga de una parte don Francisco Eduardo Camino Boggio, en condición de vendedor a favor de don Buri Marian Dávila Arteaga y esposa Renee García Villanueva, como compradores. Según aparece en la copia de fojas ciento noventa y uno y siguientes. La cual da cuenta de la venta del predio rústico denominado Fundo San Cornelio – Agua Santa – El Porvenir (Antes Sector Dadelso), comprensión del distrito de San Clemente, Provincia de Pisco y Departamento de Ica, de una extensión superficial de 6.3300 hás., seis hectáreas tres mil trescientos metros cuadrados. DOCUMENTOS QUE HAN SIDO INCORPORADOS AL PROCESO COMO MEDIOS DE PRUEBA DE OFICIO, POR RESOLUCIÓN Nº VEINTIDÓS DE FOJAS TRESCIENTOS SIETE. En consecuencia, en éste extremo podemos concluir que la demandada doña RENEE GARCIA VILLANUEVA, cuenta con título de propiedad o título posesorio respecto del inmueble materia de Litis, desde el diecisiete de enero de dos mil doce; y que ha ejercido posesión hasta el día doce de septiembre de dos mil doce oportunidad en que fue despojada de su predio fundo denominado Dadelso, por parte de doña Juana Yolanda Gutiérrez, - Presidente de la Asociación Carlos Palomino – junto con otras diez personas de mal vivir.”

2.1.3 Si el juez ha afirmado que: “en el proceso penal Expediente Nº 2013-250-22, seguido por ante el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio y Penal Liquidador de Pisco, se estableció que el día doce de septiembre de dos mil doce la agraviada Renee García Villanueva fue despojada de su predio fundo denominado Dadelso” Tenemos como premisa de apertura que al producirse el DESPOJO EL DÍA 12 DE SETIEMBRE DE 2012, LA DEMANDADA RENEE GARCÍA VILLANUEVA NO EJERCE POSESIÓN, CONFORME A LO DETERMINADO EN EL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO, lo que ha sido omitido por el juez, para justificar su sentencia aberrante, de lo que fluye la COLUSIÓN DEL JUEZ CON LA PARTE. Entonces tenemos que el juez Miguel Cayo Falconí, no ha demostrado que existe posesión de mi lote, por parte de la demandada.

2.1.4 Si el juez afirma: “Renee García Villanueva fue despojada de su predio fundo denominado Dadelso, por parte de la acusada Juana Yolanda Gutiérrez -Presidente de la Asociación Carlos Palomino – junto con otras diez personas de mal vivir, según es de verse en la sentencia penal que en fotocopia certificada obra a fojas ciento cuarenta y seis y siguientes” Y tenemos que el juez ha hecho valer en mi perjuicio una sentencia y un proceso (proceso penal Expediente Nº 2013-250-22, ) en el cual NO SOY PARTE,- violando el artículo 198° del CPC) y por otro lado, la sentencia penal NO ACREDITA POSESIÓN de “el lote de terreno para vivienda, ubicado en calle CATORCE DE SETIEMBRE, Mz. 02, lote 05, de un área de 150.00 m2, con un perímetro de 62.00 m.l., de la Asociación de Vivienda Carlos Palomino Sotelo” en los años anteriores a la demanda, ENTONCES, es evidente que el juez está coludido con la otra parte para hacer creer que ésta ejerce posesión de mi lote, de 150 m², utilizando medios probatorios y hechos falsos, que no acreditan que mi lote sea el mismo o esté dentro del área que el juez ha regalado teóricamente a la demandada, pues ha ofrecido un medio probatorio de oficio, para favorecer a la demandada, violando el artículo 198° del C.P.C., pero no se le ha ocurrido hacer una pericia para deslindar la verdad, lo que deja en evidencia que el juez Miguel Falconí Cayo, calló la verdad, para favorecer a la demandada emitiendo la sentencia aberrante, que viola la tutela procesal efectiva, el debido proceso y el derecho a la motivación adecuada de la Ley, por lo que estoy legitimado para pedir la nulidad del acto abusivo en mi contra.

2.1.5 Si el juez afirma: “…La cual da cuenta de la venta del predio rústico denominado Fundo San Cornelio – Agua Santa – El Porvenir (Antes Sector Dadelso), comprensión del distrito de San Clemente, Provincia de Pisco y Departamento de Ica, de una extensión superficial de 6.3300 hás., seis hectáreas tres mil trescientos metros cuadrados. DOCUMENTOS QUE HAN SIDO INCORPORADOS AL PROCESO COMO MEDIOS DE PRUEBA DE OFICIO, POR RESOLUCIÓN Nº VEINTIDÓS DE FOJAS TRESCIENTOS SIETE.” Y no ha demostrado que tal afirmación esté corroborada con medio probatorio idóneo que acredite la posesión, conforme al tercer punto controvertido, fijado por él mismo, ENTONCES, tenemos que la afirmación “En consecuencia, en éste extremo podemos concluir que la demandada doña RENEE GARCIA VILLANUEVA, CUENTA CON TÍTULO DE PROPIEDAD O TÍTULO POSESORIO RESPECTO DEL INMUEBLE MATERIA DE LITIS, (destacado es mío) desde el diecisiete de enero de dos mil doce; y que ha ejercido posesión hasta el día doce de septiembre de dos mil doce oportunidad en que fue despojada de su predio fundo denominado Dadelso, por parte de doña Juana Yolanda Gutiérrez, - Presidente”. ES FALSA. Porque tal afirmación no fluye de las premisas, sino del libre arbitrio del juez Miguel Cayo Falconí, como paso a demostrar:

a) la venta del predio rústico denominado Fundo San Cornelio – Agua Santa – El Porvenir (Antes Sector Dadelso), comprensión del distrito de San Clemente, Provincia de Pisco y Departamento de Ica, de una extensión superficial de 6.3300 hás., No está dentro de los alcances del artículo 2012, por cuanto es un contrato privado (posiblemente fraudulento) NO INSCRITO.

b) No existe medio probatorio que demuestre que el predio de 6.3300 hás, antes denominado DADELSO, sea el mismo que corresponde al inmueble sub materia, de una extensión de 150.00 metros cuadrados.

c) No estamos discutiendo TÍTULO DE PROPIEDAD, sino el mejor derecho a la posesión.

d) Si el juez afirma: “ha ejercido posesión hasta el día doce de septiembre de dos mil doce oportunidad en que fue despojada de su predio fundo denominado Dadelso” Tal afirmación demuestra que en la fecha de interposición de la demanda, la demandada no ejercía ningún tipo de posesión, por lo que la sentencia es dolosa, por colusión del juez con la demandada, a la que adjudica posesión sin pruebas.

e) Si el juez afirma que en setiembre del año 2012, la demandada “fue despojada de su predio fundo denominado Dadelso, por parte de doña Juana Yolanda Gutiérrez”, no me cabe duda que se ha coludido con la demandada, para hacerme creer que en el momento que interpuse la presente demanda, año 2016, (cuatro años después) ésta tenía posesión, y además, faltar a la verdad, por cuanto DE NINGUNA MANERA, SE ME PUEDE AFECTAR POR LOS ACTOS DELICTIVOS PROPIOS DE JUANA YOLANDA GUTIÉRREZ, a quien no conozco ni con la cual mantenga algún vínculo, por lo que de conformidad con el artículo 198° del C.P.C. los hechos citados por el juez no son oponibles a mi persona, ni existe razón para que tales hechos falsos, justifiquen la sentencia que declara infundada mi demanda, por mejor derecho a la posesión.

2.2 Sin someter los autos a un estudio crítico, analizando los hechos con criterio de conciencia, el juez Miguel Cayo Falconí, afirma: “También, efectuado un examen más profundo respecto al origen del mismo se tiene que, en un primer momento la demandada habría detentado la posesión, del predio materia de Litis conforme ha quedado establecido en el proceso penal antes citado; posesión de la cual fue despojada por medio de la violencia, por lo que el juzgado llega a la conclusión de que el demandante no ha probado tener un mejor derecho a la posesión que la demanda; motivo por el cual resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 200º del Código Procesal civil.” El juez tuerce el derecho inventando pruebas que no existen en este proceso, y emite una conclusión falsa, que Mixán Mass[3] denomina “Argumento por la ignorancia” El argumentum ad ignoratiam se comete cuando simplistamente se sostiene que una determinada proposición es verdadera porque no se ha demostrado su falsedad; a la inversa, que una proposición dada es falsa porque no se ha demostrado su veracidad. Es decir, se sostiene, "sin más ni menos", que una proposición es falsa porque se ignora que es verdadera o bien que es verdadera porque se ignora que es falsa. Y que se puede demostrar por las siguientes afirmaciones del juez Miguel Cayo Falconí:

2.2.1 El juez afirma: “También, efectuado un examen más profundo respecto al origen del mismo se tiene que, en un primer momento la demandada habría detentado la posesión, del predio materia de Litis conforme ha quedado establecido en el proceso penal antes citado” ES FALSO, por cuanto no se ha efectuado ningún examen más profundo. No existe evidencia que la demandada HABRÍA, (condicional) ostentado posesión y en el proceso penal no existe ninguna prueba que la demandada haya poseído mi lote, materia del presente proceso.

2.2.2 El juez afirma: “por lo que el juzgado llega a la conclusión de que el demandante no ha probado tener un mejor derecho a la posesión que la demanda”

ES UNA CONCLUSIÓN FALSA, porque no surge de los considerandos de la sentencia, sino de un claro arbitrio del juez, que se coludió con la demandada para interpretar a su capricho, los medios probatorios que admitió para su actuación, como paso a enumerar:

a) En relación con el primer punto controvertido, el juez aduce: “respecto de la fecha inicial de la posesión, el propio demandante, en la foja cuatro de su escrito de demanda, señala que posee con justo título y buena fe, desde hace más de veinte años, (adicionando a su posesión, el tiempo de la posesión de la Municipalidad que le otorgó el título posesorio); sin embargo, en autos no obra prueba alguna respecto de la posesión que dice ejerció su transferente la Municipalidad, en consecuencia la data inicial de la posesión del actor es a partir de la constancia de la posesión que expidió la Municipalidad Distrital de San Clemente, el 26 de diciembre de 2014, y que en copia obra a fojas cuatro”. Se aprecia la colusión del juez, porque da por seguro, sin prueba alguna, que la demandada ejerció posesión, pese a que las pruebas lo desmienten y en cambio, en relación a mi posesión, mediante un hecho probado, con documento otorgado por autoridad competente, el juez aduce que “sin embargo, en autos no obra prueba alguna respecto de la posesión que dice ejerció

b) El juez afirma: “A mayor abundamiento, a fojas trescientos veinte, obra la Resolución de Alcaldía Nº 1503-2014-MDSC/ALC, del 30 de diciembre de 2014, que resuelve APROBAR el expediente técnico titulado “LA LOTIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO Nº 05, DISTRITO DE SAN CLEMENTE – PISCO – ICA” Nótese que en la Resolución de alcaldía sólo se aprueba la lotización en su aspecto técnico, sin dar cuenta de quién es el propietario del inmueble, ni la antigüedad de la posesión de la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO Nº 05, DISTRITO DE SAN CLEMENTE – PISCO – ICA.” Destaco en negrita la forma cómo el juez tuerce el derecho, para cuestionar un documento público, no tachado ni cuestionado, para justificar su colusión con la otra parte, a quien le dio toda credibilidad a conciencia que falseaba la verdad.

c) El juez afirma: “Respecto del segundo punto controvertido, que consiste en “Determinar si la demandante al encontrarse en posesión del inmueble lo destina a vivienda y atiende el pago de los servicios básicos, así como el pago de tributos o impuestos que gravan dicho bien”; tenemos que a fojas veinticuatro ha adjuntado un recibo expedido por la Municipalidad Distrital de San Clemente, por un valor de ochenta soles, y que corresponde al pago del servicio de agua del mes de Mayo del 2016. Respecto del pago del impuesto predial, a fojas veintiséis y veintisiete obra formatos de declaración jurada del impuesto predial, correspondiente al año 2004, los cuales por la fecha no guardan coincidencia con los otros documentos presentados por el demandante, como por ejemplo con el recibo expedido por la Municipalidad Distrital de San Clemente, el quince de Julio de 2015, por concepto de Inscripción de Predio; y que obra a fojas veinticinco; y con lo señalado en la demanda, en el sentido que recibió la posesión de la Municipalidad Distrital de San Clemente, lo que se habría producido recién en diciembre de 2014”. Pero, al haber omitido el juez, que por propia conclusión, arribó a la certeza de que en setiembre del año 2012, terminó la supuesta posesión de la demadnada, destaca como muy notoria la colusión del juez con la demandada, cuestionando los medios probatorios, sin que exista cuestiones probatorias, de lo que fluye el capricho del juez, por encima de la Constitución y de la Ley, constituyéndose el rey del juzgado transitorio, impartiendo justicia según su real capricho o autoridad, con lo que ha violado el artículo 188° del C.P.C. en mi agravio.

2.3 No habiendo existido una motivación coherente con los puntos controvertidos, la sentencia adolece de nulidad.

3.- ERRORES DE DERECHO:

3.1 Se ha violado el artículo 139º numeral 3 de nuestra Constitución, concordante con el artículo I del Título Preliminar del CPC, que establece mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de mis derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, que se comprueba con la colusión del juez con la otra parte, expuestos en el numeral anterior.

3.2 Se ha inaplicado el artículo III del Titulo Preliminar del CPC, siendo el caso que ha omitido la norma, para proceder al revés, confiando en su impunidad ante el abuso del derecho, que proscribe el artículo 103º in fine de nuestra Constitución.

3.3 Se ha inaplicado el artículo IV del Título Preliminar del CPC, y el juez ha violado la letra y espíritu de la norma citada, para favorecer a la demandada.

3.4 Se ha inaplicado el artículo VI del Título Preliminar del CPC, que violó el juez, para coludirse con la demandada.

3.5 Se ha inaplicado el artículo VII del Título Preliminar del CPC, que dispone como obligación del juez: “Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. Lo que deja en evidencia su colusión con la demandada.

3.6 Se ha inaplicado el artículo 3º del C.P.C. para coludirse con la otra parte.

3.7 Se ha inaplicado el artículo 48º del C.P.C. que el juez violó para incumplir sus deberes, coludiéndose con la demandada.

3.8 Se ha omitido el artículo 50º del C.P.C. que dispone; “Son deberes de los Jueces en el proceso: 1. Dirigir el proceso, no manipularlo; 2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, no inclinarse a favor del que ha sido declarado rebelde, 4. Decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, y no agravar la incertidumbre enredando aún más el conflicto de intereses, resolviendo a favor de quien ha declarado rebelde; 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia y no proceder, como ha pasado en este caso concreto, donde se ha violado la jerarquía de las normas y el principio de congruencia, favoreciendo a quien ha declarado rebelde, eludiendo la administración de justicia, violando los artículos 460º 461º y 473º inciso 2 del C.P.C., sin respetar el numeral 6 del artículo 50 del C.P.C. que evidencia que el juez fue el primero en violar las leyes, para perjudicarme.

3.9 Se ha inaplicado el artículo 51º del C.P.C. que dispone: “Los Jueces están facultados para: 2. Ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes” y no están facultados para violar los artículos 460º 461º y 473º inciso 2 del C.P.C., limitándose a actuar en forma exclusiva y excluyente un medio probatorio de dudosa procedencia, emitido en un proceso penal, en que no he sido parte y que no ha sido actuado en contra ni con conocimiento de la demandante, que ha servido para declarar infundada la demanda y condenar a la demandante al pago de costas y costas del proceso, con plena conciencia que la demandada es quien ha sido declarada rebelde, lo que demuestra la colusión del juez con la otra parte.

3.10 Se ha interpretado en forma errónea el artículo 188º del C.P.C. que el juez violó para omitir los medios probatorios de mi parte, so pretexto de juzgamiento anticipado por rebeldía de la demandada, y luego de haber prescindido de la audiencia atinente, se valoró únicamente el medio probatorio que el juez incorporó de oficio, para coadyuvar en la defensa de la demandada, pese a tener conciencia que dicho medio probatorio, no fue actuado con conocimiento ni en contra de la demandante, para favorecer a la rebelde, lo que demuestra su colusión.

3.11 Se ha violado el artículo 190º del C.P.C. que dispone: “Son también improcedentes los medios de prueba que tiendan a establecer: 1. Hechos no controvertidos” Sin embargo y pese a haber declarado la rebeldía de la demandada, el juez no declaró la improcedencia de medios probatorios que no tengan la finalidad de sustentar la pretensión de la demandada, por su condición de rebelde, sino que extrajo del expediente penal Nº 00250-2013-22-1411-JR-PE-01, que ofrecí como medio probatorio con objeto de probar que la demandada logró sentencia a su favor, utilizando medios fraudulentos para despojar a los poseedores de “LA LOTIZACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO Nº 05” sin que se nos haya considerado parte, lo que debió ser resuelto conforme a la presunción de la verdad que dispone los artículos 460º, 461º y 473º del C.P.C., el juez retorció el derecho y se actuó el medio probatorio contrariando su objeto y las normas legales citadas, lo que influyó en la sentencia. Con lo que se demuestra que la colusión del juez con la parte, ha determinado una sentencia injusta.

3.12 Se ha violado el artículo 194º del C.P.C. que dispone “Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba”. Sin embargo, el juez ha reemplazado a la rebelde y no me aseguró el derecho de contradecir la prueba actuada y que influyó en la sentencia.

3.13 Se ha violado el artículo 197º del C.P.C. que dispone “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada”. Sin embargo, en la resolución el juez sólo expresó su capricho sustentado en una prueba de dudosa procedencia, que no fue actuada en mi contra ni con mi conocimiento, para favorecer a la rebelde, pero que ha sido determinante para sustentar su decisión. Lo que demuestra la colusión del juez con la parte.

3.14 Se ha violado el artículo 198º del C.P.C. que dispone “Las pruebas obtenidas válidamente en un proceso tienen eficacia en otro. Para ello, deberán constar en copia certificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo y haber sido actuadas con conocimiento de la parte contra quien se invocan.” Sin embargo el juez ha dado eficacia probatoria a la sentencia del proceso penal Nº 00250-2013-22-1411-JR-PE-01, que ofrecí con objeto de probar que la demandada logró sentencia a su favor, utilizando medios fraudulentos para despojar a los poseedores de “LA LOTIZACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO Nº 05” Y el juez, coludido con la demandada, teniendo plena conciencia que no se actuó el medio probatorio con mi conocimiento y en mi contra, sino que se utilizó en un proceso donde no fui parte y que no tiene vinculación ni con mi persona, ni con el lote donde tengo edificada mi vivienda, fue valorado por encima de los medios probatorios ofrecidos por mi parte, los mismos que fueron cuestionados por el juez Miguel Cayo Falconí, lo que deja en evidencia la violación de la tutela procesal efectiva, el debido proceso etc.

3.15 Se ha violado el artículo 199º del C.P.C. que sanciona: “Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por simulación, dolo, intimidación, violencia o soborno” y pese a que en el expediente penal Nº 00250-2013-22-1411-JR-PE-01, no existe medio probatorio que acredite la posesión de mi lote por la parte demandada, el juez utilizó el medio fraudulento al cual le ha dado eficacia jurídica y utilizado en este proceso, para fundamentar su sentencia favorable a la rebelde, lo que demuestra su colusión con dicha parte.

3.16 Se ha violado el artículo 461º del C.P.C. que sanciona: “La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda” lo que el aquo lo ha entendido al revés esto es, “la declaración de rebeldía, causa presunción legal relativa sobre la falsedad de los hechos expuestos en la demanda y se debe buscar un motivo cualquiera, para resolver a favor de la demandada, mediante el argumento “petición de principio”, como ha sucedido en la sentencia impugnada, lo que demuestra la colusión del juez con la otra parte.

3.17 Se ha interpretado en forma errónea el artículo 464º del C.P.C. que sanciona: “Son de cargo del rebelde las costas y costos causados por su rebeldía”. Norma que el juez ha interpretado al revés, condenando a la demandante al pago de costas y costos del proceso a conciencia que la demandada ha sido declarada REBELDE, y por ende, no ha gastado ni un céntimo de su peculio para costear su defensa.

3.18 Se ha inaplicado el artículo 473º del C.P.C. que dispone: “El Juez comunicará a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite que el informe oral: 1. Cuando advierte que la cuestión debatida es sólo de derecho o, siendo también de hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva; o, 2. Queda consentida o ejecutoriada la resolución que declara saneado el proceso, en los casos en que la declaración de rebeldía produce presunción legal relativa de verdad.", Como el juez no ha especificado en cuál de las dos causales ha formado criterio para sentenciar, lo que ha hecho por su solo capricho de favorecer a la demandada, coludiéndose con ésta, utilizando una sentencia penal igualmente fraudulenta que no fue actuada con mi conocimiento y en un proceso en donde hayamos sido partes, lo que vició de nulidad insalvable la sentencia impugnada, por lo que no cabe duda que el juez ha violado la tutela procesal efectiva, el debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales, la proscripción del abuso del derecho y el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, que garantiza los artículos 103º in fine y 139º incisos 3, 5 y 14 de nuestra Constitución.

3.19 Se ha inaplicado el artículo 912º del C.C. que dispone: “El poseedor es reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario.” Lo que no fue contradicho por la otra parte y queda corroborado con el certificado de posesión que me ha otorgado autoridad competente en el ejercicio de sus funciones administrativas, respecto al terreno de su propiedad, inscrito en la PARTIDA Nº 11001024 - FICHA REGISTRAL Nº 00642-010207 del Registro de la Propiedad Inmueble de Pisco.

3.20 Se ha violado el artículo 103º de nuestra Constitución que garantiza: “La Constitución no ampara el abuso del derecho” y en este caso se ha merituado en forma exclusiva y excluyente, como único medio probatorio el contrato de compra venta dudoso, omitiendo la diligencia de actuación de pruebas para impedir que pueda cuestionarlo y demostrar su nulidad, so pretexto de “Juzgamiento Anticipado del Proceso, prescindiéndose de realizar la audiencia de prueba

En tal contexto, se ha violado el “principio de motivación de las resoluciones judiciales” que se cumple cuando existe fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada; bajo este contexto, la resolución judicial no sólo debe estar motivada, sino también, la argumentación que ella contiene debe ser coherente, precisa y debe sustentarse en los medios de prueba correspondientes. En este caso concreto, el juez ha violado su obligación de motivar su resolución, violando lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 50º del C.P.C., porque no ha respetado los principios de jerarquía de las normas ni el de congruencia, que se evidencia por el hecho simple y sencillo, yo pido mejor derecho a la posesión y el juez resuelve tomando como fundamento el mejor derecho a la propiedad.

POR LO EXPUESTO:

Al juzgado pido concederme el recurso de apelación.

ANEXOS:

7.A Comprobante de pago arancel por apelación de sentencia.

7.B Constancia de pago de tasas por 3 Cedulas de notificación.

Pisco, 09 de Julio de 2018.

[1] Artículo 2° numeral 2, ley 29277

[2] FLORENCIO MIXÁN MASS LÓGICA PARA OPERADORES DEL DERECHO” Ed. BLG 1998, Lima Perú, INFERENCIAS INCORRECTAS, página 70 y siguientes)

[3] FLORENCIO MIXÁN MASS LÓGICA PARA OPERADORES DEL DERECHO” Ed. BLG 1998, Lima Perú, INFERENCIAS INCORRECTAS, página 70 y siguientes)

miércoles, 4 de julio de 2018

modelo de informe corrupción GORE ICA -CILLONIZ

INFORME LEGAL N° 03-2018-PJRL

A : Sra. Consejera DERY GONZALES CARRIZALES.

DE : Abogado PEDRO JULIO ROCCA LEÓN.

ASUNTO : Adjudicaciones, efectuadas por el PRETT TERRENOS OCUPADOS POR LA FAP:

REFERENCIAS: 1. Exp. 167-2013-026, a favor de Hermenegildo Guerrero Huamaní, con una extensión de 13.6000 has.

2. Exp. 586-2012-026, a favor de Florentino Arroyo Sánchez, con una extensión de 14.3397 has.

3. Exp. 074-2013-026, a favor de Charita Yoly Mío Ramón, con una extensión de 9.6341 has.

4. Exp. 587-2012-026, a favor de Marino Càceres Cordova, con una extensión de 14.0542 has.

5. Exp. 588-2012-026, a favor de Juan de la Cruz Vargas Gonzáles, con una extensión de 12.1895 has.

6. Exp. 567-2012-026, a favor de José de los Santos Arroyo Mío, con una extensión de 14.5081 hás.

FECHA : 3 de julio de 2018

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Cumplo con absolver su consulta, por lo que le hago entrega del siguiente informe legal.

ANTECEDENTES:

Con fecha 03 de abril de 2013, don Hermenegildo Guerrero Huamaní, solicita bajo el amparo de la Ley 26505, modificada por Ley Nro. 27887 aprobado por Decreto Supremo. 026-2003-AG, la adjudicación en venta directa de TIERRAS ERIAZAS de propiedad del Estado, respecto a una extensión superficial de 14.9656 Has., denominado "GUERRERO", ubicado en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, departamento de lca; y mediante Informe Legal N° 007-2014-GORE-ICA-DRA/SPA-ACPA, se determinó que el administrado cumplió con adjuntar los requisitos "exigidos conforme al Art. 56 del Decreto Supremo N° 026-2003-A, como son: copia del DNI vigente, plano en base catastral a escala de 1/25000, plano perimétrico y de ubicación, memoria descriptiva, copia legalizada del certificado de habilidad expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú, certificado de Zonificación, certificado de búsqueda catastral y proyecto de factibilidad técnico-económico a nivel perfil y el recibo de pago conforme al TUPA; Empero, en este extremo se ocultó que el terreno se encuentra ocupado por la FAP, como es de conocimiento del PRETT, que consta en el expediente N° 576-2016, que obra en los archivos del PRETT, de lo que fluye un ocultamiento de información, que debía constar en la resolución, lo que se ocultó con el fin de favorecer ilícitamente al solicitante Hermenegildo Guerrero Huamaní.

De la misma manera, se ocultó información relevante, en el Certificado de Búsqueda Catastral emitido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-Pisco, que determina que el predio en consulta se encuentra superpuesto con predios inscritos en las Partidas Regístrales N° 40004556 y N° 11005476, asimismo se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas de la Reserva Nacional de Paracas y en la R.D. N°484-93-RWL-SAG-ICA de fecha 02.11.1993 expedida por la Dirección Sub-Regional de Agricultura - lca;

También se ha faltado a la verdad en la diligencia de inspección ocular con fecha 12 de noviembre del 2014, en que se dice haber llegado a verificar con ayuda del GPS la ubicación del predio conforme al plano presentado por el administrado, correspondiendo a la realidad física de campo, determinándose las características topográficas, la condición eriaza y la libre disponibilidad física del predio, pero se ha ocultado dolosamente que en la realidad física de campo, el área se encuentra en posesión de la FAP; cedidos en Uso por el Ministerio de Defensa Fuerza Aérea del Perú - Grupo Aéreo N° 9, hoy denominado Escuela de Formación de Pilotos N° 51-Pisco los terrenos en Uso por el Ministerio de Defensa Fuerza Aérea del Perú - Grupo Aéreo N° 9 hoy denominado Escuela de Formación de Pilotos N° 51-Pisco.

ANÁLISIS LEGAL:

1°.- El representante legal del Gobierno Regional de Ica, el Director de la Dirección Regional Agraria de Ica y el Jefe del PRETT del GORE ICA, han violado el debido proceso, que contiene el artículo IV, numeral 1.2 de la Ley N° 27444, al omitir notificar a la FAP, (que tiene la posesión por cesión en uso del área de mayor extensión) privándolos del derecho y garantías a ser notificados con el procedimiento; a acceder al expediente; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, y, a impugnar las decisiones que los afecten.

2° Y las autoridades mencionadas han obrado de esa manera dolosa, porque saben que están cometiendo abuso del poder, porque violan el artículo 8° del D.S. N° 011-97-AG., que dispone en forma expresa: “NO SON TIERRAS ERIAZAS, “b) Las que constituyen patrimonio arqueológico de la nación y AQUELLAS DESTINADAS A LA DEFENSA O SEGURIDAD NACIONAL.”, por lo que, por imperio de la ley, NO ES VERDAD QUE LAS TIERRAS QUE PRETEDE ADJUDICARSE Hermenegildo Guerrero Huamaní, y otras personas, de la referencia, sean tierras eriazas, sino tierras de un régimen especial por estar destinadas a la DEFENSA O SEGURIDAD NACIONAL.

3°.- Al respecto, el artículo 376-B, del Código Penal, reprime al “funcionario público que, en violación de sus atribuciones u obligaciones, otorga ilegítimamente derechos de posesión o emite títulos de propiedad sobre bienes de dominio público o bienes de dominio privado estatal, o bienes inmuebles de propiedad privada, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, con pena privativa de libertad, no menor de cuatro ni mayor de seis años”. Por lo que la autoridad competente y responsable, debe abstenerse de cualquier acto jurídico que afecte el terreno cedido en uso a la Fuerza Aérea, que sirve para la Defensa o seguridad nacional, en caso de guerra, o desastres, pues cabe la posibilidad que Hermenegildo Guerrero Huamaní, una vez que tenga inscrita la propiedad a su nombre, la venda a un extranjero, súbdito de un país con el que tengamos latente la posibilidad de un conflicto armado, o que en caso de una catástrofe, como la de 2007, no permita que los pisqueños damnificados, pasen por sus tierras.

CONCLUSIÓN:

Las autoridades que fomentan la adjudicación en venta de terrenos que sirven para la defensa o seguridad nacional, que el legislador ha sustraído en forma expresa del tráfico comercial, están comprometidas en el delito de tráfico ilícito de tierras y están poniendo en peligro la defensa o la seguridad nacional, lo que en determinado momento –en caso de guerra o desastres- podría calificarse como traición a la Patria.

Se recomienda poner este informe en conocimiento de Fernando Cilloniz Benavides, Gobernador Regional de Ica, Néstor Mendoza Arroyo, Director de la Dirección Regional Agraria de Ica y Richard Félix Lugo Mena, Jefe del PRETT GORE Ica, a fin de no recortar su derecho a la defensa.

Es cuanto tengo que informar en honor a la verdad.

lunes, 2 de julio de 2018

MODELO QUEJA CONTRA JUEZ CORRUPTO EN LA OCMA

EXPEDIENTER N°

SUMILLA QUEJA POR CORRUPCION DE JUEZ CIVIL DE PISCO

A LA OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL.

ELEUTERIO PEÑA PÁUCAR, con D.N.I. N° 22256962 y domicilio en calle Nicolás de Piérola manzana A lote 3, A.H. Nueva América, Pisco, señalando casilla SINOE DEL PODER JUDICIAL N° 7821, dice:

Presento queja por CORRUPCIÓN, contra el juez civil del juzgado transitorio sede Villa, MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONÍ, al que se le puede notificar en los altos de la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca, por “Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley”[1]. Por “inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales”[2]. Por “Incumplir, injustificada o inmotivadamente, los plazos legalmente establecidos para dictar resolución”[3].cometidos en el expediente N° 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, sobre nulidad de cosa fraudulenta, que mantiene escondido en su Despacho, desde el mes de octubre de 2017, sin calificar la demanda, coludiéndose con traficantes de terrenos, para perjudicarme y despojar a la Sociedad de Beneficencia Pública de parte de su patrimonio.

1º.- HECHOS CONCRETOS QUE DEMUESTRAN LA CORRUPCIÓN DEL JUEZ MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONÍ, PARA ENCUBRIR A TRAFICANTES DE TERRENOS EN PISCO:

1.1 Debido a que en un proceso fraudulento- expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, sobre REIVINDICACIÓN,- fui despojado de la posesión que ostento, otorgado por su legítimo propietario, Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco, la cual ha sido despojada con documentos falsos, haciendo aparecer como propietaria a una testaferro del traficante de terrenos, Julio Pizarro Heredia, interpuse la demanda de NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA, que ingresó al Poder Judicial con fecha 11 de octubre de 2017, siendo el caso que el juez denunciado MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONÍ, omite darle tramite al expediente Nº 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, a pesar que sabe que con ello está violando los numerales 12, 13 y 14 del artículo 48° de la ley N° 29277, para dar tiempo al traficante para que consume el despojo de propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco, con documentos falsos, en el expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, sobre REIVINDICACIÓN, lo que deja en evidencia que el juez Cayo, ha caído en la corrupción hasta el fondo, calla en todos los idiomas y mantiene escondido el expediente de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, Nº 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, desde el 27 de noviembre de 2017, omitiendo su calificación, sin dignarse emitir una sola palabra en respuesta a mis múltiples requerimientos y denuncias para que se le dé trámite a mi demanda, lo que deja en evidencia su corrupción, pues ningún juez, en su sano juicio se atrevería a violar los artículos 2, 34, 46, 47 y 48, de la Ley N° 29277 “Ley de la Carrera Judicial”, que sanciona las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, como faltas graves y muy graves, a menos que esté metido en una red de corrupción que manipula el sistema de justicia, con la certeza que ningún juez podrá conminarlo a resolver, como al parecer sucede, porque la ODECMA no quiere sancionarlo por las faltas cometidas y no resuelve mis quejas presentadas en esa instancia, por lo que me veo obligado a presentar mi queja ante la OCMA.

1.2 En el caso concreto, que se puede verificar en el expediente de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, Nº 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, el juez ha cometido delito de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, que reprime el artículo 377º del C.P., lo que podemos calificar como corrupción, porque lo hace para favorecer a traficantes de terreno, y actúa con plena conciencia que está contraviniendo su deber de resolver dentro del plazo establecido legalmente, lo cual queda dentro de los alcances de lo que se expresa en el artículo 2º de la Ley Nº 30377^{^[4]}, quedando incluido dentro de una red de corrupción, de los traficantes de terrenos, que luego del sismo del 15 de agosto de 2007, inscribieron propiedades utilizando documentos falsificados en Azángaro, en Lima, despojando a sus legítimos propietarios.

1.3 En efecto, la red de corrupción, ha violado a su regalado gusto el artículo 1º de la Ley del 2 de noviembre de 1889^{^[5]}, prefiriendo dar mérito probatorio a los documentos públicos falsificados, incurriendo en delito de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales que reprime el artículo 377° del C.P. para otorgar derechos como propietario de un bien del Estado, inscribiéndolo con documentos falsos, en el Registro Público de Pisco, a nombre de María Gladys Ismodes Acevedo, para cuyo efecto, utilizaron los documentos falsos para consumar el delito, que ha sido convalidado por los jueces de Pisco, lo que demuestra que está sumergidos en la red de corrupción, que beneficia a los traficantes de terrenos

1.4 Es tan terrible el poder de los traficantes de terrenos, que hay jueces que coparticipan en el delito que reprime el artículo 407º del C.P., por haber omitido comunicar a la autoridad las noticias acerca de la comisión del delito de falsificación de documentos y tráfico de terrenos, razón por la cual el juez Miguel Francisco Cayo Falconí, tiene escondido el expediente de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, Nº 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, con el malsano propósito de amparar, proteger y defender los intereses de los traficantes de terreno.

1.5 La doctrina ha llegado al convencimiento que la corrupción, “ha pasado de ser un problema de individuos y grupos que debía resolver el Estado, a ser un problema de Estado que debe ser resuelto por la sociedad a partir de sus gobiernos o como en el reciente caso de Perú, si es necesario, contra los gobiernos. Es interesante advertir que en la historia de los pueblos que relata el Antiguo Testamento, podemos encontrar una reiterada coincidencia entre etapas de gran crisis y corrupción social, en que se destaca por indignada palabra de Dios: la corrupción de sus jueces como exponente más grave de descomposición espiritual de la conducta social. apartada de los valores divinos. Valores que encontramos ahora en los principios que sustentan las modernas democracias y los conceptos esenciales de derechos humanos: el bien, la verdad, la justicia, la igualdad, la dignidad, la honestidad, la solidaridad. Y es que en verdad, la corrupción judicial es consecuencia de la corrupción social, y se promueve para facilitar y consolidar a esta última en sus múltiples expresiones Sin embargo, nuestra experiencia nos ha demostrado en el Perú, que si bien los métodos objetivos sirven para limitar un poco los actos de corrupción, cuando el fenómeno es de tal magnitud que envuelve a los principales actores sociales y a la sociedad misma, dichos métodos encuentran tropiezos para su aplicación y rápidamente son desbordados por nuevas formas de escape para la actuación corrupta. Tal es el caso, de la prohibición que se hizo en años recientes para que los jueces y fiscales hablaran con abogados y litigantes fuera de las diligencias judiciales, para evitar las coimas o pagos indebidos. De inmediato surgió una casta de familiares y amigos de los jueces y fiscales corruptos que se encargaban de hacer los contactos con los interesados. … Por ello, no creemos que el peor problema del Perú sea el de la pobreza, sino el de la corrupción instalada en su cultura. Así como el peor problema del sistema de justicia no es la falta de modernidad tecnológica, ni siquiera la deficiente formación profesional de los jueces, sino la corrupción. (Corrupción judicial en el Perú Causas, formas y alternativas. Beatriz Mejía Mori en Asociación Civil Derecho y Sociedad)

1.6 En consecuencia, tengo sobrados motivos para denunciar la corrupción del juez, comprometidos en la red de corrupción de los traficantes de terrenos, que se revela por la violación del artículo 48° numerales 12, 13 y 14 de la Ley N° 29277, escondido en el Despacho judicial, para no permitir que por los cauces legales, logre la sentencia que despojó a su propietario de un bien, utilizando documentos falsificados de ostensible evidencia.

2° Amparo mi denuncia por corrupción, en las siguientes norma legales:

2.1 Artículo 377° del Código Penal, que reprime la “Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”, que en este caso concreto ha sido cometido por el por el juez Miguel Francisco Cayo Falconí, en el expediente Nº 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, con el malsano propósito de amparar, proteger y defender los intereses de los traficantes de terreno, lo que ha hecho, con plena conciencia de violar la ley N° 29277 de la carrera judicial.

2.2 Los artículos 34° incisos 1, 2, 5, 6 y 12; 46° incisos 6 y 10; 47° incisos 2 y 7; y 48° incisos 12 13 y 14 de la Ley N° 29277, de la Carrera Judicial, lo que a mi parecer no ha sido gratuito, sino que debe haberse violado en contraprestación por alguna dádiva, para amparar, proteger y defender los intereses de los traficantes de terrenos.

3° MEDIOS PROBATORIOS: Ofrezco el mérito de los siguientes:

3.1 El expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, o sus copias certificadas, que exigirá al juez Alfredo Alberto Aguado Semino, del Juzgado Civil de Pisco, con objeto de probar que éste ha utilizado documentos falsificados por Julio Alberto Pizarro Heredia y sus cómplices, para expedir sentencia favorable al propósito doloso de apropiarse de un lote de terreno de propiedad de la Beneficencia Pública de Pisco, dando mérito probatorio a documentos falsos; cambiando la pretensión de “reivindicación” por la de “mejor derecho a la propiedad”, sin actuación de medios probatorios que corresponde a este tipo de proceso. Anexo fotocopia de la absolución de la demanda, para probar su preexistencia.

Este medio probatorio es útil, atinente y conducente para demostrar que existe corrupción para favorecer a traficantes de terrenos.

3.2 Fotocopia de la partida N° 11008235, expedida por la SUNARP oficina Pisco, inscripción de propiedad inmueble de la calle Libertad N° 199 Pisco, con objeto de probar que el juez ha hecho valer a favor de doña Gladys Ismodes una inscripción de propiedad, utilizando un documento falsificado, figurando como vendedora una censataria de la Beneficencia Pública de Pisco (y por ende no propietaria) doña Carmen Vargas sin apellido materno, soltera, por una aparente propietaria: doña Agustina García viuda de Álvarez, por escritura pública de fecha 27 de marzo de 1936, otorgada ante notario público de Pisco don Félix L Carcelén Sotelo quien en esa época era imposible que sea notario por ser un niño.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, que ha corrompido al juzgado civil de Pisco, utilizando pruebas falsas para conseguir sus propósitos.

3.3 Fotocopia de la PARTIDA DE NACIMIENTO N° 33 del año 1928 expedida por la Municipalidad Provincial de Pisco a nombre de Felix Leoncio Carcelén Sotelo, nacido el 23 de febrero de 1928, con objeto de probar que es imposible que el día 27 de marzo de 1936, Félix Leoncio Carcelén Sotelo haya sido NOTARIO DE PISCO como aparece en la Partida N° 11008235 de los Registros Públicos de Pisco, de lo que fluye que el juez Aguado Semino, que sentenció como mejor derecho a la propiedad una demanda de Reivindicación en el expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, ha prevaricado haciendo creer que el hecho falso precedente es verdadero y con ello otorgó título de propiedad mediante fraude procesal a doña María Gladys Ismodes Acevedo, despojando a la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco de dicha propiedad.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, que ha torcido el derecho en los juzgados civiles de Pisco.

3.4 Fotocopia de la resolución N° 10 del 19 de noviembre del 2008 emitida en el expediente N° 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, que deja en evidencia que el juez Aguado Semino se coludió con la demandante María Gladys Ismodes Acevedo para regalarle bien de la Beneficencia Pública de Pisco declarando improcedente la denuncia civil formulada por Eleuterio Peña Páucar mediante otrosí digo de la absolución de la demanda de fojas 38 y siguientes del expediente en mención con la temeridad de impedir que la BENEFICENCIA PUBLICA de Pisco pueda defender sus intereses en dicho proceso.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, que ha corrompido a los juzgados civiles de Pisco.

3.5 Fotocopia de la DECLARACIÓN JURADA DE DOÑA CARMEN NOLBERTA ORMEÑO VARGAS, medio hermana de doña Laura Alejandrina Sueldo Vargas, con lo que dejo en evidencia que en el segundo punto de la declaración jurada consta que esta se ha autoproclamado como heredera universal, siendo este hecho una falsedad genérica porque el inmueble ubicado en la calle Libertad N° 199 Pisco es de propiedad de la Beneficencia Pública de Pisco, lo que demuestra que el juez despojó a una institución del Estado del bien bajo su dominio, para otorgárselo a los defraudadores; lo que nos lleva a la sospecha de corrupción judicial que se debe deslindar.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, que ha corrompido al juzgado civil de Pisco, por lo que el juez Cayo Falconí, se empecina en no dar trámite al expediente y no emite resolución desde el año pasado, demostrando que es corrupto, o no tiene capacidad para resolver.

3.6 Fotocopia de la Hoja Resumen N° 001877 de la declaración jurado de auto avalúo del impuesto predial año 1988 ante la Municipalidad Provincial de Pisco de la sucesión de Vargas Vera Carmen, que deja en evidencia que el inmueble sub materia de la calle Pedemonte es de propiedad de la Beneficencia Pública de Pisco, con lo que se acredita que el juez Aguado Semino se coludió con la demandante Gladys Ismodes, para despojar de un bien inmueble a una institución de beneficencia del Estado.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, y que la razón por la cual el juez no cumple con sus funciones, es porque el traficante ha corrompido al juzgado civil de Pisco.

3.7 Fotocopia de la carta de fecha 23 de setiembre de 1994 que remitió la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco a doña Vargas Vera Carmen e hijos en la calle Libertad N° 199 Pisco, con objeto de probar que se le puso fin al derecho de uso al día 31 de Diciembre de 1994, con lo que se acredita que fue mediante falsificación de documentos que la demandante María Gladys Ismodes Acevedo, despojo a la Beneficencia de Pisco de un bien para obras sociales que sirve para sostener al asilo de ancianos y albergue de menores de Pisco, lo que nos llena de vergüenza porque ha sido un juez el que se prestó para ese acto dañino para la provincia de Pisco.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, y que el juez elude administrar justicia, porque ha caído en la corrupción.

3.8 Fotocopia de la resolución N° 35 de fecha 13 de agosto del 2012 emitida por el juez Aguado Semino en el expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, con objeto de probar que el juez Cayo Falconí, recibió el oficio N° 171-2012-SBPP/P que adjunta copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 072-97-SBPP y pese a que dispuso que se agregue a los autos con conocimiento de las partes y se tenga presente al momento de sentenciar; en la realidad no cumplió, y por el contrario, se coludió con la demandante María Gladys Ismodes Acevedo para defraudar al Estado despojándolo de un bien que el Estado entregó mediante la ley del 2 de noviembre de 1889, a la Beneficencia de Pisco.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, que ha corrompido al juzgado civil de Pisco, por lo que el juez Cayo Falconí, elude administrar justicia y ha escondido el expediente dentro de su despacho.

3.9 Fotocopia de la resolución de PRESIDENCIA N° 072-97-SBPP de fecha 19 de Junio de 1997 que deja en evidencia que mediante el artículo primero se declaró Nulo y sin valor alguno el convenio de uso celebrado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco y Carmen Varga Vera e hijos sobre el terreno ubicado en calle Libertad N° 199 Pisco, y que el juez Aguado Semino -pese a tener conocimiento de la propiedad del terreno por parte de la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco- cambio la pretensión demandada de REIVINDICACIÓN y resolvió en la sentencia por MEJOR DERECHO a la propiedad, en el expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, para privar del derecho de defensa a Eleuterio Peña Páucar y poder consumar el despojo, en perjuicio de la entidad del Estado.