EXPEDIENTE N° 02189-2009-0-1411-JR-PE-01
SECRETARIO Dra. ANALINA
SÁNCHEZ
SUMILLA: CONCLUSIONES
DE LA DEFENSA
A LA SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES Y LIQUIDADORA DE ICA.
PEDRO JULIO ROCCA LEÓN, abogado de don JRC REO EN CÁRCEL, señalando domicilio procesal en Casilla SINOE Nº 7821,
Correo Electrónico pedrojuliorocaleon@gmail.com
Celular Nº 956562429, respetuosamente dice:
Que, conforme a lo decidido por el Colegiado en
audiencia virtual del 30 de julio de 2020, cumplo con presentar las
conclusiones de la defensa, a fin que sean considerados por la Sala al momento
de votar las cuestiones de hecho:
1.- ESTÁ PROBADO
Conforme está determinado en forma expresa, clara y
definitiva, está probada la existencia del delito de TID con fecha 13 de
octubre de 2009, en Pisco, habiéndose condenada a su AUTOR, quien ha reconocido
su responsabilidad por el hecho, como único autor, en el juicio oral que
concluyó por condenarlo por dicho hecho punible.
En efecto, en la sentencia condenatoria, el colegiado
ha considerado que: “Eleuterio Peña Huamán, al ser entrevistado preliminarmente
por el fiscal en presencia de su abogado HA ACEPTADO SER AUTOR del hecho de
transportar la droga desde la ciudad de Huamanga- Ayacucho, hasta la ciudad de
Lima, ha aceptado que al llegar a esa ciudad le iba a entregar el vehículo a su
amigo a quien conoce como “Chamito, quien le pagaría mil nuevos soles por haber
transportado la droga.” Hecho que no fue refutado ni contradicho por el fiscal
acusador, ni los abogados de las partes, por lo que es un acto consumado y con
plena virtualidad jurídica, que no puede ser negado por nadie, o quedaría
demostrado que la sentencia es nula por sustentarse en falsos testimonios y
mentiras y que se violó por negligencia el artículo 72° inciso 1) del Código de
Procedimientos Penales, que textualmente dice: “La instrucción tiene por objeto reunir
la prueba de la realización del delito, de
las circunstancias en que se ha perpetrado, y de sus móviles; establecer la
distinta participación que hayan tenido los autores y cómplices, en la
ejecución o después de su realización.”, Asimismo, el numeral 3)
de la misma ley, prescribe: “3. Las diligencias actuadas en la etapa policial con la
intervención del Ministerio Público y las
practicadas por el propio Fiscal Provincial, con asistencia del defensor, que
no fueran cuestionadas, mantendrán su valor probatorio para los efectos
del juzgamiento” . lo que a su vez demostraría que ni fiscales,
ni jueces tienen el perfil que determina la ley de la carrera fiscal N° 30483
ni de la carrera judicial N° 29277, por evidente falta de capacidad para
interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos, como así lo
exige el artículo 2° de ambas leyes, los que los descalifica para intervenir en
la administración de justicia.
2.- ESTÁ PROBADO QUE EL HECHO ESTÁ PREVISTO EN
SI ESTÁ PROBADO.
La ley vigente, al momento de los hechos, prescribe: “Artículo
296.-El que promueve, favorece o facilita el
consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al
artículo 36, incisos 1), 2) y 4). El que posea
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico
ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor
de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días-multa. El que provee,
produce, acopie o comercialice materias primas o insumos para ser destinados a
la elaboración ilegal de drogas en cualquiera de sus etapas de maceración,
procesamiento o elaboración y/o promueva, facilite o financie dichos actos,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de
diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa. El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para
promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con
sesenta a ciento veinte días-multa.” Y según la acusación fiscal, se
considera delito agravado por imperio del artículo 297° numeral 7) como se
puede apreciar de la lectura de la modificación impuesta por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 982,
publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente: “La pena será privativa de libertad no
menor de quince ni mayor de veinticinco años, de ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos
1), 2), 4), 5) y 8) cuando: “7. La droga a comercializarse o comercializada excede
las siguientes cantidades: veinte kilogramos de pasta básica de cocaína.”
3.- ESTÁ PROBADO
QUE EXISTE NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO FÁCTICO Y
NO PROBADO.
En efecto, la acusación fiscal peca contra el octavo
mandamiento de la Ley de Dios, que manda no levantar falsos testimonios, ni
mentir, lo que se puede comprobar de las siguientes afirmaciones emitidas por
el fiscal superior Juan Carlos Villena Campana, en audiencia de juicio oral del
30 de julio de 2020.
1°.- Falso testimonio: Eleuterio Peña Huamán
“conjuntamente” con mi patrocinado Julio Rojas De la Cruz, “habían transportado drogas de Ayacucho a
Arequipa”. Tal afirmación es falsa, por cuanto, el condenado Eleuterio Peña
Huamán, se declaró responsable único del transporte de droga desde Ayacucho a
Lima, siendo intervenido en Pisco, que está a cientos de kilómetros de
distancia apartado de Arequipa.
2°.- Falso testimonio: “Eleuterio Peña Huamán
“conjuntamente” con mi patrocinado Julio Rojas De la Cruz, “habían transportado drogas de Ayacucho a
Arequipa” Lo que viola el principio de imputación necesaria, que estableció el ACUERDO
PLENARIO N° 6-2009/CJ-116, en el sentido que “la acusación fiscal debe cumplir
determinados requisitos que condicionan su validez” y que “desde la
perspectiva objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente
los requisitos objetivos referidos a la causa de pedir: fundamentación fáctica
y fundamentación jurídica, (Fundamento 6) en tal contexto “LA ACUSACIÓN
DEBE DESCRIBIR DE MODO PRECISO, CONCRETO Y CLARO LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL IMPUTADO”,
El plenario impone como precedente que en la acusación fiscal: “Se exige una relación circunstanciada, temporal y
espacial, de las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley,
que han de constituir el objeto del juicio oral” Así en el fundamento 10, el Acuerdo Plenario
impone: el órgano jurisdiccional analizará, en primer lugar, el cumplimiento de
los requisitos legales de la acusación. Es decir, si ha cumplido con lo
dispuesto en el artículo 225° ACPP. El Fiscal ha de desarrollar en su escrito
de acusación los extremos señalados en el párrafo 7°. Su ausencia y, en
especial, cuando el Tribunal entendiera, indistintamente, (i) que el petitorio o petitum sea incompleto o
impreciso, ii) que el fundamento de
hecho o relato de los hechos fuere insuficiente –no circunstanciado-, vago,
oscuro o desordenado, o (iii) que la
tipificación no se
defina en debida forma ni mencione
el conjunto de circunstancias de la responsabilidad penal
necesarias para la debida individualización, fáctica y jurídica del hecho
acusado” De lo que
podemos inferir la negligencia del fiscal en el cumplimiento del Acuerdo
Plenario citado.
2.1 No existe medio probatorio que demuestre
palmariamente que el condenado “conjuntamente” con el procesado Julio Rojas De
la Cruz, “habían transportado drogas”.
Aquí sólo existe una petición de principio, que, según Mixán Mass[1],
citando a Doriga, dice: "Es falacia relativamente frecuente. El orador que
no tiene razones válidas, o por lo menos
no tiene razones claras y convincentes para fundamentar una aseveración, en vez
de centrar la discusión en torno a esa fundamentación, lanza la afirmación en
forma tajante, como si fuera inmediatamente a enumerar las consecuencias de su
afirmación” En este caso concreto, el fiscal afirmó tajantemente que “conjuntamente” … “habían transportado drogas”,
sin embargo, no aporta ningún medio probatorio que verifique dicha afirmación.
2.2 No existe concertación o acuerdo previo para
realizar el hecho punible de tráfico ilícito de drogas entre el condenado y el
procesado, que justifique la acusación fiscal contra Julio Rojas de la Cruz, de
lo que fluye la violación del acuerdo plenario N° 3-2005, y con ello, se ha violado
el principio de proscripción de la responsabilidad objetiva (artículo VII del
Título Preliminar del Código Penal).
2.3 En el mismo sentido, en la acusación fiscal tampoco
existe medio probatorio que acredite que la decisión de cometer el delito en
sus rasgos esenciales de la concreta actuación material en el hecho
incriminado, que permita vincular funcionalmente los distintos aportes al
delito por parte de Julio Rojas De la Cruz, que ponga en duda la credibilidad
de la responsabilidad individual del condenado Eleuterio Páucar Huamán,
aceptada en juicio, de lo que fluye una violación perniciosa de la presunción
de inocencia, prefiriendo la presunción de culpabilidad.
3°.- Falso testimonio: “Que no hay contrato de
arrendamiento del vehículo, asumiendo que dicha falta tipifica el delito
previsto en el artículo 296° del Código Penal, lo que constituye violación del
principio de presunción de inocencia, , prefiriendo la presunción de
culpabilidad.
4°.- Falso testimonio: Que el procesado nunca cobró, ni
requirió el pago del alquiler del vehículo, lo que no fue declarado por mi
patrocinado, quien al ser preguntado por la Directora de Debates respecto al
vehículo, declaró que dejó de pagar por el problema en que estaba comprendido,
lo que motivó que la empresa vendedora recobre el vehículo y no lo que
maliciosamente menciona el fiscal Villena.
5°.- Falso
testimonio: Que conoce a Ricardo Hualpa Rojas, sin que exista medio probatorio
alguno que corrobore dicha afirmación, además, que no se ha determinado cuál es
la pertinencia, conducencia y utilidad de tal apreciación subjetiva en este
proceso, de lo que fluye la violación del principio de presunción de inocencia,
, prefiriendo la presunción de culpabilidad, con el propósito de hacer condenar
a un inocente por simple rutina procedimental fiscal.
6°.- Falso testimonio: Que Rojas de la Cruz es coautor
del delito, sin que el fiscal cumpla su obligación de aportar los medios
probatorios que certifiquen dicha afirmación, a sabiendas que lo que se dice de
una persona, sin pruebas, no pasa de ser
un chisma, un infundio, una difamación, lo que, proviniendo de un fiscal, sin
cumplir la obligación procesal que impone el artículo 61° del D. Leg. 957, constituye
violación del principio de presunción de inocencia, prefiriendo la presunción
de culpabilidad.
4.- ESTÁ PROBADO QUE EXISTE NEXO CAUSAL ENTRE LOS
HECHOS IMPUTADOS AL PROCESADO J C CON LA HIPÓTESIS JURÍDICA
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 296° DEL C.P.?
NO ESTÁ PROBADO.
En todo el proceso de juicio oral, no existe nexo
causal o adecuación de los hechos fácticos que contiene la acusación en contra
del procesal Julio Rojas de la Cruz, con la acción típica, antijurídica y
culpable que describe el artículo 296° del C.P., por lo que es imposible emitir
sentencia condenatoria, como así está dispuesto en el artículo 280° del C. de
P.P.: “La
sentencia que ponga término al juicio deberá apreciar la confesión del acusado
y demás pruebas producidas en la audiencia, así como los testimonios, peritajes
y actuaciones de la instrucción”.
De la misma manera, de lo actuado en el proceso, no se
dan las condiciones exigidas legalmente en el Artículo 285° del C.P. que tiene
previsto; “La
sentencia condenatoria deberá contener la designación precisa del delincuente,
la exposición del hecho delictuoso, la apreciación de las declaraciones de los
testigos o de las otras pruebas en que se funda la culpabilidad, las circunstancias
del delito”
Siendo el caso que existe confesión del condenado
Eleuterio Páucar Huamán y las pruebas actuadas que sirvieron para condenar, sin
que exista algún medio de prueba que sindique
mi patrocinado como autor o partícipe del delito por el cual está siendo
procesado, de lo que fluye la violación del principio de presunción de
inocencia, prefiriendo la presunción de culpabilidad.
5°.- ESTÁ PROBADO QUE LOS HECHOS IMPUTADOS AL PROCESADO
JC SE DEBE A
NO ESTÁ PROBADO.
La acusación fiscal, expuesta en la audiencia de juicio
oral del 30 de julio de 2020, está llena de subjetividades, sin medio
probatorio que pueda abonar en favor de alguna de las afirmaciones del fiscal
Villena Campana, por lo que la Sala no tiene legalmente otra opción más que la
de absolver a mi patrocinado de la acusación fiscal, conforme a lo dispuesto
por el artículo 284° del C. de P.P.
POR LO EXPUESTO:
A la Segunda Sala de Apelaciones y Penal Liquidadora de
Ica pido se absuelva a mi patrocinado de los cargos emitidos por el fiscal en
la acusación.
Pisco, 31 de Julio de 2020.
[1]
“Lógica para Operadores del Derecho” FLORENCIO MIXÁN MASS Ed. BLG 1998, Lima Perú, INFERENCIAS INCORRECTAS,
página 70 y siguientes)
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