EXPEDIENTE Nº.
SECRETARIA:
ESCRITO Nº 1
SUMILLA: DEMANDA NULIDAD DE COSA
JUZGADA FRAUDULENTA.
AL JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE PISCO.
NELLY PAULA MARTÍNEZ DE GÓMEZ, con D.N.I. Nº 22296124 y domicilio en calle Yahuar Huaca manzana 28
lote 6-A, distrito Túpac Amaru Inca, de la provincia de Pisco, señalando
domicilio procesal en calle Fermín Tangüis Nº 106, Pisco, dice:
DEMANDADO: JULIO
ALIAGA HUARCAYA, con domicilio en la
calle Yahuar Huaca, manzana 28 lote 6, distrito Túpac Amaru Inca, de esta
provincia y JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL DE PISCO, Alfredo Alberto Aguado Semino,
con domicilio en la calle Pérez Figuerola Primera cuadra, Plaza de Armas de
Pisco.
PETITORIO:
demando la NULIDAD DE COSA JUZGADA de la sentencia que obra en el EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A.
del juzgado especializado civil de Pisco por violación de mi derecho al debido
proceso, conculcado por los demandados en mi agravio por lo que pretendo que se
restablezcan las cosas al estado anterior a la violación del debido proceso y
tutela procesal efectiva en mi contra.
1.- FUNDAMENTOS DE HECHO DEL PETITORIO:
1.1 ANTECEDENTES:
Después de haber intentado solucionar el conflicto de intereses con mi vecino,
mediante el diálogo, sin lograr los resultados esperados, por no haber
alcanzado justicia en la vía administrativa, acudí a las instancias del Poder
Judicial para ponerle fin a los desagradables hechos que me enfrentaban con mi
vecino Julio Aliaga Huarcaya, con la esperanza de alcanzar justicia en la parte
que prescribe “dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde” y que el juez
demandado –administrando justicia en nombre de la Nación- restituya las cosas
al estado anterior al abuso del derecho de mi vecino, Julio Aliaga Huarcaya
quien, haciendo abuso del derecho –en el año 1986- además de su lote de
terreno, se hizo propietario del terreno de aproximadamente 150 metros
cuadrados, ubicado en calle Yahuar Huaca manzana 28 lote 6-A, distrito Túpac
Amaru Inca, de la provincia de Pisco, habito en calidad de propietaria, desde
el año 1983 y sobre el cual edifiqué una vivienda, con tan mala suerte que el
Poder Judicial no ha hecho respetar mis derechos y ha convalidado el abuso de
quien tiene dinero para despojarme de mi posesión de mala fe, alimentando con
ello la inseguridad jurídica que nos está llevando al caos, por la percepción
que tenemos los pobres, que aquí uno tiene que tomar la justicia por su mano.
1.2 Ante los
hechos citados y teniendo en consideración que nuestra Constitución ha
establecido que sólo el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia
y la justicia consiste esencialmente, en vivir honestamente, dar a cada quien
lo suyo y no hacer daño a nadie, y en la vida real, hay una persona que no es
honesta, que con plena conciencia de causarme daño, aprovechando la corrupción
que predomina en la administración pública para hacerse titular no solo por el
terreno que ocupa en la calle Yahuar Huaca del distrito Túpac Amaru Inca, de esta
provincia, sino que abusivamente se hizo titular por los terrenos vecinos, uno
de los cuales era ocupado por la actora, haciéndose titular como propietario ya
no por los 300 metros cuadrados que ocupa, sino en un área de casi 900 m2
y cuando me enteré que había sido perjudicada y acudí a los tribunales para
pedir justicia pidiendo como pretensión principal se declare EL MEJOR DERECHO A LA PROPIEDAD , que tengo
sobre el inmueble ubicado en la calle Yahuar Huaca manzana 28 lote 6-A,
distrito Túpac Amaru Inca- Pisco, y en forma acumulativa la NULIDAD DEL ASIENTO REGISTRAL de la
partida Electrónica Nº PO2010247 de la propiedad inmueble de Pisco, -en
la cual consta la titulación del terreno citado arriba- y en caso se desestimara la pretensión
principal y la accesoria, en forma objetiva originaria subordinada, la INDEMNIZACIÓN POR
1.3 Si el
Tribunal Constitucional en concordancia con el artículo 4º de la ley Nº 28237,
sostiene que “se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación
jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano
jurisdiccional, a
probar, de defensa, al contradictorio e igualdad
sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción
predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previos por la
ley, a la obtención de una resolución
fundada en derecho, …”. Y en la práctica en el EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A. del juzgado especializado civil de
Pisco, se me ha denegado la igualdad sustancial en el
proceso, negándoseme la tutela procesal efectiva y no he logrado obtener una
resolución fundada en derecho, sino una sentencia que no ha tomado en
consideración las peculiaridades del caso concreto y siendo el tema en
discusión el conflicto de intereses sobre terreno que poseo con mi vecino por el
mejor derecho a la posesión de un terreno de interés social, me encuentro que en
dicho trámite se ha seguido un procedimiento “summum ius,
summa iniuria”, en el que al juez no le ha importado lo que significa la Justicia,
convalidando el abuso de derecho en mi agravio, no cabe duda que se ha violado
el debido proceso, por lo que tengo legítimo interés en que se reponga las
cosas al estado anterior a la violación de ese derecho.
1.4
Si conforme a los incisos tercero y quinto del artículo 139º de la Constitución
Política, es principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia
del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva; así como la
motivación escrita de las resoluciones y en el EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A. del juzgado especializado civil de
Pisco, se expidió
resolución “summum ius, summa iniuria”, queda en evidencia que no se ha sustentado
jurídicamente la decisión, lo cual constituye violación a las normas
constitucionales citadas arriba y las previstas en los artículos 50º y 122º del
C.P.C., puesto que todos los magistrados, al ejercer el poder en nombre de la
nación, y decidir sobre los derechos de los litigantes, deben de justificar su
decisión, no sólo amparándose en normas jurídicas, sino analizando los hechos
de cada caso concreto. (Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad) que no
han sido ni remotamente aplicados en mi caso concreto, por lo que tengo que
recurrir a esta vía en demanda de justicia.
1.5 En efecto,
en el EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A. del juzgado especializado civil de Pisco en
la RESOLUCIÓN Nº 17- SENTENCIA, pese a haberse declarado la REBELDÍA de la
cónyuge del demandado, Saturnina Rojas Huarcaya y disponer que se dan los
supuestos del artículo 461º del C.P.C. 461.1, lo que no exime al juez de “VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS EN
FORMA CONJUNTA CON ARREGLO A LA SANA CRÍTICA”, no se ha cumplido con lograr la solución
del conflicto de intereses intersubjetivos, con sujeción a propia declaración
judicial.
1.5.1 En la RESOLUCIÓN Nº 17- SENTENCIA, no se ha efectuado una valoración en forma conjunta de los medios
probatorios con arreglo a la sana crítica, sino que se ha hecho una separación
o disgregación de los argumentos para no analizar los hechos en forma
comprehensiva y así resulta que no se ha tomado conocimiento cabal de los
medios probatorios que acreditan el abuso del derecho de mi vecino, Julio
Aliaga Huarcaya para conseguir título de propiedad que abarca -no solo el lote
de su vivienda- sino también el lote que ocupo y conduzco en calidad de
propietaria, desde antes del año 1980 (no 1993 como aduce la sentencia) y donde
construí mi vivienda, el juez no tomó en consideración mi vivencia por más de
30 años, ni consideró que fue a consecuencia del terremoto del año 2007, en
Pisco, que recién me vine a enterar del abuso del derecho de mi vecino Julio
Aliaga Huarcaya, haciéndose propietario de más de 3 lotes de terreno y que sabe
Dios con qué artimañas, logró inscribirlos en el Registro de la Propiedad Inmueble
de Pisco, como uno solo de casi 900 m2 como se comprueba en la Ficha
Nº 000349, ubigeo Nº 010208, trasladado a la Partida electrónica Nº 02010247, a su favor,
con violación de las normas expresas para titulación de lotes de interés
social, que se cita en los fundamentos de derecho y que fueron inaplicadas por
el juez, pese a tomar conocimiento que COFOPRI, ha informado que tal
inscripción no es factible de nulidad en la vía administrativa “por ser una inscripción
independiente a nuestra función y que debe
ser conocida en otra instancia”, legitimándome para demandar la nulidad de la mencionada inscripción,
por tener mejor derecho a la posesión que el anotado en el Registro de la
Propiedad inmueble, sin embargo el Juez no dice por qué no ha causado
convicción esas violaciones de la Ley, que vicia de nulidad el acto jurídico
registrado, lo que acredita la violación del debido proceso en mi agravio.
1.5.2 Es así
que el juez se niega a administrar justicia, justificando la sentencia en lo
que aduce en el numeral 6.3 de la Resolución Nº17, Sentencia: “Que si bien el inciso d) del artículo 2 de
la acotada (Ley 24513) señala que “(En ningún caso podrán ser objeto de esta Ley los terrenos siguientes) d) Los que tengan viviendas
construidas o en construcción, de propiedad de terceros en la extensión que
corresponda a un lote hasta de 300 m2.” Es el caso que
dicha ley se publicó el 4 de julio de 1986 y el título de propiedad que se otorga a los demandados por ORDEICA,
se realizó el 5 de noviembre de 1981, fecha en la que no se encontraba vigente
la Ley, en que se apoya la defensa técnica de la demandada”, nos permite afirmar que prima en
el juez el criterio “summum ius, summa iniuria” que está
en las antípodas de la administración de justicia, que impone que el criterio
del juez se limita por el artículo III del Título Preliminar del C.P.C.[1] y el juez debe administrar
justicia aplicando el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido
invocado por las partes o lo haya sido erróneamente[2], y resulta incongruente
con su propia afirmación de
“VALORAR LOS MEDIOS
PROBATORIOS EN FORMA CONJUNTA CON ARREGLO A LA SANA CRÍTICA”, lo que acredita la violación del
debido proceso, por colusión del juez con la otra parte, para torcer el derecho
a favor del demandado Julio Aliaga Huarcaya, que me legitima para demandar la
nulidad de cosa fraudulenta por violación del debido proceso.
1.5.3 Es así
que la Resolución 17, sentencia, se sustenta en una petición de principio[3],
que produce la nulidad de la sentencia, por contener un círculo vicioso, en el
cual, en primer lugar se aduce como fundamento de la demostración de la
pretensión principal que el inciso d) del artículo 2 de la Ley 24513, no
es aplicable y luego tal fundamento pasa a ser el fundamento para denegar todas
las pretensiones, lo que no es justo ni se admite como fundamento de la
administración de justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 122º del
C.P.C., que obliga a expedir sentencia con criterio de razonabilidad y
proporcionalidad, que no existe en ninguna parte de la sentencia, por lo que
está acreditada la violación del debido proceso debido a colusión del juez con
la otra parte.
1.5.4 El
conflicto de intereses intersubjetivos con relevancia jurídica se traduce en
una pugna, una especie de lucha jurídica, de
pruebas y alegaciones, recursos y solicitudes a lo largo
del proceso. Pero tal lucha no significa que el proceso sea un campo de batalla en el cual todos los medios sean lícitos para
obtener la victoria, sin importar que el resultado y los procedimientos estén o
no de acuerdo con el derecho, la ética o la justicia, ni
que se pueda recurrir al proceso para obtener, en connivencia con la parte
contraria, resultados ilegales o ilícitos, en perjuicios de
la otra parte.
1.5.5 Este principio y la proscripción del fraude en el proceso, rigen
sobre todo si tomamos en consideración que se discute el interés
de particulares, aunque se exija la intervención de un
órgano del Estado, de tal manera que nadie discute ya que
los procesos de cualquier naturaleza tienen una función de interés general, un fin de utilidad
pública, la realización del derecho y de la justicia, la
tutela de los derechos humanos y, como consecuencia, la conservación
de la paz y la armonía sociales.
1.6 En la RESOLUCIÓN Nº 17- SENTENCIA, no se ha tomado en consideración que fue al
recabar la copia literal de dominio, que recién me enteré que en Ficha Nº
000349, trasladado a la
Partida electrónica Nº 02010247, otorgada a favor de don Julio
Aliaga Huarcaya, con un área de 890.10
m2, comprende también mi lote de terreno de 150 m2, que
ocupaba desde antes, lo cual viola los fines de las normas de vivienda, que se
dio contra el tráfico de terrenos de los invasores, que acredita que el juez no
ha valorado “EN FORMA
CONJUNTA CON ARREGLO A LA SANA CRÍTICA”, los hechos comprobados, ni ha sometido su sana crítica al principio
hermético del derecho, limitándose a aplicar las leyes que favorecen a la otra
parte, con lo que se evidencia la violación del debido proceso con una
sentencia “summum ius, summa iniuria”
1.7 En el
EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A. del juzgado especializado civil de Pisco, no tomó
en consideración que en el rubro C) “TÍTULOS DE DOMINIO”, de la Ficha Nº 000349, ubigeo Nº
010208, trasladado a la
Partida electrónica Nº 02010247, se aprecia en el asiento 01
que la INDEPENDIZACIÓN ,
a favor de Aliaga Huarcaya Julio y esposa Rojas Huarcaya Saturnina, aparentemente
otorgado por ORDEICA, mediante contrato privado del 04/11/1981, consta que el título no fue presentado inmediatamente en el
año 1981, ni en los años 1982, 1983, 1984, ni 1985, sino que fue presentado en 1986, por lo que el juez no ha valorado
“EN FORMA CONJUNTA CON ARREGLO A LA SANA CRÍTICA”, las fechas de datación para la validez del registro bajo el
principio: “Qui est prior in tempore est potior in
iure”, y no ha valorado en forma conjunta, ni con sana
crítica, cómo es que el demandado, lejos de hacerse titular POR UN LOTE- solamente el suyo, el que poseía- que
debería haber sido analizado con criterio de justicia, porque en tal acto se
acredita que mi vecino ha abusado del derecho, haciéndose otorgar título por el
lote donde tenía construida mi vivienda y el lote de mi hermano Lorenzo
Martínez Valencia, apropiándose abusivamente de dos lotes en demasía, lo cual
es contrario al espíritu de las leyes de saneamiento físico legal de inmuebles
de carácter social, cuya condición elemental es que se posea “sin ánimo de
lucro”[4]
y por ende es un acto que está fuera de los alcances de los artículos 7º y 9º
de la Ley Nº 13517. (art.
9º “Ninguna persona podrá adquirir por razón de esta Ley, más de un lote en uno
o más barrios marginales, sea cual fuere el derecho que invoque) Por lo que al haberse pactado en
contra de la Ley, el contrato que da origen a la inscripción de la propiedad a
favor de Julio Aliaga Huarcaya, deviene nulo de pleno derecho, sin embargo,
nuestros jueces lejos de hacer que impere la ley y se anulen los actos que las
violan[5],
han convalidad el acto nulo, mediante resoluciones judiciales a favor del
vecino que abusó del derecho en su propio beneficio y me ha causado un daño
patrimonial, lo que demuestra signos de colusión entre juez y parte, que
evidencia violación del debido proceso.
1.8 En efecto,
en el EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A. del juzgado especializado civil de Pisco,
no se ha tomado en consideración que la inscripción del título de propiedad que
excede los límites legales es nula de pleno derecho, porque viola el literal h)
del artículo 5 de la ley Nº 10722 que facultaba a ORDEICA A vender viviendas,
(edificaciones) mas no lotes de terreno como arbitrariamente se
facultaron en el contrato de compra venta de lote de terreno que originó la
Partida Nº P07062177, del Registro de la
Propiedad Inmueble, con lo que dejo en evidencia la violación del debido
proceso, que incluye colusión del juez con la parte, en agravio de la justicia.
1.9 En el
EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A. del juzgado especializado civil de Pisco, no se
ha tomado en consideración que por disposición de la Ley , no se puede otorgar
título por inmuebles que superen los 300 m2 , conforme a las disposiciones
de la Ley N º
24513 y como el predio inscrito tienen casi 890 m2, tal inscripción es
nula de pleno derecho, por ser un acto contrario a la ley, como así está
dispuesto en el artículo 219º inciso 4 del Código Civil y en consecuencia,
estoy legitimada para pedir la nulidad de la inscripción y reclamar el mejor
derecho que tengo a la propiedad, por ser poseedora de fecha inmemorial, lo que
no ha causado convicción en ninguno de los jueces que conocieron el proceso
sobre mejor derecho a la propiedad y nulidad de asiento registral, de lo que
fluye la violación del debido proceso y tutela procesal efectiva en mi agravio.
1.10 En el
EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A., no se ha tomado en consideración que Julio
Aliaga Huarcaya abusó del derecho haciéndose otorgar la propiedad de un predio,
ABARCANDO TAMBIÉN EL ÁREA QUE TENGO EN POSESIÓN LEGÍTIMA Y QUE POR DERECHO
ME CORRESPONDE, sin que
se explique motivadamente por qué tal abuso no produce convicción para atender
mi pretensión de indemnización por abuso del derecho, equivalente al precio de
venta de la propiedad que se arrogó para sí mi vecino Julio Aliaga Huarcaya.
1.11 En el
EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A., no se ha tomado en consideración mi cita a Guillermo
Lohmann Luca de Tena analizando la ilicitud a que se refiere el inciso 4) del
Art. 219º del CC., quien se refiere al “contenido concreto, pero en
fraude de ley, con lo cual se satisface una intención o interés prohibidos, patentizándose así el
enunciado legal de fin ilícito, o independientemente de la intención o
conciencia de burlar la prohibición legal". Que “El contrato puede ser lícito, sin embargo podría estar vinculado a una consecuencia ilícita o inmoral.” Por lo que he quedado burlada en
mis aspiraciones de justicia, que me legitima para pedir el proceso de nulidad
de cosa juzgada fraudulenta, que se restablezca el derecho al debido proceso y
tutela procesal vulnerados.
1.12 En el
EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A., no existe pronunciamiento que contradiga mis
fundamentos citando a Ennecerus quien enseña “daño, es toda desventaja experimentada en nuestros bienes jurídicos como
la vida, la salud, la propiedad, el
honor, el crédito, el bienestar, la
capacidad de adquirir. Etc.” Y si el deber de indemnizar es una consecuencia de todo
incumplimiento imputable a culpa o dolo del deudor y como el dolo entraña mala
fe, entonces se mantiene vigente el conflicto de intereses y la incertidumbre con
relevancia jurídica, que deja en evidencia que no se ha administrado ninguna
justicia en el caso concreto, que es necesario reparar por esta vía, de amparo
constitucional.
1.13 En el
EXPEDIENTE Nº 217-2009-Sec A., no se ha expedido pronunciamiento que resuelva
la incertidumbre jurídica sobre el ejercicio abusivo de un derecho,
que implica la intención de dañar, la ausencia de interés, el perjuicio
relevante y la conducta contraria a las buenas costumbres, lealtad y confianza,
según la Cas. N º
559-2002-Lima. sobre Ejecución de garantía. Fecha: 19-09-01 desde que los
magistrados no han motivado por qué en ciertos caso sí produce convicción tal
pretensión y en otros, cuando se trata de gente pobre, no, por lo que tengo que
recurrir al presente proceso para intentar alcanzar justicia.
1.14 En el
EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A., no se ha motivado por qué que si en el caso
concreto reuní las tres condiciones para que sea admitida la demanda, no haya causado
convicción ninguno de mis fundamentos, pese al conocimiento que tuvo el juez, de
los hechos y de las normas aplicables al caso, de lo que se infiere que se ha resuelto con violación del inciso 3) del
artículo 122º del CPC.
1.15 En mi
caso concreto, se violó el principio de congruencia el cual es considerado como
“un principio normativo que
se dirige a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional (...) en donde debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido
oportunamente por los litigantes y en relación con los poderes atribuidos en
cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico”, por lo que tengo que recurrir al
proceso constitucional de amparo para conseguir que se repongan las cosas al
estado anterior a la violación del debido proceso y tutela procesal efectiva, a
favor de la administración de justicia, conforme a lo previsto en el artículo
138º in fine de la Constitución, acorde con los numerales 3) y 5) del artículo
139º de la misma Constitución Política del Perú.
2.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL PETITORIO:
2.1 Invoco a
mi favor el artículo 178º del Código Procesal Civil que faculta a pedir en un
proceso de conocimiento la nulidad de
una sentencia hasta dentro de 6 meses de ejecutada o de haber adquirido la
calidad de cosa juzgada, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido
con fraude, o colusión, afectando el
derecho a un debido proceso, cometido por el Juez con una de las partes,
como es el presente caso en que se ha narrado en la exposición de los
fundamentos de hecho, la colusión que ha afectado mi derecho al debido proceso,
por la incongruencia de sus fundamentos y la inaplicación de la Ley Nº 13517, “Ley Orgánica de Barrios
Marginales”, por la cual se puso límites a la titulación de predios de interés
social, a una sola vivienda, por lo que al adjudicar más de una, el contrato
deviene nulo, lo que no ha sido respetado ni por mi vecino Julio Aliaga
Huarcaya, ni por los jueces encargados de administrar justicia y que han dejado
sin resolver el conflicto de intereses y la incertidumbre jurídica, violando el
principio hermético del derecho.
2.2 Invoco
el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil que determina que
el Juez deberá atender a
que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos
los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social
en justicia, lo que se ha violado en el EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A., constando que no se ha resuelto mi pretensión de mejor derecho de propiedad -que se
presenta cuando un propietario poseedor
demanda a quien figura en el registro
público de inmuebles como propietario- para que se declare al demandante
como tal y lograr la cancelación de la inscripción, ni se ha motivado las razones
por las cuales no produce convicción la otra alternativa, que según otros doctrinarios
sostienen que el supuesto reclamado no es un mejor derecho de propiedad sino un
proceso de nulidad de acto jurídico (específicamente nulidad de asiento
registral) y el objeto del proceso debe girar sobre dicha nulidad e,
incidentalmente, sobre el derecho de propiedad. Entonces ha
fracasado la función de la CASACIÓN Nº 1941-2014 que
puso fin al presente proceso, y no se ha ilustrado cuál de las dos
opciones debe primar en el tema en discusión, por lo que se ha dejado sin
resolver la incertidumbre jurídica, pese a que la Sala Suprema tuvo la
oportunidad de uniformar criterios, de lo que fluye la violación del debido
proceso en mi agravio y en agravio de la administración de justicia, ante la
injusticia de que soy víctima, por parte de mi vecino, quien me ha desplazado
en mi derecho a la posesión de vivienda por imperio de la ley, debido a la mala
fe de mi vecino Julio Aliega Huarcaya, quien utiliza artimañas falseando u
ocultando la verdad, para conseguir resolución favorable, sin que se haya
resuelto el conflicto de intereses teniendo como fin la paz social,
menospreciando los fundamentos de mi demanda, sin explicar por qué no produce
convicción las pruebas a favor de mi pretensión de mejor derecho de propiedad, la nulidad de acto jurídico de compra
venta ilícita de terreno (por no existir norma legal que lo autoriza) y la
nulidad de la inscripción en el registro.
2.4 Invoco
el artículo 103º de la Constitución que dispone:
“La
Constitución no ampara el abuso del derecho.” Y, como la
máxima ley, dentro del Estado Constitucional de Derecho, dispone que NO
SE AMPARA EL ABUSO DEL DERECHO, entonces, estoy legitimada para demandar que se reponga las cosas al
estado anterior a la violación de mi derecho a la tutela procesal efectiva y el
debido proceso, violado por los demandados al haberse inscrito un título que
abarca la posesión que tengo sobre el terreno en que construí mi vivienda, lo
que constituye un claro abuso del Derecho, que NO PUEDE
SER AMPARADO POR QUIENES ESTÁN DESIGNADOS POR EL ESTADO PARA ADMINISTRAR
JUSTICIA.
2.5 Invoco el artículo 2° del Decreto Ley N°
21635, modificado por el Artículo 1 del Decreto Ley N° 22177, publicado el
10-05-1978, que no ha sido aplicado
por el juez bajo el principio iura novit curia, y no tomar en consideración el
abuso del derecho de mi vecino Julio Aliaga Huarcaya, al adjudicarse un área
tres veces mayor a la permitida por la ley, para favorecerlo con la sentencia,
en mi agravio, de lo que fluye la colusión para violar el derecho al debido
proceso.
2.6 Invoco a
favor de mi pretensión el artículo 899º del C.C., pisoteado por el demandado
Julio Aliaga Huarcaya, que dispone: “Existe coposesión cuando dos o más
personas poseen un mismo bien conjuntamente. Cada poseedor puede ejercer sobre
el bien actos posesorios, con tal que no signifiquen la exclusión de los demás.”
Y como dicha persona y la actora nos encontramos ocupando el predio, entonces
existe coposesión sobre el área total, y el demandado no puede, abusivamente,
hacerse de la parte que poseo en una extensión de 150 m2, para su
propio beneficio. Lamentablemente, el ordenamiento jurídico peruano no
contempla la acción negatoria, ni en su modalidad romana (tutela contra
perturbaciones de derecho), ni en su modalidad germánica
(tutela contra perturbaciones de derecho o de hecho) y se
me ha denegado justicia.
2.7 Invoco
el artículo VII del Título Preliminar del C.P.C.[6]
que impone al juez de dominar el Derecho, aplicando el derecho que corresponde
al proceso, lo que significa el dominio de la plenitud hermética del derecho, y
su preferencia por el valor JUSTICIA. Los justiciables tenemos el derecho a exigir la pretensión que consideremos adecuada a nuestros
intereses siempre que se enmarque dentro de la legalidad. Empero, tomando en
consideración que se ha incurrido en nulidad insalvable, por imperio del
artículo 219º inciso 4 del Código Civil, se debe amparar mi demanda.
2.8 Invoco a
favor de mi pretensión el artículo 901º del C.C. con objeto de probar que la
ley opera a mi favor, toda vez que no existe documento en el expediente, que
acredite la tradición del bien que poseo al demandado, lo que deja en evidencia
la ilegalidad de su titulación como propietario de mi lote de terreno en que
tengo mi casa.
2.9 Invoco a
favor de mi pretensión el artículo 909º del C.C. inaplicado por los jueces, que
dispone: “El poseedor de mala fe responde de la
pérdida o detrimento del bien aún por caso fortuito o fuerza mayor” y, como es posible que pierda la propiedad
del bien, por la mala fe del demandado, entonces, es verdad que se ha violado
el debido proceso en mi agravio.
2.10 En tal
sentido invoco el artículo II del Título Preliminar del Código Civil, que ha
sido inaplicado en el EXPEDIENTE Nº 217-2009-SEC A. a los efectos de protegerme
contra el abuso del derecho, y reclamar subordinadamente, la indemnización por
tal abuso.
2.11 Tampoco
se ha aplicado el artículo 924º del C.C., que dispone: “ Aquél
que sufre o está amenazado de un daño porque otro se excede o abusa en el
ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior o que
se adopten las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por los
daños irrogados.” Que deja
en evidencia la violación del debido
proceso.
2.12 Finalmente,
invoco a mi favor el artículo 99º del T.U.O. del Reglamento General de los
Registros Públicos, aprobado por Resolución Nº 079-2005-SUNARP, que señala: “La
nulidad del título supone la nulidad de la inscripción o anotación preventiva
extendidas en su mérito, siendo la
resolución judicial que declare dicha nulidad, título suficiente para la
cancelación del título respectivo”. Al respecto, no se puede negar que es violatorio
del valor “justicia”, que una
entidad del gobierno otorgue a cualquier persona un título de propiedad sobre
un área de casi 900 m2 en detrimento de personas que tienen
necesidad de terreno y apenas poseen una extensión de 150 m2, y que
luego, el mejor poseedor deba probar serlo en un proceso
judicial, sin alcanzar justicia, porque se violó en su perjuicio, el principio
del debido proceso y la tutela procesal efectiva, que comprende el derecho a
ser oído por un juez imparcial y el de ofrecer y actuar pruebas, para obtener
una sentencia fundada en Derecho.
3.- MEDIOS
PROBATORIOS: Ofrezco el mérito de los siguientes:
a) El expediente Nº 00217-2009-0-1411-JR-CI-01, que deberá
solicitarse al juez especializado civil, con objeto de probar que es un proceso
en que se ha violado el debido proceso y la tutela procesal efectiva, que ha
adquirido autoridad de cosa juzgada, y se ha notificado para su ejecución,
mediante Resolución Nº 26, del 2 de marzo de 2015, notificada a mi parte el 20 de marzo de 2015, fecha en que adquirió ejecución y contiene el contrato de compra venta de fecha 05.11.1981,
con el que se acreditó que el contrato es nulo de pleno derecho por haberse
violado el artículo 2° del Decreto Ley N° 21635, modificado por el Artículo 1
del Decreto Ley N° 22177, publicado el 10-05-1978, al adjudicarse un área mayor
a la permitida por la ley, y por imperio del artículo 103º de la Constitución , que “NO AMPARA EL ABUSO DEL
DERECHO”, operando de pleno derecho el artículo 220° del
C.C., por aplicación directa del artículo V del Título Preliminar del Código Civil.
ANEXO FOTOCOPIA
DE LA RESOLUCIÓN Nº 26, de fecha 02 de marzo de 2015, con
objeto de probar su preexistencia, la misma que me fue notificada el día 20 de marzo de 2015, desde la cual comienza a correr el plazo de 6 meses desde que se inicia
la ejecución.
b) Fotocopia de RECIBO DE COBRO MÚLTIPLE Nº 0421, expedido por la Municipalidad
Provincial
c) Fotocopia de CERTIFICACIÓN DOMICILIARIA, de fecha 22 de Enero de 1996, otorgado por autoridad competente-
Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca- a favor de don Máximo Gómez
Choque, (obra en el expediente Nº 217-2009-SEC A) con objeto de
probar que el predio que poseo desde hace más de 20 años, está identificado
como lote N° 6-A, de la Av
Yahuar Huaca manzana 28, Túpac Amaru Inca y que el demandado se
apropió ilícitamente, sin que el juez administre justicia, conforme al artículo
VII del Título Preliminar del C.P.C.
d) Fotocopia de la Factura Nla Inspección de Obras
Públicas, Agua y Desagüe, de la Municipalidad Provincial
e) Fotocopia de la CONSTANCIA DE
DAMNIFICADO BENEFICIARIO, otorgado por el Comité Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad
Distrital
f) Fotocopia del CERTIFICADO DE POSESIÓN
otorgado por la Municipalidad
Distrital
g) Fotocopia del Oficio Nº
2319-2008-COFOPRI/OZIC, de fecha 16 de junio de 2008, (obra en el expediente Nº 217-2009-SEC A) que me dirige COFOPRI, informando que no es posible que me
entregue título de propiedad, por el predio que mantengo la posesión en calle
Yahuar Huaca manzana 28 lote 6 Túpac Amaru Inca, porque “el lote en mención se encuentra inscrito en los Registros de
Predios, en la ficha Nº 000349, ubigeo N 010208, trasladada a la Partida Electrónica02010247 a
favor de don Julio Aliaga Huarcaya y de su esposa doña Saturnina Rojas Huarcaya, situación que
data desde el año 1995, incidente que escapa a las normas de COFOPRI, por ser
una inscripción independiente a nuestra función y que debe ser conocida en otra
instancia.” Con objeto de probar que había quedado
legitimada para demandar en la vía Judicial, el reconocimiento de mis derechos,
lo que no ha sido valorado en forma conjunta por el juez demandado, lo que deja
en evidencia la violación del debido proceso, por colusión entre juez y parte
en mi perjuicio, para despojarme de la vivienda establecida en calle Yahuar
Huaca manzana 28 lote 6 Túpac Amaru Inca.
h) Fotocopia de la Partida N
i) Fotocopia del REPORTE DE VERIFICACIÓN, y
plano anexo, expedido por COFOPRI, del área en conflicto, con objeto de probar
que en la manzana 28, de la
Av Yahuar Huaca Túpac Amaru Inca, el lote Nº 6, aparece con
las medidas perimétricas de 11.0030.77 y 11.30, que deja en evidencia que
técnicamente es imposible que se haya adjudicado un lote de aproximadamente 900
m2 al codemandado Julio Aliaga Huarcaya, lo que demuestra la colusión del juez
con la parte, para perjudicarme.
VIA PROCEDIMENTAL. PROCESO DE CONOCIMIENTO.
MONTO DEL PETITORIO. No apreciable en dinero.
POR LO EXPUESTO
Al juzgado pido admitir a trámite la presente.
ANEXOS:
1.a) Fotocopia de la
Resolución Nº 26, de 02 de marzo de 2015 del expediente Nº 00217-2009-0-1411-JR-CI-01.
1.b) Fotocopia de
RECIBO DE COBRO MÚLTIPLE Nº 0421, expedido por la Municipalidad
Provincial
1.c) Fotocopia de
CERTIFICACIÓN DOMICILIARIA, de 22 de Enero de 1996.
1.d) Fotocopia de la Factura Nla Municipalidad
Provincial
1.e) Fotocopia de la CONSTANCIA DE
DAMNIFICADO BENEFICIARIO.
1.f) Fotocopia del
CERTIFICADO DE POSESIÓN otorgado por la Municipalidad
Distrital
1.g) Fotocopia del
Oficio Nº 2319-2008-COFOPRI/OZIC, de 16 de junio de 2008.
1.h) Fotocopia de la Partida N
1.i) Fotocopia del
REPORTE DE VERIFICACIÓN, y plano anexo, expedido por COFOPRI,
1.j) Comprobante de
pago de arancel judicial por ofrecimiento de pruebas.
1.k) Comprobante de
pago de arancel judicial por 3 cédulas de notificación.
1.l) Fotocopia de mi
D.N.I.
1.m) Habilitación del abogado.
Pisco,
21 de mayo de 2015.
[1] El Juez deberá atender a que la finalidad
concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad
abstracta es lograr la paz social en justicia.
[2] Artículo
VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no
haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente.
[3] FLORENCIO
MIXÁN MASS LÓGICA PARA OPERADORES DEL DERECHO” Ed. BLG 1998, Lima Perú,
INFERENCIAS INCORRECTAS, página 70 y siguientes)
[5] Artículo V del T.P. del C.C. “Es nulo el acto jurídico
contrario a las leyes que interesan al
orden público o a las buenas costumbres”.
[6] El Juez debe
aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por
las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del
petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados
por las partes
muchas gracias Dr.
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