EL BLOG DEL DR. PEDRO JULIO ROCA LEÓN: MODELO QUEJA CONTRA JUEZ CORRUPTO EN LA OCMA

EXPEDIENTER N°

SUMILLA QUEJA POR CORRUPCION DE JUEZ CIVIL DE PISCO

A LA OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL.

ELEUTERIO PEÑA PÁUCAR, con D.N.I. N° 22256962 y domicilio en calle Nicolás de Piérola manzana A lote 3, A.H. Nueva América, Pisco, señalando casilla SINOE DEL PODER JUDICIAL N° 7821, dice:

Presento queja por CORRUPCIÓN, contra el juez civil del juzgado transitorio sede Villa, MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONÍ, al que se le puede notificar en los altos de la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca, por “Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley”[1]. Por “inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales”[2]. Por “Incumplir, injustificada o inmotivadamente, los plazos legalmente establecidos para dictar resolución”[3].cometidos en el expediente N° 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, sobre nulidad de cosa fraudulenta, que mantiene escondido en su Despacho, desde el mes de octubre de 2017, sin calificar la demanda, coludiéndose con traficantes de terrenos, para perjudicarme y despojar a la Sociedad de Beneficencia Pública de parte de su patrimonio.

1º.- HECHOS CONCRETOS QUE DEMUESTRAN LA CORRUPCIÓN DEL JUEZ MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONÍ, PARA ENCUBRIR A TRAFICANTES DE TERRENOS EN PISCO:

1.1 Debido a que en un proceso fraudulento- expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, sobre REIVINDICACIÓN,- fui despojado de la posesión que ostento, otorgado por su legítimo propietario, Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco, la cual ha sido despojada con documentos falsos, haciendo aparecer como propietaria a una testaferro del traficante de terrenos, Julio Pizarro Heredia, interpuse la demanda de NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA, que ingresó al Poder Judicial con fecha 11 de octubre de 2017, siendo el caso que el juez denunciado MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONÍ, omite darle tramite al expediente Nº 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, a pesar que sabe que con ello está violando los numerales 12, 13 y 14 del artículo 48° de la ley N° 29277, para dar tiempo al traficante para que consume el despojo de propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco, con documentos falsos, en el expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, sobre REIVINDICACIÓN, lo que deja en evidencia que el juez Cayo, ha caído en la corrupción hasta el fondo, calla en todos los idiomas y mantiene escondido el expediente de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, Nº 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, desde el 27 de noviembre de 2017, omitiendo su calificación, sin dignarse emitir una sola palabra en respuesta a mis múltiples requerimientos y denuncias para que se le dé trámite a mi demanda, lo que deja en evidencia su corrupción, pues ningún juez, en su sano juicio se atrevería a violar los artículos 2, 34, 46, 47 y 48, de la Ley N° 29277 “Ley de la Carrera Judicial”, que sanciona las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, como faltas graves y muy graves, a menos que esté metido en una red de corrupción que manipula el sistema de justicia, con la certeza que ningún juez podrá conminarlo a resolver, como al parecer sucede, porque la ODECMA no quiere sancionarlo por las faltas cometidas y no resuelve mis quejas presentadas en esa instancia, por lo que me veo obligado a presentar mi queja ante la OCMA.

1.2 En el caso concreto, que se puede verificar en el expediente de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, Nº 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, el juez ha cometido delito de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, que reprime el artículo 377º del C.P., lo que podemos calificar como corrupción, porque lo hace para favorecer a traficantes de terreno, y actúa con plena conciencia que está contraviniendo su deber de resolver dentro del plazo establecido legalmente, lo cual queda dentro de los alcances de lo que se expresa en el artículo 2º de la Ley Nº 30377^{^[4]}, quedando incluido dentro de una red de corrupción, de los traficantes de terrenos, que luego del sismo del 15 de agosto de 2007, inscribieron propiedades utilizando documentos falsificados en Azángaro, en Lima, despojando a sus legítimos propietarios.

1.3 En efecto, la red de corrupción, ha violado a su regalado gusto el artículo 1º de la Ley del 2 de noviembre de 1889^{^[5]}, prefiriendo dar mérito probatorio a los documentos públicos falsificados, incurriendo en delito de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales que reprime el artículo 377° del C.P. para otorgar derechos como propietario de un bien del Estado, inscribiéndolo con documentos falsos, en el Registro Público de Pisco, a nombre de María Gladys Ismodes Acevedo, para cuyo efecto, utilizaron los documentos falsos para consumar el delito, que ha sido convalidado por los jueces de Pisco, lo que demuestra que está sumergidos en la red de corrupción, que beneficia a los traficantes de terrenos

1.4 Es tan terrible el poder de los traficantes de terrenos, que hay jueces que coparticipan en el delito que reprime el artículo 407º del C.P., por haber omitido comunicar a la autoridad las noticias acerca de la comisión del delito de falsificación de documentos y tráfico de terrenos, razón por la cual el juez Miguel Francisco Cayo Falconí, tiene escondido el expediente de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, Nº 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, con el malsano propósito de amparar, proteger y defender los intereses de los traficantes de terreno.

1.5 La doctrina ha llegado al convencimiento que la corrupción, “ha pasado de ser un problema de individuos y grupos que debía resolver el Estado, a ser un problema de Estado que debe ser resuelto por la sociedad a partir de sus gobiernos o como en el reciente caso de Perú, si es necesario, contra los gobiernos. Es interesante advertir que en la historia de los pueblos que relata el Antiguo Testamento, podemos encontrar una reiterada coincidencia entre etapas de gran crisis y corrupción social, en que se destaca por indignada palabra de Dios: la corrupción de sus jueces como exponente más grave de descomposición espiritual de la conducta social. apartada de los valores divinos. Valores que encontramos ahora en los principios que sustentan las modernas democracias y los conceptos esenciales de derechos humanos: el bien, la verdad, la justicia, la igualdad, la dignidad, la honestidad, la solidaridad. Y es que en verdad, la corrupción judicial es consecuencia de la corrupción social, y se promueve para facilitar y consolidar a esta última en sus múltiples expresiones Sin embargo, nuestra experiencia nos ha demostrado en el Perú, que si bien los métodos objetivos sirven para limitar un poco los actos de corrupción, cuando el fenómeno es de tal magnitud que envuelve a los principales actores sociales y a la sociedad misma, dichos métodos encuentran tropiezos para su aplicación y rápidamente son desbordados por nuevas formas de escape para la actuación corrupta. Tal es el caso, de la prohibición que se hizo en años recientes para que los jueces y fiscales hablaran con abogados y litigantes fuera de las diligencias judiciales, para evitar las coimas o pagos indebidos. De inmediato surgió una casta de familiares y amigos de los jueces y fiscales corruptos que se encargaban de hacer los contactos con los interesados. … Por ello, no creemos que el peor problema del Perú sea el de la pobreza, sino el de la corrupción instalada en su cultura. Así como el peor problema del sistema de justicia no es la falta de modernidad tecnológica, ni siquiera la deficiente formación profesional de los jueces, sino la corrupción. (Corrupción judicial en el Perú Causas, formas y alternativas. Beatriz Mejía Mori en Asociación Civil Derecho y Sociedad)

1.6 En consecuencia, tengo sobrados motivos para denunciar la corrupción del juez, comprometidos en la red de corrupción de los traficantes de terrenos, que se revela por la violación del artículo 48° numerales 12, 13 y 14 de la Ley N° 29277, escondido en el Despacho judicial, para no permitir que por los cauces legales, logre la sentencia que despojó a su propietario de un bien, utilizando documentos falsificados de ostensible evidencia.

2° Amparo mi denuncia por corrupción, en las siguientes norma legales:

2.1 Artículo 377° del Código Penal, que reprime la “Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”, que en este caso concreto ha sido cometido por el por el juez Miguel Francisco Cayo Falconí, en el expediente Nº 00528-2017-0-1411-JR-CI-01, con el malsano propósito de amparar, proteger y defender los intereses de los traficantes de terreno, lo que ha hecho, con plena conciencia de violar la ley N° 29277 de la carrera judicial.

2.2 Los artículos 34° incisos 1, 2, 5, 6 y 12; 46° incisos 6 y 10; 47° incisos 2 y 7; y 48° incisos 12 13 y 14 de la Ley N° 29277, de la Carrera Judicial, lo que a mi parecer no ha sido gratuito, sino que debe haberse violado en contraprestación por alguna dádiva, para amparar, proteger y defender los intereses de los traficantes de terrenos.

3° MEDIOS PROBATORIOS: Ofrezco el mérito de los siguientes:

3.1 El expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, o sus copias certificadas, que exigirá al juez Alfredo Alberto Aguado Semino, del Juzgado Civil de Pisco, con objeto de probar que éste ha utilizado documentos falsificados por Julio Alberto Pizarro Heredia y sus cómplices, para expedir sentencia favorable al propósito doloso de apropiarse de un lote de terreno de propiedad de la Beneficencia Pública de Pisco, dando mérito probatorio a documentos falsos; cambiando la pretensión de “reivindicación” por la de “mejor derecho a la propiedad”, sin actuación de medios probatorios que corresponde a este tipo de proceso. Anexo fotocopia de la absolución de la demanda, para probar su preexistencia.

Este medio probatorio es útil, atinente y conducente para demostrar que existe corrupción para favorecer a traficantes de terrenos.

3.2 Fotocopia de la partida N° 11008235, expedida por la SUNARP oficina Pisco, inscripción de propiedad inmueble de la calle Libertad N° 199 Pisco, con objeto de probar que el juez ha hecho valer a favor de doña Gladys Ismodes una inscripción de propiedad, utilizando un documento falsificado, figurando como vendedora una censataria de la Beneficencia Pública de Pisco (y por ende no propietaria) doña Carmen Vargas sin apellido materno, soltera, por una aparente propietaria: doña Agustina García viuda de Álvarez, por escritura pública de fecha 27 de marzo de 1936, otorgada ante notario público de Pisco don Félix L Carcelén Sotelo quien en esa época era imposible que sea notario por ser un niño.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, que ha corrompido al juzgado civil de Pisco, utilizando pruebas falsas para conseguir sus propósitos.

3.3 Fotocopia de la PARTIDA DE NACIMIENTO N° 33 del año 1928 expedida por la Municipalidad Provincial de Pisco a nombre de Felix Leoncio Carcelén Sotelo, nacido el 23 de febrero de 1928, con objeto de probar que es imposible que el día 27 de marzo de 1936, Félix Leoncio Carcelén Sotelo haya sido NOTARIO DE PISCO como aparece en la Partida N° 11008235 de los Registros Públicos de Pisco, de lo que fluye que el juez Aguado Semino, que sentenció como mejor derecho a la propiedad una demanda de Reivindicación en el expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, ha prevaricado haciendo creer que el hecho falso precedente es verdadero y con ello otorgó título de propiedad mediante fraude procesal a doña María Gladys Ismodes Acevedo, despojando a la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco de dicha propiedad.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, que ha torcido el derecho en los juzgados civiles de Pisco.

3.4 Fotocopia de la resolución N° 10 del 19 de noviembre del 2008 emitida en el expediente N° 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, que deja en evidencia que el juez Aguado Semino se coludió con la demandante María Gladys Ismodes Acevedo para regalarle bien de la Beneficencia Pública de Pisco declarando improcedente la denuncia civil formulada por Eleuterio Peña Páucar mediante otrosí digo de la absolución de la demanda de fojas 38 y siguientes del expediente en mención con la temeridad de impedir que la BENEFICENCIA PUBLICA de Pisco pueda defender sus intereses en dicho proceso.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, que ha corrompido a los juzgados civiles de Pisco.

3.5 Fotocopia de la DECLARACIÓN JURADA DE DOÑA CARMEN NOLBERTA ORMEÑO VARGAS, medio hermana de doña Laura Alejandrina Sueldo Vargas, con lo que dejo en evidencia que en el segundo punto de la declaración jurada consta que esta se ha autoproclamado como heredera universal, siendo este hecho una falsedad genérica porque el inmueble ubicado en la calle Libertad N° 199 Pisco es de propiedad de la Beneficencia Pública de Pisco, lo que demuestra que el juez despojó a una institución del Estado del bien bajo su dominio, para otorgárselo a los defraudadores; lo que nos lleva a la sospecha de corrupción judicial que se debe deslindar.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, que ha corrompido al juzgado civil de Pisco, por lo que el juez Cayo Falconí, se empecina en no dar trámite al expediente y no emite resolución desde el año pasado, demostrando que es corrupto, o no tiene capacidad para resolver.

3.6 Fotocopia de la Hoja Resumen N° 001877 de la declaración jurado de auto avalúo del impuesto predial año 1988 ante la Municipalidad Provincial de Pisco de la sucesión de Vargas Vera Carmen, que deja en evidencia que el inmueble sub materia de la calle Pedemonte es de propiedad de la Beneficencia Pública de Pisco, con lo que se acredita que el juez Aguado Semino se coludió con la demandante Gladys Ismodes, para despojar de un bien inmueble a una institución de beneficencia del Estado.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, y que la razón por la cual el juez no cumple con sus funciones, es porque el traficante ha corrompido al juzgado civil de Pisco.

3.7 Fotocopia de la carta de fecha 23 de setiembre de 1994 que remitió la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco a doña Vargas Vera Carmen e hijos en la calle Libertad N° 199 Pisco, con objeto de probar que se le puso fin al derecho de uso al día 31 de Diciembre de 1994, con lo que se acredita que fue mediante falsificación de documentos que la demandante María Gladys Ismodes Acevedo, despojo a la Beneficencia de Pisco de un bien para obras sociales que sirve para sostener al asilo de ancianos y albergue de menores de Pisco, lo que nos llena de vergüenza porque ha sido un juez el que se prestó para ese acto dañino para la provincia de Pisco.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, y que el juez elude administrar justicia, porque ha caído en la corrupción.

3.8 Fotocopia de la resolución N° 35 de fecha 13 de agosto del 2012 emitida por el juez Aguado Semino en el expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, con objeto de probar que el juez Cayo Falconí, recibió el oficio N° 171-2012-SBPP/P que adjunta copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 072-97-SBPP y pese a que dispuso que se agregue a los autos con conocimiento de las partes y se tenga presente al momento de sentenciar; en la realidad no cumplió, y por el contrario, se coludió con la demandante María Gladys Ismodes Acevedo para defraudar al Estado despojándolo de un bien que el Estado entregó mediante la ley del 2 de noviembre de 1889, a la Beneficencia de Pisco.

Este medio probatorio es útil, pertinente y conducente, para demostrar que existe un traficante de terreno, que ha corrompido al juzgado civil de Pisco, por lo que el juez Cayo Falconí, elude administrar justicia y ha escondido el expediente dentro de su despacho.

3.9 Fotocopia de la resolución de PRESIDENCIA N° 072-97-SBPP de fecha 19 de Junio de 1997 que deja en evidencia que mediante el artículo primero se declaró Nulo y sin valor alguno el convenio de uso celebrado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco y Carmen Varga Vera e hijos sobre el terreno ubicado en calle Libertad N° 199 Pisco, y que el juez Aguado Semino -pese a tener conocimiento de la propiedad del terreno por parte de la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco- cambio la pretensión demandada de REIVINDICACIÓN y resolvió en la sentencia por MEJOR DERECHO a la propiedad, en el expediente Nº 00155-2008-0-1411-JR-CI-01, para privar del derecho de defensa a Eleuterio Peña Páucar y poder consumar el despojo, en perjuicio de la entidad del Estado.