EXPEDIENTE Nº.
SECRETARIA:
ESCRITO Nº 1
SUMILLA: DEMANDA NULIDAD DE COSA JUZGADA
FRAUDULENTA.
AL
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE MOLLENDO.
ELSA ROSA MAMANI HUALLPAMAITA, con D.N.I.
Nº 30822328 y FLORENCIO AYALA CHIRINOS, con D.N.I. N° 30822327, ambos con domicilio
en urbanización Miramar manzana P, lote 1, distrito Mollendo, provincia Islay,
Región Arequipa, señalando domicilio procesal en la Casilla electrónica SINOE
Nº 7821 Correo pedrojuliorocaleon@gmail.com,
celular Nº 956562429, con todo respeto, dice:
DEMANDADOS: Jueces superiores de la Tercera
Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, Rita Patricia María Valencia Dongo
Cárdenas, José Luis Yucra Quispe y Nímer Roberto Marroquín Mogrovejo, todos con
domicilio en Plaza España S/N Cercado Arequipa y el juez Carlos Alvaro Cary
Choque, que despacha en el segundo juzgado especializado civil de la sede
judicial Mollendo, ubicado en calle Comercio N° 101 con Plaza Grau N° 240 de la
provincia Islay y al BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ –BCP- con domicilio en calle Arequipa
N° 3 distrito Mollendo.
PETITORIO: demando la NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA de la
sentencia –AUTO FINAL- RESOLUCION N° 09-2023, emitida por el Segundo juzgado
especializado en lo Civil de Mollendo, Carlos Alvaro Cary Choque de fecha 05 de
Junio de 2023, en el EXPEDIENTE Nº 00325-2020-0-0407-JM-CI-01, Materia EJECUCIÓN DE GARANTÍAS y consecuentemente,
la nulidad e insubsistencia de la sentencia de vista expedida por la Tercera Sala Civil
-Resolución Nº 14 de fecha 04 de Enero de
2024- que la confirma, cuya
nulidad pido por la causal de fraude procesal entre juez y
parte, que ha afectado mi derecho a un debido proceso, cometido por los demandados,
que vulneró la seguridad jurídica en este distrito judicial y consumó la violación del derecho al
debido proceso, en nuestro agravio
1.- FUNDAMENTOS DE HECHO DEL PETITORIO:
1.1 Para la procedencia de mi demanda de
nulidad de cosa juzgado fraudulenta, dejo en evidencia la existencia del AUTO
FINAL, emitida por el juez del segundo juzgado especializado de Mollendo,
Carlos Alvaro Cary Choque, dentro del EXPEDIENTE Nº 00325-2020-0-0407-JM-CI-01,
Materia EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, seguido por el BCP, contra Comercial de Lubricantes
SELOBA E.I.R.L. en colusión entre juez y parte, que se infiere de la violación
de la tutela procesal efectiva y el debido proceso, en nuestro agravio, pues el
juez no ha administrado justicia conforme dispone el artículo 138° de la
Constitución acorde con el inciso 3) del artículo 139° de nuestra Constitución,
en concordancia con el D.S. Nº 008-2020-SA, mediante el que el gobierno peruano
declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90)
días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar
la propagación del COVID-19; que eufemísticamente se llamó “aislamiento social
obligatorio” (Cuarentena) por lo que nadie podía transitar por el territorio
nacional, lo que en la práctica fue un confinamiento obligatorio de la
población en sus hogares, que redujo a cero el movimiento comercial y tránsito
de vehículos por lo que fuimos afectados en la captación de ingresos económicos
y se nos hizo imposible pagar las cuotas del préstamo que nos hizo el BCP, como
consecuencia de un caso fortuito o fuerza
mayor consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible,
que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial,
tardío o defectuoso, lo que el administrador de justicia ni siquiera lo
consideró para resolver el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica,
decidiendo de manera arbitraria, llevar adelante la ejecución de garantías, sin
pizca de compasión, recordando la parábola del deudor prestamista (Mateo 18) al
que le fue perdonada una deuda por millones, quien no perdonó a su deudor que
le debía solo 10 monedas. Esta forma de injusticia se repite en este caso
concreto, en que el juez ni el ejecutante BCP han tomado en cuenta ese caso
fortuito y fuerza mayor que afectó el pago puntual y se lanzan contra los
deudores, intentando despojarlos de su propiedad, sin darle un poco de
paciencia y esperar que se recuperen económicamente, para volver a pagar el
saldo deudor.
1.2 Afirmo que el juez ha incurrido en
colusión con el BCP, porque no ha demostrado IMPARCIALIDAD en la emisión de su
juicio, que fluye de la INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO HERMÉTICO DEL DERECHO, que
imprime la formación de criterio para resolveré con justicia, lo que significa
que el juez debe tener presente que ninguna ley se debe dejar sin efecto al
momento de resolver un conflicto de intereses, y en este caso, se abocó a las
formalidades que exige el ejecutante –que nace de su propia codicia- aplicando
de manera automática e irreflexiva el artículo 690-D del C.P.C y no tomó en
cuenta o INAPLICÓ el artículo 1315° del C,C, (que es ley sustantiva) que define lo que es un estado fortuito y de
fuerza mayor, e inaplicó lo que dispone el D.S. N° 044-2020-PCM publicado el 15
de marzo de 2020, por lo que se dispuso a partir del 16 de marzo de 2020, lo
siguiente:
Artículo 7.- Restricciones en el
ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, establecimientos y
actividades recreativas, hoteles y restaurantes
7.1. Dispóngase la suspensión
del acceso al público a los locales y establecimientos, a excepción de los
establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y
bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y
productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y establecimientos de venta
de combustible. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que,
a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio.
7.2 La permanencia en los
establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida debe ser la
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la
adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida
la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo
caso, se deben evitar aglomeraciones y se controla que consumidores y empleados
mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar
posibles contagios. 7.3 Se suspende el acceso al público a los museos,
archivos, bibliotecas, monumentos, así como a los locales y establecimientos en
los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades culturales,
deportivas y de ocio. 7.4 Se suspenden las actividades de restaurantes y otros
centros de consumo de alimentos. 7.5 Asimismo, se suspenden los desfiles,
fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como cualquier otro
tipo de reunión que ponga en riesgo la salud pública”.
Por lo que el juez, como administrador de
justicia debió mencionarlo en la parte considerativa, para formar criterio de
justicia, si se debe aplicar o no lo que dispone esa ley que decretó el estado
de emergencia, al caso concreto , pero, al no tomar en cuenta que es el Estado
quien puso las trabas para que nuestra parte no pueda cumplir con su obligación
de pago, como lo venía haciendo como consta en el Estado de Cuenta que obra en
autos, y disponer que se aplica la ley (artículo 690-D del CPC. de manera
implacable y de manera imperativa, viola el principio “summun ius, summa
iniuria” lo que en puridad de derecho
significa el imperio de la INJUSTICIA, y la violación del orden público, las
buenas costumbres y la seguridad jurídica, creando el CAOS, en que los mismos
jueces, han sumergido al Perú, otrora tierra de juristas, en donde Arequipa se
erigió como la catedral del Derecho, y hoy, se ha contagiado de la corrupción
que viene de Lima, desde donde se nos impone el imperio de la iniquidad, donde
se tuerce el derecho y se hace inicua la justicia, lo que me legitima para
presentar la presente demanda, con objeto que sea el propio Poder Judicial de
esta Región, la que resuelva el conflicto con criterio de justicia.
1.3 Esta sentencia ha adquirido firmeza
por imposición de la SENTENCIA DE VISTA, emitida por la Tercera Sala Civil de
la Corte Superior de Arequipa, que conforman los jueces Rita Patricia María Valencia
Dongo Cárdenas, José Luis Yucra Quispe y Nímer Roberto Marroquín Mogrovejo, que
la confirma, prefiriendo las formalidades del “PROCEDIMIENTO”, a la VERDAD,
como exigencia del proceso, con lo que se confirmó la colusión entre juez y
parte, decidiendo a su capricho, que debe seguirse adelante con la ejecución de
garantías, sobre el inmueble de la sociedad de gananciales, por lo que se
mantiene los vicios que contenía el Código De Procedimientos Civiles, y no se
aplica el debido proceso y tutela procesal efectiva que impone el nuevo sistema
procesal civil en el Perú, inaplicando las leyes sustantivas que garantizan ese
debido proceso y tutela procesal efectiva, por lo que es innegable que han violado la seguridad jurídica que impone la
LEY, en este caso los artículo 1314°, 1315° y 1316° del C.C, pisoteado a su
antojo, en el caso sub materia, lo que me legitima para demandar la nulidad de
la cosa juzgada fraudulenta.
1.4 En tal contexto, no es posible que alguna persona en su sano juicio, puede
negar que la sentencia de vista emitida por los jueces de la corte superior de
justicia de Arequipa, no hayan causado grave perjuicio a la recta
administración de justicia, al orden público y buenas costumbres y a la
seguridad jurídica, al confirmar la sentencia del aquo, sin entender la función
revisora de quien ejerce control sobre los subalternos, justificando la
sentencia que les llegó en grado de apelación, inaplicando el principio “da
mihi factum, dabo tibi ius”, es decir, no son las partes las que conocen
el derecho, sino los que exponen los hechos y es el juez quien aplica la ley,
porque –se supone- es el que la conoce, por lo que deviene en violación del
orden público y buenas costumbres, cuando los jueces superiores aducen:
3.1.- Es pertinente señalar, para
resolver el caso, que reconocida doctrina señala que la causal de
inexigibilidad de la obligación: “significa que la obligación en cuestión se
encuentra sujeta a plazo todavía no vencido o sometida a condición o cargo
pendiente de cumplimiento”
En esto estriba
la colusión entre jueces y parte, pues en el derecho peruano NO EXISTE COMO
FUENTE DEL DERECHO LA DOCTRINA, siendo las únicas fuentes de derecho aplicables
en el Perú, LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, conforme así lo establece de manera
imperativa el artículo 51° cuando dispone: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las
normas de inferior jerarquía, y así
sucesivamente” por lo que como lógica consecuencia, los jueces CUANDO ADMINISTRAN
JUSTICIA, lo único que tienen que tener como punto de partida es LA LEY, y en
este caso concreto, dirimir cuál ley es la norma preferida, si el artículo
690-D del CPC, o los artículos 1314°, 1315° y 1316°, en concordancia con el
D.S. N° 044-2020-PCM, a los efectos de emitir una sentencia justa, lo que al no
haberse dado en este caso, me legitima para demandar la nulidad de cosa juzgada
fraudulenta por estar acreditada la violación del
debido proceso y por ende la colusión entre jueces y el Banco de Crédito del
Perú.
1.5.- En este orden de ideas, es
innegable que los jueces y la parte beneficiada con la colusión, BCP han
pisoteado a su gusto el articulo 138° de la Constitución de 1993, que declara:
"La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la
Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre
una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera.
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Y
en la práctica los jueces han impuesto su libre arbitrio, por sobre el IMPERIO
DE LA LEY, como podemos inferir de lo expuesto en el numeral 4.2 de la
sentencia, que reproduzco:
4.2 En este caso, de la revisión
del escrito que contiene la contradicción (folio noventa y tres a noventa y
siete) no se aprecia que los co ejecutados: Florencio Ayala Chirinos y Elsa
Rosa Mamani Huallpamaita hayan precisado en cuál de los tres aspectos se
enmarcaría su contradicción; por lo que, es liminarmente improcedente.
Como es de
verse, los jueces NO ADMINISTRAN JUSTICIA, conforme a lo que dispone los
artículos 138° y 139° de la Constitución, y todos los artículos del Título
Preliminar del C.P.C. , sino que buscan algún pretexto, que achacar al
justiciable y descargar sobre él la justicia marginal que viene de Lima, y que
ya llegó a Arequipa, por lo que nuestros jueces ya no imparten justicia como
antes, con justicia, pues antes los jueces demostraban su conocimiento del
derecho, enseñando a los justiciables qué es la justicia y cómo se debe exigir,
por lo tanto, en este caso concreto, los jueces deben analizar –por el
principio de congruencia- si lo que pide el justiciable es justo o no, para
resolver el conflicto de intereses, y no apegarse a las formalidades como lo
hacía el derogado Código de Procedimientos Civiles, vale decir: el Juez debe
aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por
las partes o lo haya sido erróneamente. como así lo impone el debido proceso
expresado en el artículo VII del Título Preliminar del CPC. y en consecuencia,
por sus propios fundamentos, la sentencia de vista devine nula de pleno derecho
por la colusión de los jueces con el BCP, al inferir, la falacia:
“4.3.- En efecto, siguiendo a la
Corte Suprema en la Casación número 2402- 2012-Lambayeque, “las causales para
el contradictorio se describen en los tres supuestos que recoge el artículo
690-D del Código Procesal Civil; son causales cerradas, no cabe interpretación
extensiva a otros supuestos que no sean los expresamente regulados en dicho
artículo; de ahí que el texto de la norma señala ‘(…) la contradicción sólo
podrá fundarse segunda la naturaleza del título en (…)’, de tal manera que el
Juez debe declarar liminarmente la improcedencia de la contradicción si ésta se
funda en supuestos distintos a los que describe la norma”.
Esa falacia se
llama “argumentum ad ignoratiam[1]”, puesto que los fundamentos de la Casación son objeto de
un proceso en circunstancias NORMALES, pero, la sentencia del aquo, que se le
entrega a los jueces revisores, se ha dado en una circunstancia especial de
EMERGENCIA y por ende, OPERA EL CASO FORTUITO Y LA FUEZA MAYOR, que tiene
sustento material en el artículo 1315° del CC., por lo que por voluntad de la ley, estamos en una circunstancia que califica como
CAUSAL DE INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, y como lógica consecuencia, queda
establecido POR IMPERIO DE LA LEY, que no solo se establece como inexigibilidad
que “la obligación en cuestión se
encuentra sujeta a plazo todavía no vencido o sometida a condición o cargo
pendiente de cumplimiento”, como aducen el Aquem en la sentencia de vista,
sino, cuando por cualquier circunstancia no imputable al deudor, sea legalmente
imposible exigir el pago de la deuda. lo contrario significa el imperio de la
injusticia, o poner la administración de justicia en manos de bancarios y
ricachones, para servir a sus intereses
personales, por lo que es innegable que los jueces han violado los incisos 3),
5) y 14) del artículo 139° de la Constitución de 1993, por lo que estoy
legitimado para interponer la presente.
1.6 La colusión entre jueces y BCP, se
demuestra con la voluntad de violar la
ley, para servir a intereses personales, siendo así, que los jueces han violado
el artículo 6 de su propia Ley Orgánica, que a la letra dice: "Todo proceso judicial, cualquiera sea su
denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios
procesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, preclusión,
igualdad de las partes, oralidad y economía procesal, dentro de los límites de
la normatividad que le sea aplicable." Sin embargo, hemos comprobado
que en esta parte del país, no existe ni una pizca siquiera, de legalidad,
inmediación concentración, celeridad, ni igualdad de las partes, o sea, no hay
imparcialidad, y prevalece la discriminación. favoritismo o marginación a favor
de los poderosos y en contra de quienes no comparten las excelencias del que
ostenta el poder, como en este caso concreto, en favor del Banco de Crédito del
Perú, que indirectamente es quien resuelva violando con ello el artículo 3° del
C.P.C., que faculta a los jueces “resolver el conflicto de intereses
intersubjetivo”, por tal razón, en la presente demanda, estamos demandando el
mejor derecho a la sentencia que declare que también es causal de
inexigibilidad de la obligación, el caso fortuito o fuerza mayor, que dispone
el artículo 1315° del C.C., que, como ley imperativa, NO REQUIERE PROBANZA,
como temerariamente exigen los jueces demandados, conforme es de verse en el
numeral 4.4 de la sentencia de vista, pretendiendo que el justiciable demuestre
una ley:
4.4.- De otro lado, de la
revisión de los argumentos expuestos en el recurso de apelación se advierte que
el apelante se ha limitado a reproducir los mismos que expuso al formular la
contradicción. No ha diferenciado los argumentos de la apelación destinados a
controvertir los fundamentos expuestos en la resolución que viene en grado de
apelación. En efecto, en la recurrida el Juez a quo ha explicitado que los co
ejecutados no han presentado solicitud de acogimiento al beneficio que alegan,
así como tampoco resolución alguna que otorgue y/o autorice el mismo, como
señala el último apartado de la primera disposición complementaria final de la
Ley número 31050.
1.7 En tal contexto y para evitar
obstáculos que dificulten que proceda la demanda de cosa juzgada fraudulenta, dejo
expresa constancia que no he consentido en el abuso del poder, por lo que mi
parte inclusive a interponer recurso de APELACIÓN, siendo el caso que la
sentencia del aquo ha sido confirmada por sentencia de vista -Resolución Nº 14-
de 4 de enero de 2024, que está viciada de nulidad, que debe ser declarada
judicialmente nula, en aplicación del artículo 122° del C.P.C., por los
siguientes vicios que seguidamente dejo en evidencia:
1.7.1 El Aquem aduce:
“4.5.- Como se ha señalado, los co ejecutados no han ofrecido en su
contradicción medio probatorio que acredite que solicitaron al ejecutante Banco
de Crédito del Perú, como empresa del sistema financiero, acogerse a lo
dispuesto en la referida Ley número 31050 y tampoco que hayan sido declarados
elegibles para ser beneficiados; en el recurso de apelación tampoco se ha
identificado qué medio probatorio acreditaría esta situación; por lo que debe
desestimarse los argumentos del apelante”
Lo afirmado por la sala superior deja en
evidencia que hemos vuelto a los vicios de la prueba tasada del derogado código
de Enjuiciamiento Civil peruano, en que los jueces no estaban obligados a
pensar, sino que debían aplicar el procedimiento indicado, por lo que no cabe
duda que por las venas leñosas del C.P.C. siguen circulando, vivita, los vicios
y corruptelas del procedimiento civil del siglo pasado, en detrimento de la
justicia. lo que me legitima para demandar la nulidad de cosa juzgada
fraudulenta por ser evidente que existe incongruencia entre lo pedido y lo que
resuelven los jueces, la diferencia que existe entre la realidad fáctica y la
realidad que existe en los papeles que contiene el expediente que ni resuelve
el conflicto de intereses, ni garantiza la paz social, creando una nueva
injusticia, pues destruyendo sus tres pilares fundamentales, vivir
honestamente, dar a cada quien lo que le pertenece o de hecho es suyo y no
hacer daño a nadie, por lo que considero que las sentencias devienen nulas por
colusión entre los jueces demandados y la ejecutante BCP, afectando el derecho
a un debido proceso, lo que a su vez, demuestra que la presente demanda
contiene los requisitos que dispone el articulo 178° del CPC., por ser evidente
que los jueces han violado el artículo 50° numeral 6) del C.P.C. expidiendo una
resolución incongruente, que no guarda relación entre lo que hemos pedido y lo
resuelto.
1.7.2 El aquo también aduce:
“En
efecto, el último párrafo de la primera disposición complementaria final de la
Ley número 31050, Ley que establece disposiciones extraordinarias para la
reprogramación y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las
personas naturales y las MYPES como consecuencia del COVID-19, establece: “La
persona natural o MYPE que desee acogerse a lo dispuesto por la presente ley
deberá solicitarlo a la ESF [Empresa del Sistema Financiero], en un plazo
máximo de 70 (setenta) días hábiles de publicado el reglamento en el diario
oficial El Peruano”;
el Reglamento fue aprobado por Resolución Ministerial número 296-2020-EF-15 fue
publicado el dieciocho de octubre del
dos mil veinte”.
Sin considerar
que el artículo 1315 es una ley de orden público, que no está sujeta a la
actuación de ningún medio probatorio, como así lo determina el artículo 190°
del CPC, que a la letra dispone:
“Son también improcedentes los
medios de prueba que tiendan a establecer:
4. El derecho nacional, que debe
ser aplicado de oficio por los Jueces. En el caso del derecho extranjero, la
parte que lo invoque debe realizar actos destinados a acreditar la existencia
de la norma extranjera y su sentido”.
De cuya inaplicación y lo que afirman los
jueces en el párrafo antes citado, queda en evidencia que existe colusión entre
jueces y BCP, para emitir sentencia que agravia mi derecho al debido proceso y
tutela procesal efectiva, lo que me legitima para intentar en esta vía, la
nulidad de la sentencia fraudulenta.
1.7.3 Como consecuencia de la
incongruencia incurrida en la sentencia, queda acreditado que se ha afectado el
derecho a un debido proceso en su versión de la debida motivación de las
resoluciones y del principio de congruencia procesal, como consecuencia del
absurdo de afirmar que la no presentación de una solicitud para expreso
acogimiento a los beneficios que contiene la ley N° 31050, con lo que esa exigencia de presentar
documentos para demostrar que el justiciable tiene derecho a exigir lo que
faculta el artículo 1315° del CC, viola el artículo VI del
Título Preliminar del C.P.C. que dispone:
"El Juez debe evitar que la
desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o
condición social, política o económica, afecte el desarrollo o resultado del
proceso."
Y la no aplicación de esa ley, acredita la
colusión de jueces y parte BCP afectando el resultado del proceso, vale decir,
que nadie puede negar que la ejecución de garantías es un acto fraudulento, que
ejecuta una obligación de pago, inejecutable por causa fortuita y fuerza mayor,
pues la falta de pago no es imputable a nuestra parte, sino consecuencia de una
disposición del gobierno, que ninguna persona puede negar, puesto que todos
sufrimos el confinamiento social obligatorio.
1.8 En mi caso concreto, se violó el
principio de congruencia el cual es considerado como "un principio
normativo que se dirige a delimitar las facultades resolutorias del órgano
jurisdiccional (...) en donde debe
existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los
litigantes y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano
jurisdiccional por el ordenamiento jurídico", por lo que tengo que
recurrir esta vía, para conseguir la nulidad
de cosa juzgada fraudulenta de la sentencia que nos causa agravio y como en
derecho, las cosas se deshacen de la misma manera que se hicieron, tiene que
ser el juez de la materia quien reponga las cosas al estado anterior a la
violación del debido proceso y tutela procesal efectiva, a favor de la
administración de justicia, justa, conforme a lo previsto en el artículo 138°
in fine de la Constitución, acorde con los numerales 3), 5) y 14) del artículo
139° de la misma Constitución Política del Perú.
2- FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL PETITORIO:
2.1 Invoco a mi favor el artículo 178°
del Código Procesal Civil que faculta a pedir en un proceso de conocimiento la
nulidad de una sentencia, alegando que el proceso que la origina -proceso de Ejecución
de garantías, post estado de emergencia
COVID 19, N° 325-2020-0 0407-JM-CI-01 ha sido seguido con fraude, o
colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por el Juez con
una de las partes, como es el presente caso y conforme he expuesto más arriba
(fundamentos de hecho) y la forma cómo es que la colusión ha afectado mi
derecho al debido proceso, por la incongruencia de sus fundamentos que incidió
directamente sobre el fallo.
2.2 Invoco el artículo III del Título
Preliminar del Código Procesal Civil que determina que el Juez deberá atender a
que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos
los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social
en justicia, lo que fue violado en el proceso N° 325-2020-0 0407-JM-CI-01.
2.3 Invoco el artículo 103° de la
Constitución que dispone: "LA
CONSTITUCIÓN NO AMPARA EL ABUSO DEL DERECHO." Y, como la máxima ley,
dentro del Estado Constitucional de Derecho, dispone que NO SE AMPARA EL ABUSO
DEL DERECHO, entonces, estoy legitimado para demandar que se reponga las cosas
al estado anterior a la violación de mi derecho a la tutela procesal efectiva y
el debido proceso y mi derecho a la defensa,, violado por los demandados en el
proceso N° 325-2020-0 0407-JM-CI-01, pues constituye un claro abuso del Derecho,
que NO PUEDE SER AMPARADO POR QUIENES ESTÁN DESIGNADOS POR EL ESTADO PARA
ADMINISTRAR JUSTICIA, que se siga un proceso de ejecución de garantías, a
sabiendas que el ejecutado goza de la protección que brinda el artículo 1315°
del C.C. como consecuencia del estado de emergencia declarado por D.S. N°
044-2020-PCM y en consecuencia es evidente la colusión entre el BCP y los
demandados.
2.4 Invoco el artículo VII del Título
Preliminar del C.P.C[2], que impone al juez la
obligación de aplicar el derecho que corresponde al proceso, lo que significa
el dominio de la plenitud hermética del derecho, y su preferencia por el valor
JUSTICIA. Los justiciables tenemos el derecho a exigir la pretensión que
consideremos adecuada a nuestros intereses siempre que se enmarque dentro de la
legalidad. Empero, tomando en consideración que se ha incurrido en nulidad
insalvable, por imperio del artículo 219° inciso 4 del Código Civil, se debe
amparar mi demanda en estricta sumisión al artículo 1315° del C.C..
2.5 En tal sentido invoco el artículo II
del Título Preliminar del Código Civil, que ha sido inaplicado en el proceso N°
325-2020-0 0407-JM-CI-01, a los efectos de protegerme contra el abuso del
derecho, y reclamar el respeto por la seguridad jurídica y el orden público y buenas
costumbres del país.
2.6 Invoco el artículo 924° del C.C., que
dispone: Aquel que sufre o está amenazado de un daño porque otro se excede o
abusa en el ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado
anterior o que se adopten las medidas del caso, sin perjuicio de la
indemnización por los daños irrogados." Que se acredita con la voluntad
del BCP de ejecutar unas garantías, a sabiendas q ue recién nos estamos estabilizando luego de la
promulgación del D.S. N° 044-2020-PCM, y se nos lanza encima con toda codicia y
que los jueces, lejos de administrar justicia de manera imparcial, acogen el
abuso desmedido del BCP, omitiendo aplicar la ley que corresponde al proceso
(art. 1315° CC), deja en evidencia la violación del debido proceso en nuestro
agravio.
3.- MEDIOS PROBATORIOS: Ofrezco el mérito
de los siguientes:
3.1 El expediente N° 325-2020-0
0407-JM-CI-01, sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, que deberá solicitarse al SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL de
Mollendo, con objeto de probar que en dicho proceso se violó el debido proceso
y la tutela procesal efectiva, la motivación de las resoluciones judiciales y
mi derecho a la defensa, demandando ejecución de garantías, con absoluto
menosprecio a las circunstancias reales que vive el país, omitiendo los efectos
jurídicos y económicos del D.S. N° 044-2020-PCM, que declaró estado de
emergencia sanitaria y ocasionó un estado que califica como causal de caso
fortuito o fuerza mayor que impone el artículo 1315° del C.C. que fue
inaplicado por los jueces demandado. Anexo fotocopia de la sentencia para
probar su preexistencia.
3.2 Fotocopia de la Sentencia Resolución 09-2023
de fecha 05 de junio del 2023, con objeto de probar la colusión entre juez y
parte, conforme a los fundamentos de hecho y derecho expuesto en la presente.
3.3 Fotocopia de la Sentencia de Vista,
Resolución Nº 16-2024-3SC de fecha 04 de
enero de 2024, emitida por la TERCERA SALA CIVIL de Arequipa, con objeto de
probar la colusión entre jueces y parte para seguir un proceso fraudulento de EJECUCIÓN
DE GARANTÍAS ejecutado por el BCP, siguiendo el proceso de ejecución sin
aplicar el artículo 1315° del C.C. a sabiendas que hemos estado confinados más
de un año, sin ningún tipo de trabajo productivo, por lo que se convirtió la
obligación en inejecutable, por el momento.
VIA PROCEDIMENTAL PROCESO DE
CONOCIMIENTO.
MONTO DEL PETITORIO. No apreciable en
dinero.
OR LO EXPUESTO
Al juzgado pido admitir a trámite la
presente.
ANEXOS:
1.A Comprobante de pago de arancel
judicial por ofrecimiento de pruebas.
1.B Comprobante de pago de arancel
judicial por cédulas de notificación.
1.C Fotocopia de la Fotocopia de la
Sentencia Resolución 09-2023 de fecha 05 de junio del 2023.
1.D Fotocopia de la Sentencia de Vista,
Resolución Nº 16-2024-3SC de fecha 04 de
enero de 2024, emitida por la TERCERA SALA CIVIL de Arequipa
1.E Fotocopia del D.N.I. de cada uno de
los demandante.
Mollendo
17 de febrero de 2024
[1] FLORENCIO MIXÁN MASS Ediciones BLG 1998, Lima Perú, INFERENCIAS
INCORRECTAS, página 70 y siguientes)
[2] El juez debe aplicar el
derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes
o lo haya sido erróneamente, sin embargo no puede ir más allá del petitorio ni
fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las
partes.
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