EXPEDIENTE Nº 00485-2023-0-1411-JR-CI-01
ESCRITO Nº 02
ESPECIALISTA: CESAR SASIETA FAJARDO
SUMILLA: APELACION SENTENCIA DE IMPROCEDENCIA.
AL JUZGADO ESPECIALIZADO
CIVIL DE PISCO.
PEDRO
JULIO ROCCA LEÓN, abogado, en el proceso de amparo contra el juez del
juzgado de trabajo de Pisco, Francisco Alejandro
García Ferreyra, por violación de los derechos humanos por corrupción del
sistema de justicia, en la modalidad de vulneración de la tutela procesal
efectiva y del debido proceso en mi agravio, por no ceder ante la corrupción
dominante, dice:
Que, habiendo sido notificado el 30 de enero de 2024,
en mi casilla SINOE 7821, con la sentencia de improcedencia, RESOLUCIÓN N° 04, de fecha 29 de enero de 2024, que declaró
IMPROCEDENTE la demanda 13/18, interpuesta por
PEDRO JULIO ROCCA LEON contra FRANCISCO
ALEJANDRO GARCIA FERREYRA EN SU CONDICION DE JUEZ LABORAL DE PISCO Y EL
PROCURADOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL sobre ACCION DE AMPARO, en consecuencia
ORDENO, que consentida y/o ejecutoriada que sea, se cumpla con la publicación
de la sentencia, en la formalidad prevista por ley.- Sin costas, Ni costos por
no haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 2. IMPONER MULTA
CONSISTENTE EN DIEZ (10) URP AL ABOGADO PEDRO JULIO ROCCA LEON, a razón de CINCO
URP por la inconducta precisada en el fundamento 8.1. de la presente resolución y CINCO URP en el incumplimiento de
sus deberes establecidos en el fundamento 8.2.
y siguientes de la presente resolución; todo ello en virtud del inciso 1 del
art. 52, 53, e incisos 3 y 4 del art. 109 del Código Procesal Civil, asimismo,
en aplicación del inciso 5 del art. 288 del TUO de la LOPJ; DENTRO DEL TERMINO
DE DIEZ DIAS HABILES, bajo apercibimiento de formarse el cuaderno de multa y
remitirse al Juzgado de Ejecución Coactiva de Multas en caso de incumplimiento
para que proceda conforme a sus atribuciones”.
Dentro del plazo señalado en el artículo 22° de la Ley
N 31307, interpongo recurso de APELACIÓN,
contra la resolución denegatoria de justicia, con la esperanza que sea anulada
totalmente, por los siguientes fundamentos:
1.- ERRORES DE
HECHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA DE IMPROCEDENCIA
1.1 El juez no ha procedido de manera correcta al
emitir el juicio que valore contradictorio con la verdad, pues la verdad es que
el abogado PEDRO JULIO ROCCA LEÓN, es abogado patrocinador del colega abogado ANDRES
AMADO VALENTIN ALMEYDA, desde el momento de interposición de la demanda sobre pago
de BENEFICIOS SOCIALES contra su ex empleador RAUL E. CAMACHO CAMACHO,
signándose dicho proceso laboral con expediente N° 00001-2016-32-1411-JR-LA-0, manteniéndome
como su abogado defensor hasta la actualidad, y hasta cuando de manera expresa,
manifieste su voluntad de cambiar de abogado y domicilio procesal por otro, lo
cual no ha sucedido por ser su abogado que lo defiendo por solidaridad gremial
y no por dinero, por lo que es evidente que el aquo emite juicios subjetivos,
que los científicos denominan suposiciones gratuitas, como vicios en el juicio,
que malogran el principio de razón suficiente en beneficio de las
arbitrariedades, o como dice la Biblia, chismes. conversación de borrachos o de
estafadores, que son fuentes constantes de discordia entre las personas.
1.2 El aquo ha actuado como juez y parte, para defender
lo indefendible, con total falta de imparcialidad, parcializándose con el
demandado para lo cual HA IGNORADO TOTALMENTE lo que disponen las siguientes
leyes:
1.2.1 Artículo
289° del TUO de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, cuyos efectos jurídicos ha
quedado demostrado que los jueces,
lo ignoran o no saben definir cuál es la voluntad de esa ley, cuando dispone de
manera imperativa:
Son derechos del Abogado Patrocinante: 1. Defender
con independencia a quienes se lo soliciten EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO;
Acredito la falta de capacidad para interpretar la ley
y razonar juicamente en el caso concreto[1],
cuando los jueces distinguen donde la ley no distingue, puesto que si la ley
invocada dispone que patrocino EN
CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO, no se explica con razón suficiente, lo que han
querido decir el aquo cuando aduce en el considerando Quinto: “Fundamentos de
la decisión” numeral 5.2.:
“Por lo que mal hace el abogado demandante
PEDRO JULIO ROCCA LEON al señalar
que en su
calidad de abogado
de ANDRES AMADO
VALENTIN ALMEYDA no ha sido
debidamente notificado con la decisión cautelar emitida en la res N° 01 del
incidente 000001-2016-32 objeto de pronunciamiento, cuando no se advierte ni se encuentra acreditado que el referido
letrado PEDRO JULIO ROCCA LEON no ha
tenido la condición
de abogado defensor
de ANDRES AMADO VALENTIN ALMEYDA
en dicho proceso cautelar, para lo cual se debe de tener en cuenta lo
dispuesto por el artículo 635° del Código Procesal Civil “Todos los actos
relativos a la obtención de una medida cautelar, conforman un proceso autónomo
para el que se forma cuaderno especial…”, esto es, que cada cuaderno cautelar
constituye un proceso autónomo con sus
propias reglas, en
el que se
someten las partes
apersonándose
Lo cual es
una interpretación deleznable de la ley, que atenta contra el principio de la
DEFENSA CAUTIVA, Y tampoco existe razón suficiente que explique los
argumentos esgrimidos en el SEXTO considerando, cuando aduce:
. Asimismo, sin perder de vista lo que obra en
el expediente se advierte por el
Juzgador que el abogado demandante PEDRO JULIO ROCCA LEON al no haber
patrocinado en el proceso cautelar que demanda ser notificado debidamente con
dicha decisión de Improcedente de la solicitud cautelar, siendo que para ese
entonces no había sido autorizado para representar a ANDRES AMADO VALENTIN
ALMEYDA; es decir, que temerariamente y de mala fe el hoy accionante se
apersona por ante dicho cuaderno de medida cautelar sin ser parte integrante o
haberse apersonado en calidad de abogado
defensor de ANDRES AMADO VALENTIN ALMEYDA menos aún que haya sido autorizado
por su “patrocinado” (mediante escrito de fecha 03 de setiembre del 2023), lo
que motivó la declaratoria de consentida de la decisión que cuestiona y el
archivamiento definitivo por no haber interpuesto apelación alguna a través de
la res N° 02 que lo haya acreditado como la defensa de ANDRES AMADO VALENTIN
ALMEYDA siendo que pretende atribuirse dicha facultad en este proceso cuando ha
debido también acreditarlo en el proceso cautelar 00001-2016-32, todo lo cual
constituye una conducta maliciosa y temeraria, la cual, según el artículo 112°
del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria),precisa que se configura
cuando: “….Se considera que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes
casos: 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la
demanda, contestación o medio impugnatorio…”, por lo que a criterio de este
tribunal, en el presente caso estamos frente a un accionar temerario por parte
del demandante.
He destacado el mal uso o mala interpretación de la
expresión “temerariamente y de mala fe”
por parte del aquo, que revela no solo su ignorancia al definir las palabras,
sino el abuso de poder para utilizar la ley como garrote para asestarlo sobre
el justiciable, gratuitamente, lo que para el abogado demandante significa que
la corrupción imperante en el sistema de justicia de esta provincia –Pisco-
está utilizando como PRETEXTO, para eludir la recta administración de justicia,
en relación con el vicio consuetudinario de nuestros jueces, manteniendo
porfiadamente el acostumbrado vicio procesal de NO NOTIFICAR LAS SENTENCIAS Y
RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL PROCESO, y de esa manera impedir que la parte que
no es de sus simpatías, tome conocimiento del contenido de las resoluciones
judiciales e impedir que puedan impugnar las resoluciones mal dadas y si el
abogado fiel a sus principios exige el respeto por la ley, los jueces lo
agreden demostrando su falta de argumentos para impartir justicia justa,
utilizando para refutar los fundamentos jurídicos de los abogados, la viciosa
falacia “argumentum ad baculum”[2], con
la mala intención de sojuzgar a los justiciables, imponiendo la fuerza sobre la
inteligencia, lo que es usual en Pisco, donde los jueces imponen su arbitrio por
encima de la razón, la Constitución y la ley, por lo que al imponer la ley de
la Selva, esto es la razón suficiente que explica por qué es imposible
controlar la delincuencia, la inseguridad ciudadana y luchar contra la
corrupción..
En este caso concreto, el aquo resuelve de manera
incongruente con la pretensión demandada, pues ha TERGIVERSADO la pretensión
concreta que se advierte en el considerando segundo de la sentencia de
improcedencia, que reproduzco para dejar en evidencia las contradicciones en que
incurre el aquo, en contra de sus propios decires:
Segundo: Pretensión Constitucional: Por el
escrito de folios 13/18 se apersona a la instancia PEDRO JULIO ROCCA LEON
abogado de ANDRES AMADO VALENTIN ALMEYDA e interpone demanda de AMPARO contra
Francisco Alejandro García Ferreyra y el Procurador Público del Poder Judicial con la finalidad de que cumpla con su obligación de
notificar mediante cédula la resolución que pone fin al proceso cautelar Exp.
N° 1-2016-321411-JR-LA-0 que se deriva de la
demanda sobre pago de Beneficios Sociales, por haber el demandado Francisco Alejandro García Ferreyra vulnerado lo que
dispone el art. 1, el art. 155-E y el art. 290 de la LOPJ,
además del art. 157 del CPC; el art. 9 de la Ley N° 31307 en congruencia con el art. 138 además
de los incisos 3, 5 y 14 del art. 139 de la Constitución. :
He destacado en letras en negrita y en 14 o más puntos,
la pretensión concreta, a fin que los tribunos del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
aprecien cómo es que para ELUDIR ADMINISTRAR JUSTICIA, los jueces tergiversan
las pretensiones de los justiciables y reemplazan lo real por un embuste, colocando
en lugar de lo correcto, lo que se les
da su gana, para luego resolver sobre dichas arbitrariedades propias del juez,
sin que el justiciable acceda a un recto proceder del juez, y por ende, jamás
logra una sentencia con el debido proceso, sino sentencias abusivas propias de
un estado déspota –pues no se respetan los DDHH ni el artículo 43° de la
Constitución, de lo que fluye que no solo no respetan ni hacen cumplir las
leyes, sino que además, han abrogado el principio constitucional que en el
papel nos declara como República democrática y social, pero en la práctica imponen
el gamonalismo, las influencias y un estado policiaco déspota, que nos identifica
más con el fascismo, que con el socialismo.
Esa forma sutil de adulterar los hechos cambiando la
pretensión real, por otra que no he dicho, el maestro Mixán Mass[3], nos
la hace conocer como falacia de “FALSA OPOSICIÓN LÓGICA”, que es el vicio que
más se utiliza en Pisco por parte de
jueces y fiscales, para emitir las sentencias aberrantes a las que nos
tienen sometidos desde hace décadas.
Según el maestro Florencio Mixán Mass,
Se incurre en la llamada "falsa oposición lógica" cuando en
un debate o discusión se imputa al oponente una afirmación o negación que él no ha formulado ni siquiera
implícitamente ("se le hace decir lo que no dijo") y acto seguido
se esgrimen argumentos para "refutar" esa afirmación o negación
inexistentes y finalmente se concluye que la tesis del contrincante "ha
sido refutada". Pero, como, en
la realidad, esa tesis es inexistente, su refutación resulta más que falsa: sencillamente
imposible. Sin embargo, la
habilidad del autor de la falacia de "falsa oposición" podría tener
éxito si el oponente y/o el auditorio no han puesto la debida atención para
descubrir el ardid.
Es así que con la astucia que caracteriza a los jueces
de Pisco, para entregarnos camones en vez de papas, aducen –por ejemplo- que la
pretensión concreta que he pedido “que se obligue al juez laboral que cumpla
con notificar mediante cédula conforme manda el artículo 155E del TUO de la
LOPJ” lo olvidan y emiten una interpretación de lo pedido, diciendo cualquier
cosa, menos se enfocan en el “thema decidendum” y terminan por resolver
cualquier cosa, menos en congruencia con lo pedido, por lo que lo resuelto no
tiene ninguna coherencia con lo pedido ni con lo actuado, violando el artículo
III del título preliminar del CPC. dejando sin resolver el conflicto de
intereses ni aclarando la incertidumbre jurídica dejando las cosas como estaban
antes de la interposición de la demanda, por lo que en este caso, el aquo por
pura identidad gremial con el juez abusivo, declara que el abogado PEDRO JULIO
ROCCA LEÓN, quien demanda que se respete
la ley y se notifique como la ley manda, no tiene facultades para demandar
los intereses difusos, de muy alto valor jurídico que consiste en “OBLIGAR AL
JUEZ QUE CUMPLA Y HAGA CUMPLIR LA LEY” respetando la seguridad jurídica, y no
nos sigan manteniendo en el caos jurídico que se refleja en el caos social y
político del país, donde a imitación de los jueces de Pisco, cada quien hace lo
que se le antoja, sin respeto alguno por el derecho ajeno, ni por la
Constitución ni por la Ley. En consecuencia es evidente que el aquo viene utilizando
pretextos fútiles para no resolver un PROCESO DE AMPARO, aduciendo que no soy
abogado defensor en la medida cautelar y
en consecuencia, no tengo derecho a exigir que se notifique mediante cédula
como manda el artículo 155-E del TUO de la LOPJ, a fin de no recortar el
derecho a la defensa, que se ha violado de manera absoluta, desde el momento
que el procurador y el juez del proceso de amparo, están de acuerdo en que la resolución que NO HA SIDO NOTIFICADA,
ya fue declarada consentida y firme y
archivado el cuaderno de medida cautelar, (creando un círculo vicioso) sin
tomar en consideración que dicho acto antijurídico, significa que se CONSUMÓ el delito de abuso de
autoridad, cometido por el juez laboral, al OMITIR NOTIFICAR COMO MANDA LA LEY - Artículo 155-E del TUO de la LOPJ
que dispone
Sin perjuicio de la notificación electrónica,
las siguientes resoluciones judiciales DEBEN SER NOTIFICADAS SOLO MEDIANTE
CÉDULA: 1. La que contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de
rebeldía y LA MEDIDA CAUTELAR
He destacado en letras mayúscula y en negrita las
expresiones “DEBEN SER NOTIFICADAS SÓLO
MEDIANTE CÉDULA” y “LA MEDIDA
CAUTELAR”, a
efecto de hacer constar la parte que LOS JUECES DE PISCO, “por mucho que miran, no ven; por más que
oyen, no entienden” (Marcos
4) lo que ME LEGITIMA, COMO
ABOGADO DEFENSOR LEAL A LA DEFENSA CAUTIVA y al CODIO DE ÉTICA, A EXIGIR MEDIANTE EL PROCESO DE
AMPARO, QUE LOS JUECES -alguna vez- RESPETEN LA LEY Y mejor aún que LA CUMPLAN Y LA HAGAN CUMPLIR, en
este caso concreto, NOTIFICANDO A LAS PARTES PARA QUE SEPAN CUAL ES LA DECISIÓN
JUDICIAL Y SUS ARGUMENTOS, para no vulnerar el derecho a la defensa de los
justiciables de Pisco..
1.2.2 El mal
proceder del juez para denegar justicia, se verifica al haber cerrado los ojos
a la verdad que contiene el artículo 293° del TUO de la LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL, que dispone:
Artículo
293.- El Abogado tiene derecho a
defender o prestar asesoramiento a
sus patrocinados ante las autoridades judiciales, parlamentarias,
políticas, administrativas, policiales y militares y ante las entidades o
corporaciones de derecho privado y ninguna
autoridad puede impedir este ejercicio, bajo responsabilidad.
He destaco
en negrita y subrayado lo que los jueces no quieren ver, para cometer sus
injusticias o sus arbitrariedades, en contra de los oprimidos y desvalidos,
como caracteriza a los Fiscales y jueces de Pisco, que cobran para causar daño
y no para administrar justicia, como así
está escrito: “Los hijos de Dios y del
diablo, se reconocen en esto: el que no
obra la justicia no es de Dios y tampoco el que no ama a su hermano, pues
se les enseñó desde el principio que se amen los unos a los otros. No imiten a
Caín, que mató a su hermano, porque era del maligno” (1
carta de Juan cap 3:10)
La ley
citada -artículo 293° del TUO de la LOPJ- concuerda con lo que dispone el artículo 132°
del C.P.C. y el artículo 3) del Código de Ética Profesional del Colegio de
Abogados de Lima, que dispone que el abogado debe mantener incólumes el honor y la dignidad profesional y que tiene, por tanto, no sólo el derecho sino
el deber de reprochar y denunciar la conducta irregular de colegas, jueces y
funcionarios públicos ante quien corresponda.
En consecuencia no por mucho suponer arbitrariamente
que la defensa cautiva ha quedado sin efecto, porque el
patrocinado que también es abogado colocó su firma y sello (por
imposibilidad física que pueda hacerlo yo) ese acto produce automáticamente la
subrogación del abogado defensor, puesto que el cambio o subrogación del
abogado exige un escrito que exprese de manera clara la voluntad del
justiciable que así lo declare, por lo que no basta que el juez lo suponga, sino que, como juez, está en la obligación de sustentarlo bajo
el principio “ONUS PROBANDI EI QUI ASSERIT” y si no lo prueba queda en
evidencia que no es juez, sino una persona que aparenta serlo, pero que lo que
administra es cualquier cosa, menos justicia y en consecuencia la SENTENCIA DE
IMPROCEDENCIA deviene nula de pleno derecho, lo que deja en evidencia que la
JNJ y el Presidente de la Corte de justicia de Ica, tienen la culpa de este
caos jurídico, político y social, al obrar negligentemente en la designación de
sus jueces, los que., como en este caso
concreto, no son nombrados para administrar justicia, sino con el exclusivo fin
de desatar las represalias en contra de los abogados que no sucumbimos ante la
corrupción de estos tiempos del Apocalipsis.
En tal sentido, es irrazonable que un juez, que no
conoce su propia ley, ni los fines de los procesos, que no ofrece ninguna
garantía procesal para una recta administración de justicia, administre
justicia de manera arbitraria y contra la ley, por lo que -al no haber cumplido
su deber de acreditar objetivamente, con criterio de conciencia, lo que dice,
para denegar justicia, ni expicar con razón suficiente por qué si pido que
obligue al juez a RESPETAR LA CONSTITUCION Y LA LEY y CUMPLIR LO QUE MANDA LA
CONSTITUCION Y LA LEY- la declaración de improcedencia que contiene la sentencia
deviene nula de pleno derecho, por constar de su propio tenor, que se ha tergiversado
la pretensión de la demanda y las leyes invocadas, para resolver sobre algo que
no guarda congruencia con la pretensión, haciendo creer que ha dicho lo que no
he dicho ni por pérdida de la conciencia que me conduzca a pedir cosas sin
sentido, de lo que se infiere lógicamente que no cabe duda que se me está
sometiendo a un sistema de justicia despótico, en el que el aquo acredita que
carece de capacidad para interpretar y razonar jurídicamente en el caso
concreto[4] por
lo que está claro que se ha resuelto la improcedencia de la demanda, en base a
presunciones absurdas, como por ejemplo que el patrocinado ha decidido cambiar
de abogado, -como es una constante en Pisco, donde los jueces que carecen del
perfil de juez que señala la ley de la carrera judicial constantemente piden a mis clientes que “cambien
de abogado”, como condición para emitir sentencia que ponga fin al
proceso, de lo contrario -como está
probado en todos los procesos civiles, penales, contencioso administrativo y
constitucionales en que ejerzo la defensa -y que este ni ningún otro juez puede
negar- se mantienen paralizados bajo la poltrona de los jueces, o se buscan
pretextos para eludir una recta administración de justicia, pero a pesar de
eso, mis defendidos y yo, permanecemos firmes en la fe en Dios, que nos enseña
que en esta hora de dominación de la bestia, (comienzo del Apocalipsis) es la
hora de la perseverancia y de la fe, por lo que no nos amilanamos ante el
dominio de la corrupción y el triunfo momentáneo de los destinados al fuego
eterno, con plena conciencia que este caso puede llegar hasta la CIDH, si Dios
lo permite.
1.2.3 LA
SENTENCIA RESULTA INCONGRUENTE ENTRE LO PEDIDO, LO ANALIZADO Y LO RESUELTO, POR
LO QUE DEVIENE NULA DE PLENO DERECHO
En efecto y para no abundar en las disquisiciones del
aquo, es evidente que no existe congruencia entre lo que se afirma en el
numeral 2 de la sentencia de improcedencia, en que se describe muy bien lo que
pretendo mediante este proceso, y su notoria incongruencia con lo que el aquo
aduce en el considerando Tercero: “Fundamento Constitucional del Procedimiento” (destaco en negrita la verdad irrefutable de lo que pasa en Pisco, en
que los jueces, pese al tiempo transcurrido aún no entienden la diferencia que
existe entre “procedimiento” y “proceso” y siguen aplicando todos los vicios y
corruptelas del sistema inquisitivo, por lo que no logramos salir del caos
jurídico que viene a ser fuente del caos social y político en que estamos
sumergidos.) ”. Así tenemos que el aquo, irresponsablemente
dice.
3.1. Que, de conformidad con lo dispuesto por
el inciso 2) del artículo 200 de la Constitución, al establecer que. “…La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los
demás derechos reconocidos por la
Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No
procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de
procedimiento regular”.
3.2. Asimismo, cabe precisar que son principios y derechos de la función
jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional
tal como lo consagra el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución. En
el presente caso de acuerdo con los términos de la demanda el actor recurre al
amparo, al sustentar la pretensión en la afectación al debido proceso en su
aspecto formal o adjetivo.
3.3. Siendo ello así, el debido proceso, desde
el punto de vista adjetivo constituye un plexo de garantías procesales
expresados positivamente en nuestro ordenamiento, que constituye la seguridad de que el ciudadano no será privado de
ninguno de sus derechos, sean
estos fundamentales o comunes, sin la tramitación de un proceso desarrollado en
la forma que sanciona la ley.
3.4. Asimismo, cabe agregar que el
derecho a la motivación de las resoluciones es un derecho implícito, que genera
la obligación de que dichas resoluciones deban contar con suficiente motivación
tanto de los hechos como de la interpretación y/o razonamiento de las normas
invocadas.
3.5. Con relación a la tutela jurisdiccional efectiva, se entiende a esta como aquel
derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o
sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales,
independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual
legitimidad que pueda, o no, acompañar a
su petitorio. Consecuentemente, dicho derecho no solo persigue asegurar la
participación o el acceso del
justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento
para cada tipo de pretensión, sino que se
busca garantizar que el resultado obtenido pueda ser materializado con una
mínima y sensata dosis de eficacia”
Igualmente he destacado en negrita y subrayado la
verborrea del juez que aparenta un buen conocimiento del proceso y sus
categorías, con el fin que los tribunos del TC puedan mejor resolver la FALTA DE CONGRUENCIA, entre lo pedido y
lo resuelto, puesto que he pedido que se
notifique mediante cédula la resolución que puso fin a la medida cautelar, por
ser un derecho del justiciable previsto en el artículo 9° de la ley N° 31307,
como derecho que privilegia la TUTELA PROCESAL EFECTIVA y sin embargo, pese
a toda la verborrea, el aquo NO APLICA LO QUE DICE, SINO QUE POR EL CONTRARIO
SE CONTRADICE y en lugar de resolver conforme a toda la verborrea que contiene
el considerando tercero, resuelve en contra de lo que el mismo ha dicho en el
considerando segundo, por lo que
nadie puede negar que se contradice a sí mismo, lo que me legitima para
impugnar la sentencia totalmente incongruente,
que pone de manifiesto la falta de capacidad para interpretar y razonar
jurídicamente en el caso concreto de los jueces de Pisco, designados ex
profesamente por el Presidente de la Corte de Ica, para perjudicar adrede, la
administración de justicia de esta provincia, ya que los mejores se quedan en
Ica.
1.2.4 EL
AQUO VIOLA EL DEBIDO PROCESO DECIDIENDO A PRIORI LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMDANDA
MEDIANTE ARGUMENTOS INSOSTENIBLES COMO SE APRECIA EN EL CUARTO CONSIDERANDO.
En el Cuarto considerando bajo el título “IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA” el aguo
aduce: .
4.1. De la calificación de la demanda: 2.1.
Que, Al respecto cabe indicar que en toda causa procesal el Juez se encuentra
obligado a efectuar un juicio de procedibilidad de la demanda, en el mismo que
se analiza y verifica si la pretensión tiene todos los requisitos intrínsecos o
de fondo. Si constatara que no tiene todos estos requisitos emitirá un juicio
negativo de procedibilidad, es decir, que declarará improcedente la demanda
(juicio de procedibilidad negativo). Pero, en cambio, si verifica que está contiene
tales requisitos intrínsecos, llegará a la convicción de que la demanda es
procedente (juicio de procedibilidad positivo), en cuyo caso dictará el auto
admisorio de la demanda como lo indica el artículo 430° del Código Procesal
Civil. Siendo el caso que en este juicio
lo que el Juez principalmente analiza y verifica es que la pretensión contenida
en la demanda-, propuesta por el actor, se hace valer en un proceso en
donde concurren los presupuestos
procesales y las condiciones de la acción (también conocidos como presupuestos
materiales). Finalmente, el juicio de procedibilidad negativo impide pasar,
ulteriormente –en la sentencia-, al juicio de fundabilidad. Asimismo, si bien
este juicio suele elaborarse al momento de calificar la demanda, dictar el auto
de saneamiento o expedir la sentencia, cierto es también que el Juez en su
condición de director del proceso, tiene el deber de reconducir y subsanar
aquellos vicios procesales incurridos en la tramitación de una causa.
4.2. En ese sentido, resulta necesario precisar
el artículo 7 del Código Procesal Constitucional que dice: “Artículo 7. Causales de improcedencia No
proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Los hechos y el petitorio de
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente
protegido del derecho invocado. 2. Existan vías procedimentales específicas,
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional
amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus. 3.
El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir
tutela respecto de su derecho constitucional.
4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos
por este código y en el proceso de
habeas corpus. 5. Cuando haya
litispendencia por la interposición de otro proceso constitucional. 6. Si se
trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado o de
entidades de la administración pública entre sí. Tampoco procede entre los
gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí ni contra el Poder
Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial interpuesto por un gobierno
local, regional o entidad pública alguna. En estos casos, la controversia se
tramita por la vía de los procesos de inconstitucionalidad o de competencia,
según corresponda.
A lo que se agregan otros dichos que no vienen al caso
o no guardan relación con la pretensión demandada, que revela la decisión a priori del juez de declarar la improcedencia de la
demanda, omitiendo que la pretensión concreta es que se obligue al juez laboral
que cumpla y haga cumplir la ley, evitando violar los derechos constitucionales
de la persona humana a la tutela procesal efectiva entre las que es obligación
del juez, de respetar: derecho de libre acceso al órgano jurisdiccional, a
probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no
ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos
distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada
en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la
imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y
temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales” y al debido proceso
conforme a las leyes que contiene el título preliminar del C.P.C. vulnerados
por el juez laboral y ratificado en su violación por el juez del proceso de
amparo, lo que me legitima para impugnar el acto arbitrario que me causa
agravios, pues, para decirlo en criollo, pido papas y el juez resuelve sobre
camotes de manera ostensiblemente arbitraria, aparentando conocer el tema, pero
careciendo de capacidad para interpretar y razonar jurídicamente en el caso
concreto, por lo que el encargo le queda muy grande y no da el perfil de juez.
1.2.5 EL AQUO VIOLA EL DERECHO A LA MOTIVACIÓN DE
RESOLUCIONES, SUSTENTANDO SU DECISIÓ EN PUROS SOFISMAS, MEDIANTE ARGUMENTOS
INSOSTENIBLES COMO SE APRECIA EN EL QUINTO CONSIDERANDO DE LA SENTENCIA DE
IMPROCEDENCIA
En el Quinto considerando: Fundamentos de la decisión,
el aquo aduce.
5.1. Al caso de autos, examinados los términos
de la demanda, la contestación de la misma como el escrito presentado por el
Juez demandado así como los anexos de cada escrito en referencia, se tiene en
concreto que vía PROCESO DE AMPARO el
actor en calidad de Abogado de ANDRES AMADO VALENTIN ALMEYDA cuestiona lo
actuado en el incidente cautelar recaído en el expediente n°
1-2016-32-1411-JR-LA-01 tramitado ante el Juzgado Laboral de Pisco, que a
la fecha tiene el estado de ARCHIVADO por no haberse formulado ningún recurso
impugnatorio contra la resolución n° 01 por la que se declara Improcedente la
Medida Cautelar peticionada por ANDRES AMADO VALENTIN ALMEYDA tampoco obra en
dicha cautelar ninguna clase de mecanismo procesal que haya empleado contra
dicha resolución, además no ha cuestionado en su oportunidad la resolución N° 02
de fecha 06 de octubre del 2023 donde el A quo demandado advierte que por parte
del abogado ahora demandante PEDRO JULIO ROCCA LEON no obra escrito alguno
suscrito por el demandante que lo acredite como defensa técnica del mismo o haya sido designado como su nuevo abogado
defensor con lo que no se tiene por presentado su escrito y asimismo, se declara consentida la resolución N° 01
disponiéndose por ende el archivamiento definitivo del proceso cautelar, acreditándose así que el ahora demandante
ha quedado conforme con dicha decisión.
Esta afirmación es totalmente falsa, pues lo que el
juez no ha logrado demostrar objetivamente que mi patrocinado ha variado de
abogado y domicilio procesal de manera expresa y no suponerlo así, pecando
contra el octavo mandamiento de la ley de Dios, levantando falsos testimonios,
pues lo que afirma sólo bulle en su cabeza, pues es imposible que una persona
en dominio de sus facultades pueda concebir lo mismo, siendo una mentira más,
que “el ahora demandante ha quedado
conforme con dicha decisión”, pues de ser verdad, no habría exigido que se
notifique conforme a Ley, la decisión arbitraria del juez.
En el considerando 5.2 el aguo aduce:“ .
5.2. Lo que genera ciertamente sorpresa en el
Juzgador, es que revisado la solicitud cautelar en el sistema integrado
judicial (SIJ), se advierte que el abogado que la suscribe es mismo interesado,
es decir, ANDRES AMADO VALENTIN ALMEYDA, quien también todo parece indicar es
Abogado, habiendo presentado la solicitud de embargo en forma de inscripción
ante el Juzgado Laboral de Pisco signado con el N° 000012016-32-1411-JR-LA-01:
Asimismo, se puede advertir que dicho interesado (demandante) en el proceso
cautelar se apersona por derecho propio y actuando como abogado de sí mismo,
rubrica su solicitud de medida cautela, señalando en su Cuarto Otrosí Digo,
como domicilio “Casilla Electrónica N° 81612”. Siendo el caso, que en su
escrito de subsanación de medida cautelar, el citado interesado de esa causa
laboral (medida cautelar), vuelve a firmar por sí mismo y para sí el escrito de
subsanación, no existiendo la autorización o designación de otro letrado para
que participe o lo represente en dicho cuaderno cautelar, véase el SIJ:
.Esa sorpresa que se causa en el juzgador no es más que
un pretexto fútil para denegar justicia, pues es usual entre abogados y en
cualquier tipo de proceso, que en determinadas circunstancias el abogado
defensor faculte a su patrocinado que pida por favor, con carácter de
reciprocidad, a otro colega que autorice un escrito, sin que tal hecho sea
expresión de voluntad de cambiar o subrogado por parte del defendido, por lo
que estamos ante un hecho subjetivo de parte del juez, que me legitima para
interponer el recurso impugnativo en defensa de los derechos e intereses de mi
patrocinado y en interés propio ante el abuso de poder de jueces que mantienen
una férrea argolla en contra de los justiciables y sus abogados, que no gozan
de sus simpatías.
El juez recurre a otro sofisma insostenible
jurídicamente, cuando afirma:
“Asimismo, luego de
calificarse dicha solicitud de medida cautelar por parte del Juez demandado, se
declaró su improcedencia y se procedió a notificar dicha decisión en su dirección
consignada en dicho cuaderno de medida cautelar, esto es: Casilla Electrónica N° 81612, tal como se puede verificar en el SIJ
Lo cual no da una respuesta arreglada a derecho, al “thema
decidendum”, cual es QUE EL JUEZ
CUMPLA Y HAGA CUMPLIR LA LEY CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 155-E DEL TUO DE LA LOPJ,
que tanta resistencia produce en los jueces de Pisco, para poder cumplir.
1.2.6 EL AQUO VIOLA EL DERECHO A LA VERDAD T A LA
DEFENSA SUSTENTANDO SU DECISIÓ EN HECHOS CONTRARIOS A LA VERDAD UTILIZANDO
INFERENCIAS INCORRECTAS COMO SE APRECIA EN LOS DEMAS DICHOS QUE CONTIENE EL QUINTO
CONSIDERANDO DE LA SENTENCIA DE IMPROCEDENCIA.
Así tenemos que el aquo aduce:
Y si bien en el punto 1.7 de los fundamentos de
hecho de la demanda de amparo, el abogado demandante refiere que el Juez
demandado falta a la verdad puesto que en el escrito de demanda está bien
delimitado que es el abogado del demandante para lo cual cumplió con señalar la
casilla y correo electrónico, cierto es que el ahora demandante confunda
las causas, toda vez que como ya se ha precisado, el proceso principal y el proceso cautelar se tramitan de forma
separada, independiente y autónoma, toda vez que el proceso cautelar,
conforme a la doctrina constituye un procedimiento distinto del proceso
principal, de allí que cuente con sus propias reglas y principio, más aún si en
dicho proceso cautelar, la parte interesada cumplió con apersonarse por derecho
propio y autorizando su escrito como abogado litigante y señalando su domicilio
procesal (casilla electrónica) en la que le fuera notificada con arreglo a ley.
Consecuentemente su pretensión de amparo “por violación de los derechos humanos
por corrupción del sistema de justicia, en la modalidad de vulneración de la
tutela procesal efectiva y del debido proceso en su agravio…”, no se encuentra fundada en un mínimo de
carga probatoria, resultando la presente acción constitucional una pretensión a
todas luces inoficiosa, carente de toda
lógica y claramente temeraria al pretender instrumentalizar el proceso de
amparo como una instancia más de constante revisión de lo resuelto en la vía
ordinaria y buscando la apertura de un nuevo plazo para interponer recurso
impugnatorio que en su oportunidad su “patrocinado” no ejerció.
He destacado en negrita la expresión “NO SE ENCUENTRA FUNDADA EN UN MÍNIMO DE CARGA PROBATORIA, RESULTANDO LA
PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL UNA PRETENSIÓN A TODAS LUCES INOFICIOSA, CARENTE
DE TODA LÓGICA Y CLARAMENTE TEMERARIA AL PRETENDER INSTRUMENTALIZAR EL PROCESO
DE AMPARO COMO UNA INSTANCIA MÁS DE CONSTANTE REVISIÓN DE LO RESUELTO EN LA VÍA
ORDINARIA” que aparece abruptamente y sin concatenación lógica con
alguna premisa lógica, por lo que es evidente que NO EXISTE MOTIVACIÓN EN LO
DICHO y tampoco se ha emitido un pronunciamiento respecto a lo afirmado por el
propio juez: “EL
ABOGADO DEMANDANTE REFIERE QUE EL JUEZ DEMANDADO FALTA A LA VERDAD
PUESTO QUE EN EL ESCRITO DE DEMANDA ESTÁ BIEN DELIMITADO QUE ES EL ABOGADO DEL
DEMANDANTE PARA LO CUAL CUMPLIÓ CON SEÑALAR LA CASILLA Y CORREO ELECTRÓNICO,
Por lo que es evidente que la sentencia carece de motivación y lo que aparece
no es más que una motivación aparente. En el numeral 5.3 el aquo aduce:
5.3. Y en ese mismo sentido, que resulta
pertinente precisar que el amparo contra resoluciones judiciales no procede si lo que se pretende es
replantear o reproducir una controversia resuelta por los órganos
jurisdiccionales (lo que ha sido resuelta definitivamente en la justicia
ordinaria cautelar), por cuanto no constituye un mecanismo de articulación
procesal de las partes que tenga por objeto continuar con la revisión de una
decisión judicial y de ese modo extender el debate sobre la materia justiciable
o sobre alguna cuestión procesal ocurrida al interior del mismo como si se
tratase de una instancia superior más.
5.4. Así, dado que el amparo contra
resoluciones judiciales requiere de un presupuesto procesal indispensable la
constatación de un agravio manifiesto que comprometa el contenido protegido de
algún derecho o algún principio de naturaleza constitucional, si lo que se pretende es el reexamen de lo
resuelto en sede judicial o el análisis respecto de materias ajenas a la tutela
de derechos fundamentales, la demanda resultará
Improcedente (Exp. N° 5194-2005-PA/TC).
Tales consideraciones no son más que un pretexto que
saca de contexto el petitorio de la demanda del proceso de amparo que en
concreto pretende:
exigir al demandado juez que deje de VIOLAR LA LEY a su
antojo, y específicamente, la que garantiza la TUTELA PROCESAL EFECTIVA, al
NEGARSE A NOTIFICARME sus resoluciones conforme dispone el artículo 155-E del
TUO de su Ley Orgánica, por lo que el juez tiene que emitir pronunciamiento “NO
SOBRE UNA CONTROVERSIA RESUELTA POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES (LO QUE HA
SIDO RESUELTA DEFINITIVAMENTE EN LA JUSTICIA ORDINARIA CAUTELAR)” SINO SOBRE UN
DERECHO DE LOS JUSTICIABLES RECONOCIDO POR LA CONSTITUCIÓN COMO “DERECHO A LA
DEFENSA”, OBLIGANDO AL JUEZ OMISO QUE CUMPLA CON NOTIFICARME CON LA RESOLUCIÓN
QUE PUSO FIN A LA MEDIDA CAUTELAR, PARA QUE PUEDA DENUNCIARLO POR ABUSO DE
AUTORIDAD Y OMISIÓN DE SUS DEBERES FUNCIONALES, AL CONSTAR QUE EN DICHO PROCESO
VIENE FAVORECIENDO AL DEMANDADO (NOTARIO PUBLICO) PONIENDO TRABAS PROCESALES
DESDE EL INICIO DEL PROCESO HACIENDO INEJECUTABLE LO RESUELTO EN LA SENTENCIA y
otras irregularidades cometidas al interior del proceso, de los cuales, la
argilla judicial que impera en Pisco, donde se protegen unos a otros, impide
que el justiciable alcance justicia, lo que me legitima para impugnar la
sentencia de improcedencia, con la esperanza de llegar a la CIDH para denunciar
el hostigamiento que se tiene en esta provincia en contra de los abogados que
no se someten a la política del “arreglo”, como puedo acreditar con el
hostigamiento constante que sufro por no ofrecer alguna dádiva para que se
resuelvan los casos en que intervengo conforme a los plazos procesales y que
acredito con la represalia que contiene la sentencia imponiéndome una multa que
todos los abogados que ejercemos la defensa, sabemos que no se nos puede
imponer, por mandato de la Ley, como probaré en la parte atinente a la multa.
2.- ERRORES DE DERECHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA DE
IMPROCEDENCIA:
El aquo ha revelado falta de capacidad para interpretar
y razonar jurídicamente en el caso concreto a partir del artículo 7° de la Ley
N° 31307.
Decido a la falta de capacidad para interpretar y
razonar jurídicamente a partir de casos concretos, el aquo no da pie en bola
equivocando totalmente al redactar la sentencia, por lo que carece de
MOTIVACIÓN, al ignorar que para motivar se tiene que argumentar y que para
argumentar se tiene que partir de un fundamento jurídico o base legal, que, en
este caso concreto, es el artículo 7° de la ley N° 31307.
Entonces, lo que se interpreta no son los hechos, pues
estos son inmutables y no son objeto de análisis. En el proceso de conocimiento
los hechos se describen o exponen, las tesis se fundamentan, los teoremas se
demuestran y las hipótesis se confirman. En la lógica jurídica lo que se
analiza ES LA LEY y nada más.
Entonces, si el juez hubiera aprendido a analizar la
ley, habría efectuado una labor de subsunción de los hechos a las hipótesis
jurídicas que contiene la ley y si vamos a declarar la IMPROCEDENCIA de la
demanda, tenemos que partir del artículo
7° de la Ley N° 31307, que determina las causales para poder dictarla.
Como el aquo ha perdido tiempo en disquisiciones
absurdas para justificar la sentencia de improcedencia, vamos a enderezar el
entuerto, analizando si por imperio de la ley, la demanda debió declararse
improcedente. PARTIMOS DEL HECHO CONCRETO: EXIGIR AL JUEZ QUE CUMPLA CON
NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN A LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR.
Tal pretensión tiene su base legal en el artículo 155-E
del TUO de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL QUE DISPONE DE MANERA EXPRESA:
Artículo 155-E. Notificaciones por cédula Sin
perjuicio de la notificación electrónica, las siguientes resoluciones
judiciales deben ser notificadas solo
mediante cédula: 1. La que
contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía y la medida cautelar. 2. La sentencia o auto que pone fin al
proceso en cualquier instancia. La
resolución notificada por cédula surte efecto desde el día siguiente de
notificada
Vemos que la notificación del auto que pone fin al
proceso en cualquier instancia
únicamente es válida si se notifica mediante cédula.
Ese requisito tiene protección constitucional directa,
en varias leyes contenidas en la Constitución, tales como: Artículo 1° que
garantiza la defensa de la persona humana como
fin supremo de la sociedad y del Estado, y si el juez, omite notificar
el auto que pone fin a la instancia, nos conduce solo a dos opciones: es verdad
o es mentira que afecta el derecho a la defensa. No hay una tercera opción.
Asimismo el artículo 2° numeral 23 garantiza el derecho
de toda persona A la legítima defensa. Y
si el juez omite notificar el auto que pone fin a la instancia conforme a ley,
para impedir que tome conocimiento de su decisión, nos coloca otra vez ante la
disyuntiva, No se notifica para impedir que ejerza su legítima defensa o se
notifica para que ejerza su legítima defensa. No hay una tercera opción.
Finalmente, el artículo 139°, numeral 14) de la
Constitución garantiza como principios y derechos de la función de los jueces: El principio de no ser privado del derecho
de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada
inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con
un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o
detenida por cualquier autoridad”. Consecuentemente es innegable que si un
juez omite notificar al ciudadano una resolución que pone fin a un proceso
cualquiera, viola su derecho a no ser privado del derecho a la defensa en
ningún estado del proceso y asimismo, por extensión, el juez no puede presumir
por su propio capricho, que el litigante subroga a su abogado defensor, de
manera tácita, como presume como es costumbre en el juez de Pisco, que ha
pasado en el caso concreto.
Las leyes invocada acreditan de manera contundente e
irrefutable, que el derecho a la correcta notificación de las Resoluciones es
un derecho que tiene TRES leyes en la constitución que lo garantizan, por lo
que es imposible poner en tela de juicio el valor jurídico por legal y
constitucional de dicho derecho.
Establecido como derecho constitucional el derecho a
ser notificado, vamos a analizar si la pretensión concreta de la demanda, que
se obligue al juez demandado que respete, cumpla y haga cumplir la ley, adolece
de causales de improcedencia o no.
El artículo 7° de la Ley N° 31307, determina 7 causales
para declarar la improcedencia de la pretensión:
Artículo 7. Causales de improcedencia
No proceden los procesos constitucionales
cuando:
1.- Los hechos y el petitorio de la demanda no
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del
derecho invocado.
2.- Existan vías procedimentales específicas,
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional
amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus.
3.- El agraviado haya recurrido previamente a
otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional.
4.- No se hayan agotado las vías previas, salvo
en los casos previstos por este código y en el proceso de habeas corpus.
5.- Cuando haya litispendencia por la
interposición de otro proceso constitucional.
6.- Si se trata de conflictos constitucionales
surgidos entre los poderes del Estado o de entidades de la administración
pública entre sí. Tampoco procede entre los gobiernos regionales, locales o de
ellos entre sí ni contra el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial interpuesto por un gobierno local, regional o entidad pública alguna.
En estos casos, la controversia se tramita por la vía de los procesos de
inconstitucionalidad o de competencia, según corresponda.
7.- Ha vencido el plazo para interponer la
demanda, con excepción del proceso de habeas corpus.
Pues bien, la pretensión de exigir que el juez cumpla
con notificar conforme manda el artículo 155-E del TUO de la LOPJ, califica
como un hecho y un petitorio que no están referidos en forma directa al
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado? La respuesta, obviamente, es que no, por lo
que no se da la primera causal.
La pretensión de exigir que el juez cumpla con
notificar conforme manda el artículo 155-E del TUO de la LOPJ, califica dentro
de los actos procesales que encuentran solución en otras vías específicas,
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional de
defensa que está amenazado o vulnerado, al omitir la notificación del auto que
pone fin al proceso? La respuesta, por supuesto, es que no existen otras vías
satisfactorias para exigir al juez que cumpla y haga cumplir la ley, por lo que
tampoco se da la segunda causal de improcedencia.
Es el caso que el agraviado ha recurrido previamente a
otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional
materia del proceso? La respuesta es negativa, por lo que tampoco se da la
tercera causal de improcedencia que contiene la ley.
Es el caso que para demandar que el juez cumpla y haga
cumplir la ley que lo obliga a notificar el auto que puso fin al proceso, tenga
que cumplir con acreditar que se ha agotado la vía previa? La misma ley 31307, en
su artículo 43° da la respuesta legal al asunto:
Artículo 43. El amparo solo procede cuando se
hayan agotado las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía
previa se preferirá dar trámite a la demanda de amparo. No será exigible el agotamiento de las vías
previas si: Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es
ejecutada antes de vencerse el plazo
para que quede consentida; por el
agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable; la
vía previa no se encuentra expresamente regulada o ha sido iniciada
innecesariamente por el afectado; o no se resuelve la vía previa en los
plazos fijados para su resolución.
En consecuencia,
tampoco se da la cuarta causal que contiene la ley, para declarar la
improcedencia.
En el proceso de amparo, tampoco se ha determinado que
en el presente caso existe litispendencia por la interposición de otro proceso
constitucional, por lo que no se da la quinta causal de improcedencia.
Este caso comprende conflictos constitucionales
surgidos entre los poderes del estado o de entidades de la administración
pública entre sí o entre gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí ni
contra el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial? Obviamente
que no por lo que tampoco se da la sexta causal
Finalmente, es posible que haya vencido el plazo para
interponer la demanda? No es posible, la demanda se interpuso dentro de los
plazos señalados por la ley, por lo que se admitió a trámite, y en consecuencia
tampoco se ha dado la séptima causa de improcedencia.
Consecuentemente, al no estar la demanda dentro de
ninguna de las causales de improcedencia, está probado que la sentencia es
ilegal, por no tener amparo en ninguna ley, la decisión arbitraria del juez, de
declarar improcedente la demanda, a conciencia que no existe ley alguna que
ampare la decisión del aquo y como todo acto ilícito es nulo de pleno derecho,
la sentencia deviene nula.
3.- IMPUGNO LA DECISIÓN ARBITRARIA DE IMPONERME UNA
MULTA COMO SE APRECIA EN LOS CONSIDERANDOS SEIS, SIETE Y OCHO DE LA ÍRRITA
SENTENCIA.
De manera arbitraria y mediante argumentos falsos, el
aquo ha resuelto:
2.
IMPONER MULTA CONSISTENTE EN DIEZ (10)
URP AL ABOGADO PEDRO JULIO ROCCA LEON, a razón de CINCO URP por la inconducta
precisada en el fundamento 8.1. de la presente resolución y CINCO URP en el
incumplimiento de sus deberes establecidos en el fundamento 8.2. y
siguientes de la presente resolución; todo ello en virtud del inciso 1 del art.
52, 53, e incisos 3 y 4 del art. 109 del Código Procesal Civil, asimismo, en
aplicación del inciso 5 del art. 288 del TUO de la LOPJ; DENTRO DEL TERMINO DE
DIEZ DIAS HABILES, bajo apercibimiento de formarse el cuaderno de multa y
remitirse al Juzgado de Ejecución Coactiva de Multas en caso de incumplimiento
para que proceda conforme a sus atribuciones.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 22° y
siguientes de la ley N° 31307., presento recurso de apelación, a fin que
el Superior en grado declare INFUNDADA,
la multa, que viola el artículo 292º del T.U.O. de la LOPJ, aprobado por D.S.
017-93-JUS, que dispone de manera expresa:
Artículo 292.- Los Magistrados sancionan a los
abogados que formulen pedidos maliciosos o manifiestamente ilegales, falseen a
sabiendas la verdad de los hechos, o no cumplan los deberes indicados en los incisos 1), 2), 3), 5), 7), 9), 11), y 12)
del artículo 288. Las sanciones pueden ser de amonestación y multa no menor
de una (01) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal, así como
suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por seis meses. Las
resoluciones que impongan sanción de multa superior a dos (02) Unidades de
Referencia Procesal o de suspensión, son
apelables en efecto suspensivo, formándose el cuaderno respectivo. Las
demás sanciones son apelables sin efecto suspensivo.
La multa impuesta viola lo que dispone los “Principios
Básicos sobre la Función de los Abogados”
Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27
de agosto al 7 de septiembre de 1990 y por ende, la multa carece de contenido
legal y viene a constituir el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, como paso a
fundamentar:
3.1 ERRORES DE HECHO QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN:
El juez comprometido en el acto arbitrario que he
analizado arriba, como carece de fundamentos jurídicos para sostener su
aberración jurídica, me sanciona, pero ignorando por completo el principio de
la DEFENSA CAUTIVA abusa de su poder y en forma arbitraria, que repudia el
artículo 103° in fine de nuestra Constitución y me impone de forma irrazonable
y desproporcionadamente una multa de 10 URP sin que exprese cuál es la ley que
lo faculta para esos excesos, por lo que ha demostrado carecer de capacidad
para interpretar y razonar jurídicamente a partir del artículo 284º del D.S.
017-93-JUS, que establece en forma expresa que “Toda persona tiene derecho a
ser patrocinada por el Abogado de su libre elección.”, lo que todo juez está en
la obligación de concordar con el artículo 293º del mismo T.U.O, de la LOPJ,
que dispone “El Abogado tiene derecho a
defender o prestar asesoramiento a sus patrocinados ante las autoridades
judiciales, parlamentarias, políticas, administrativas, policiales y
militares y ante
las entidades o
corporaciones de derecho
privado y ninguna autoridad puede impedir este
ejercicio, bajo responsabilidad.”
Por lo que en puridad de derecho, la Ley Orgánica del
Poder Judicial ha establecido con prístina claridad, el DERECHO IRRESTRICTO a
la defensa, que consiste, básicamente, en la DEFENSA CAUTIVA, como UN DERECHO
sustancial de los JUSTICIABLES, A FIN QUE NO VEAN MERMADO SU DERECHO SIN HABER
RECIBIDO UNA ADECUADA ASESORÍA LEGAL, lo que el colegiado ha revelado ignorar
supinamente.
Abunda en este concepto el diccionario jurídico que el
Poder Judicial tiene abierto en su portal de Internet, que define la defensa
cautiva:
“1: Es aquella defensa que asume un Abogado
Colegiado en un proceso, representa el derecho a la libertad de elegir sin
ningún tipo de coacción la asistencia y ayuda profesional más favorable.”. El
Diccionario Jurídico de Daniel Collas H y Abado Ruiz, que está al alcance de
cualquier bolsillo, la define así: Defensa
Cautiva: Dícese de la defensa que es ejercida única y
exclusivamente por abogados”. Que, reitero, los magnos representantes de
constitucionalidad del Perú, omitieron por ignorancia, o por desconocimiento de
lo que significa JUSTICIA y DERECHO.
Consecuentemente, yerra, y doblemente, el juez RONALD
ANAYHUAMAN ANDIA en su condición de encargado de administrar justicia civil en
Pisco, sin tener la especialidad, y en
lugar de ello, administra iniquidades e impone su capricho, por encima de los
caracteres de la Ley y viola los DERECHOS HUMANOS, ignorando totalmente lo que
significa la DEFENSA CAUTIVA y por esa misma calidad de intérpretes de la
Constitución y de la Ley que asume irresponsablemente, no pueden menoscabar el rol del abogado quien está al servicio de la
justicia y tiene el deber de lealtad a su patrocinado, por lo que los
abogados estamos imbuido de las
facultades para defender al patrocinado en todas las instancias, por lo que
no puede ser sancionado por cumplimiento de mis deberes y de mi ROL SOCIAL,
como defensor de la justicia y el
Derecho, de lo que se desprende que la multa impuesta es irracional y
desproporcionada, que tiene como única justificación que el juez JAMÁS HA
EJERCIDO LA DEFENSA CAUTIVA y de pronto se hizo juez, por lo que carece de todo
sentimiento de piedad y cree, como los fiscales, que el Estado les paga para
ser malos, pues así fueron criados, en un hogar donde el abuso de los padres es
concebido como principio de autoridad, sin entender que autoridad es servir a
los demás, con criterio o conciencia para diferenciar lo bueno de lo malo y dar
a cada quien lo que le corresponde, por lo tanto, la decisión de imponer multa
al abogado defensor, por cumplir su obligación de ASISTIR AL PATROCINADO DENTRO
DEL PROCESO a quien viene sufriendo injusticas desde hace 7 años sin alcanzar
justicia laboral, lo que es un exceso de poder que no puedo tolerar. .”
Tal despropósito es una deplorable motivación, que el
maestro Mixán Mass (LÓGICA PARA OPERADORES DEL DERECHO FLORENCIO MIXÁN MASS
Ediciones BLG 1998, Lima Perú, INFERENCIAS INCORRECTAS, página 70 y siguientes)
califica como Falsa Causa o (no causa por causa). Y afirma: “Esa falta de verificación
de la relación causal conduce a la aplicación irreflexiva del post hoc, ergo
proter hoc (después de esto, luego a causa de esto).
El juez RONALD
ANAYHUAMAN ANDIA también ha
revelado ignorancia de la
abogacía y no la reconoce como una función social al servicio de la Justicia y
el Derecho y como tal, el abogado NO
PUEDE SER SANCIONADO ARBITRARIAMENTE, SIN PREVIO PROCESO DISCIPLINARIO CON
RESPETO AL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO, que por su misma
ignorancia, ha sido vulnerado en mi agravio, JUSTAMENTE POR QUIENES SON LOS
DESIGNADOS POR EL ESTADO PARA DEFENDER ESOS DDHH, y en este contexto, los
JUECES de Pisco han olvidado que tanto EL PODER JUDICIAL COMO LOS COLEGIOS DE
ABOGADOS, tenemos origen constitucional, pues así lo establece el articulo 26º
de la Constitución, y en consecuencia tenemos iguales derechos como entes
autónomos con personería jurídica de derecho público, y LAS SANCIONES QUE SE
IMPOONEN A LOS ABOGADOS, TIENEN QUE SER IMPARTIDAS POR EL COLEGIO DE ABOGADOS
RESPECTIVO y no por los jueces, salvo los casos expresamente determinados en el
Código Procesal Civil. Y desde el momento que NO SE HA SOLICITADO AL COLEGIO DE
ABOGADOS LA SANCIÓN A IMPONERSE,
LA SANCIÓN DEVIENE
EN NULA DE PLENO
DERECHO e inexigible dentro de plazos arbitrarios o caprichosos del juez.
El juez RONALD ANAYHUAMAN ANDIA, ha revelado ignorancia
de que la multa impuesta es nula por falta de motivación, pues EL EJERCICIO DE
UN DERECHO, y la DIFERENCIA DE OPINIONES, no es causal de sanción o persecución
de ningún tipo, por lo que yerra el juez RONALD ANAYHUAMAN ANDIA cuando impone
una multa de 100 URP” sin especificar en
qué consiste la malicia y en qué norma se sostiene para mantener semejante
sinsentido. Vale decir, el abogado defensor entiende que por lealtad a su ROL
como servidor social de justicia, debe defender a su patrocinado, INCLUSIVE DEL
MALTRATO O TRATO DESCORTÉS que muchos jueces –especialmente el laboral- tienen
por costumbre imponer a los justiciables, como si todo el mundo fuera
delincuente y nos tratan como cualquier mendicante y administrar justicia como
una limosna que dan,
concediéndoles a los
justiciables pobres apenas
el tiempo suficiente para
condenarlos y para evitar que los pobres tengan buenos defensores, y no
contentos con imponer el despotismo en la administración de justicia, ahora
emplean las represalias para AMORDAZAR por ejercer el derecho a la defensa, contra
la corrupción , lo que en puridad de derecho, NO AMERITA UNA PERSECUSIÓN, o
SANCIÓN, como la que pretenden en mi contra sub lugum mittere.
El juez RONALD ANAYHUAMAN ANDIA, no
se ha percatado
que la sanción impuesta es de carácter
ADMINISTRATIVO y no judicial, y como tiene naturaleza ADMINISTRATIVA, al
haberse infringido los principios de validez de los actos procesales, que
impone la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo, omitiendo seguir por
las normas del proceso sancionador, tal multa deviene nula de pleno derecho.
Y la multa es arbitraria, porque para el juez RONALD
ANAYHUAMAN ANDIA ser leal con el
justiciable y defenderlo ante los atropellos de los jueces, significa falta
sancionable jurisdiccionalmente, tal vez con el ánimo de proteger al
sistema corrupto de justicia que existe en el Perú y que dejó como feudo en
Pisco, el líder de los Cuellos Blancos Walter Benigno Ríos Montalvo, de lo cual
ya no cabe duda, pero como nadie condena por temor a las represalias de la
argolla, ahora se sanciona a todo abogado que actúa eficientemente para
defender a sus patrocinados de la corrupción que paraliza la administración de
justicia por años, utilizando como pretexto la sobre carga procesal, lo que es
falso, pues si en verdad hubiera sobre carga procesal NO PARALIZARÍAN TODO EL
MES DE FEBRERO LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, lo cual por el contrario,
demuestra que el tiempo les sobres, lo que me legitima para impedir la
proliferación de las sanciones “sub lugum mittere”, para obligar a los abogados
que dejen en la indefensión a sus patrocinados, olvidando los deberes de
lealtad, probidad y buena fe, luchando contra un sistema que mantiene a
corruptos funcionarios y fomenta el desorden jurídico y social. Y lo digo sin
temor, si luchar contra la corrupción del Poder Judicial, me cuesta multas y
sanciones de todos los corruptos, pues doy Gracias a Dios y las acepto de buen
grado, porque de esta forma se comete en mi persona, las mismas iniquidades que
la chusma mala, perversa y cruel cometió contra Jesucristo, clamando por la
libertad del criminal Barrabás y condenando a muerte al inocente Jesús, el
cual, a pesar de ser hijo de Dios, no pudo librarse de las maldades, azotes,
flagelos y hasta la muerte, a que lo condenaron los corruptos de su época. Ahora que empieza el Apocalipsis, sólo los
cobardes se callan cuando se les amedrenta, pero los valientes, salimos a
luchar cuando somos oprimidos. No tenemos miedo a las sanciones de los jueces,
ni a los ataques de los políticos, nacemos para luchar contra todo tipo de
oprobio y de injusticia, guiados por la fuerza del Espíritu Santo, que nos da
Poder, para hacer lo que agrada a Dios, más que las oraciones. “romper las
cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y
romper toda clase de yugo”.
3.2- ERRORES DE DERECHO QUE CONTIENE LA SANCIÓN:
3.2.1 Invoco a mi favor el artículo 283º del T.U.O. de
la LOPJ, que dispone el derecho de defensa irrestricto (sin mordazas, ataduras,
vendas, amenazas multas o coerciones ilegales) “El Abogado tiene derecho a defender o prestar asesoramiento a sus
patrocinados ante las autoridades judiciales, parlamentarias, políticas,
administrativas, policiales y
militares y ante
las entidades o
corporaciones de derecho
privado y ninguna autoridad puede impedir este ejercicio, bajo
responsabilidad.”
3.2.2 Invoco el artículo 51º de la Constitución
Política del Perú, que garantiza la jerarquía normativa del país: “La Constitución prevalece sobre toda norma
legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente”
que ha sido violada en mi agravio, pues las resoluciones administrativas del
juez Ronald Anayhuamán Andía, no pueden derogar disposiciones que contiene la
Ley, ni las leyes orgánicas, para impedirme el ejercicio de mi función como
abogado.
3.2.3 En este
contexto, la sanción
impuesta por el
juez Ronald Anayhuamán Andía, no solo demuestra su ignorancia, sino que
deja en evidencia que ha violado las Garantías para el ejercicio de la
profesión que privilegia en mi favor el literal c) del artículo 16 de los PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FUNCIÓN DE
ABOGADOS Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana
(Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, que dispone:
“Los gobiernos garantizarán que los abogados a)
puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones,
obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) …; y c) no sufran ni estén
expuestos a persecuciones o sanciones
administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que
hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que
se reconocen a su profesión.
Y es evidente que se me quiere amordazar por haber actuado
diligentemente en el
cumplimiento de los valores éticos que me
impone el artículo 15° del citado acuerdo de las Naciones Unidas, que dispone:
“Los abogados velarán lealmente en todo
momento por los intereses de sus clientes.”
2.4 El juez Ronald Anayhuamán Andía, ha violado –por
ignorancia- el artículo 8º, numeral 1,
de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS específicamente, en cuanto a
la sanción que se me impone, pues no habiendo sido procesado, se omitió mi
derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, para la determinación de mis derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
3. 2.5 El juez Ronald Anayhuamán Andía, ha violado, en
mi agravio el numeral 18 de la DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DE PODER Adoptada por la
Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.
3.2.6 El juez Ronald Anayhuamán Andía ha violado, en mi
agravio y en agravio de mi patrocinado, el numeral 14 de los PRINCIPIOS BÁSICOS
SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS aprobados por el Octavo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que
dispone: “Los abogados, al proteger los
derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán apoyar
los DDHH y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e
internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de
conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su
profesión.”
3.2.7 El juez Ronald Anayhuamán Andía, ha violado en mi
agravio el numeral 20) de la DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DE PODER Adoptada por la
Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, que
dispone: “Los abogados gozarán de
inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagan de buena fe, por
escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales ante
un tribunal judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo.”
3.2.8 El juez Ronald Anayhuamán Andía, ha violado en mi
agravio el numeral 27) de la DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS
DE DELITOS Y DEL ABUSO
DE PODER Adoptada
por la Asamblea General
en su resolución
40/34, de 29
de noviembre de
1985, que dispone: “Las acusaciones o reclamaciones contra los
abogados en relación con su actuación profesional se tramitarán rápida e
imparcialmente mediante procedimientos
apropiados. Los abogados
tendrán derecho a una audiencia
justa, incluido el derecho a recibir la asistencia de un abogado de su elección”
3.2.9 De otro lado, se ha violado el derecho a la
tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales y a
la defensa, que consagra el artículo 139° de la Constitución Política del Perú,
motivado por su parcialidad en favor de la otra parte, Lo real es que por espíritu de estricta
justicia “dar a cada cual lo que le corresponde”, si los jueces no respetan la
ley y hacen su capricho en detrimento de la justicia, es justo que los
justiciables no respeten a los que violan la ley y se les dé el mismo trato, lo
cual no es ningún insulto, sino una reacción ante la acción de la corrupción en
contra del pueblo.
32.9 El juez Ronald Anayhuamán Andía, ha revelado
falta de capacidad
para interpretar y razonar jurídicamente a partir del caso
concreto, pues nadie puede explicar cómo es que se procede a juzgar
la pretensión de obligar al juez que notifique conforme manda el artículo 155-E
del TUO de la LOPJ y el juez resuelve sobre una pretensión que jamás he
mencionado, por lo que es evidente que
se ha violado burdamente, el artículo III del Título Preliminar del C.P.C. por
lo que nadie puede negar que se ha violado la tutela procesal efectiva, por
abuso del poder y el debido
proceso por abuso
de autoridad, con
la agravante que
no existe motivación adecuada y
se ha violado el derecho a la defensa de mi parte.
3. 2.10 El juzgado no puede arrojar sobre nuestra parte
la omisión de sus deberes de
función o si se quiere,
la culpa por
demora de actos
funcionales, pues es absurdo, por decir lo menos, que un
proceso, que en teoría debe demorar cuatro meses, se demore siete años, para
concluir, por lo que al haber cambiado radicalmente los hechos iniciales del
proceso, lo que convierte en inejecutable la sentencia.
3.2.11 La sentencia deviene nula por falta de
congruencia que exige el artículo 50° numeral 6) del C.P.C. y por ende se tiene
que declarar NULA, por estricto imperio del artículo 122° numerales 3 y 4 del C.P.C.
POR LO EXPUESTO
Al juzgado pido concederme el recurso de apelación.
OTROSI DIGO: Tomando en consideración que el juez Ronald
Anayhuamán Andía, me ha impuesto una multa irrazonable, desproporcionada y
arbitraria que demuestra su encono contra mi parte sea por propio interés, o
por encargo de quienes lo han designado para ejercer el cargo en esta
provincia, para amordazarme a como dé lugar, que no requiere de mayores pruebas para acreditar su falta de
imparcialidad y enemistad, por
manifiesta parcialidad con la otra parte, que la sentencia de improcedencia
apelada, al amparo del inciso 1) del artículo 307° del C.P.C., presento
RECUSACIÓN EN SU CONTRA por su enemistad gratuita contra mi persona y por su
falta de imparcialidad que fluye de su decisión de imponerme una multa
irrazonable, desproporcionada e ilegal de 10 URP, pervirtiendo la ley y el
derecho para justificar su mal proceder, aplicando erróneamente las leyes que
utilizó para justificar el abuso de autoridad en mi agravio, sin motivar
eficientemente, en qué se ampara para mantener semejante sinsentido, por lo que
deberá abstenerse de seguir conociendo los procesos en que intervengo como
defensor, o me veré obligado a denunciar el abuso de autoridad en mi agravio.
. Pisco, 2 de febrero de 2024
[1] Artículo 2° numeral 2) de
la Ley de la Carrera Judicial N 29277
[2] Un argumento ad baculum es una falacia que implica sostener la validez
de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la
posición propia; en otras palabras: «La fuerza hace el derecho». Ver Wikipedia
La Enciclopedia libre.
[3] FLORENCIO MIXÁN MASS “LOGICA
PARA OPERADORES DEL DERECHO” EDICIONES BLG
LIMA PERU 1998 JR. INDEPENDENCIA
173 OF. 201 · TRUJILLO TELEF.: (044) 25·_0135
[4] Artículo 2° numeral 2)
ley N° 29277 citada.
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