EXPEDIENTE: 00464-2016-0-1411-JR-CI-01
SECRETARÍA: EDWIN
STANLEY RAMOS IBARRA
ESCRITO N° 4
SUMILLA: APELACION.
AL JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO SEDE
VILLA- PISCO
BETTY CONDORI SUCAPUCA, en la demanda contra RENEE GARCIA VILLANUEVA, para que se
declare el MEJOR DERECHO A LA POSESIÓN,
de lote de terreno, dice:
Que, habiendo sido notificada en la casilla 7821, el 01 de los
corrientes, con la Resolución Nº 11, que declaró infundada la demanda sobre MEJOR DERECHO A LA POSESIÓN, sustentada
en errores in iudicando, para denegarme justicia, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 364º del C.P.C. apelo la sentencia, con la esperanza que el
superior examine los agravios que produce la sentencia y la revoque, por los
vicios que se desprende de un análisis imparcial, como paso a fundamentar:
1.- AGRAVIOS QUE PRODUCE LA SENTENCIA IMPUGNADA.
1.1 Se violó la tutela procesal efectiva, el debido proceso, la
motivación de las resoluciones judiciales, la proscripción del abuso del
derecho y el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún
estado del proceso, que garantizan los artículos 103º in fine, y 139º incisos
3, 5 y 14 de nuestra Constitución, violados para favorecer a la demandada, pese
a que fue declarada rebelde.
1.2 Se ha interpretado erróneamente los artículos 188º, 190º, 194º, 197º,
198º, 199º, 414º, 461º y 464º del
C.P.C., para causarme daño, resaltando el error cometido contra el artículo
197º del CPC., siendo evidente que en lugar de condenar a la rebelde al pago de
las costas y costos causados por su rebeldía, se invirtió la ley en mi
perjuicio, para condenarme al pago de costas y costos del proceso, a conciencia
que la rebeldía de la demandada y por el juzgamiento anticipado del proceso,
con prescindencia de la audiencia de pruebas, no existen gastos realizados por
la demandada para su defensa.
1.4 Se ha inaplicado el artículo 473º del CPC, toda vez que al declararse
saneado el proceso, y que la declaración de rebeldía acarrea la presunción
legal relativa de verdad, no se tuvo en cuenta dicha presunción legal y se
actuó en forma exclusiva y excluyente, el único medio probatorio que favorece a
la demandada, contrato de compraventa de dudosa procedencia, con prescindencia
de todos los que contiene mi demanda, con lo cual se verifica que la sentencia adolece de criterio para distinguir entre la presunción
legal y la inferencia incorrecta; (falta de motivación) objetividad para no distinguir donde la ley no distingue; razonabilidad, para buscar la
verdad sujetándose a las leyes de la lógica jurídica como un mecanismo de
control jurídico o interdicción de la arbitrariedad y no dejarse arrastrar por
el abuso de las facultades discrecionales, por lo que adolece de falta de
racionalidad y resulta arbitraria; imparcialidad,
para no inclinar la decisión a favor de alguna de las partes y congruencia
para resolver en mérito a lo pedido por las partes, a lo actuado en el proceso
y a las normas jurídicas aplicables, e infracción
contra los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 7º y 9º del Código de Ética del Poder Judicial.
2.- ERRORES DE HECHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA:
2.1 Se violó la tutela procesal efectiva, el debido proceso, la
motivación de las resoluciones judiciales, la proscripción del abuso del
derecho y el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún
estado del proceso, que garantiza nuestra Constitución, que han sido violados
por el juez para favorecer a la demandada, a pesar que fue declarada rebelde,
sin considerar que mi derecho posesorio proviene del cumplimiento del programa
de vivienda del Estado, que se inició mediante Decreto Supremo Nº
004-2004-VIVIENDA (Programa de Mejoramiento Integral de
Barrios – MiBarrio) y sigue múltiple normativa de unidad
administrativa, aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 1503-2014-MDSC/ALC de fecha 30 de
Diciembre del año 2014, siendo el caso que jamás existió posesión por parte de
Renee García Villanueva, como ésta hizo creer en el proceso penal Nº
00250-2013-22-1411-JR-PE-01, donde denunció a Juana Yolanda Gómez Vilcapoma por
delito de usurpación y en el cual no he sido parte.
2.1.1 Consta en el segundo considerando de la sentencia “PRETENSIÓN DE LA
DEMANDA” que: “A fojas treinta y dos y siguientes,
doña BETTY CONDORI SUCAPUCA interpone demanda en contra doña
RENEE GARCIA VILLANUEVA sobre mejor
derecho de posesión, con la finalidad de que por sentencia se declare el
mejor derecho a la posesión sobre el lote de terreno para vivienda, ubicado
en Calle CATORCE DE SEPTIEMBRE
Mz. “2”
Lote Nº 02,
de un área
de
150.00 m2, con un perímetro de 62.00 m.l., de la Asociación de Vivienda Carlos Palomino … etc.” quedando delimitado de esta manera el
marco teórico sobre el cual el juez debe resolver, conforme a lo dispuesto en
el inciso 6 del artículo 50º del C.P.C., pero, en la práctica, ha resuelto sobre mejor derecho de propiedad, sobre un predio que no corresponde ni
con las dimensiones, ni con la ubicación del predio demandado, de lo que fluye
indudablemente la violación de la TUTELA
PROCESAL EFECTIVA, en mi agravio, al negarse a oírme, a la actuación de
mis pruebas, y a administrar justicia, expidiendo una sentencia fundada en
derecho y, por el contrario, ha emitido una sentencia contraria a la tutela
procesal, sustentándola en inferencias incorrectas[1], que
Mixán Mass lo califica como “ignoratio elenchi o mutatio elenchi”, porque
se ha suplantado totalmente la pretensión demandada, (violando el numeral 6 del
artículo 50 del CPC) lo que significa que no se me ha oído, cumpliéndose en
este caso en forma expresa, la condena de Jesucristo: “tienen ojos y no ven, tienen oídos y no
escuchan” (Marcos 8:17) lo que es una escandalosa forma de
injusticia, que vicia el proceso de nulidad.
2.1.2 Y como el juez se ha negado
a oírme, cerrando su mente a lo que él mismo copió en la parte expositiva: “… precisa que, en el expediente Nº
00250-2013-22-1411- JR-PE-01, se condenó a la acusada doña Juana Yolanda Gómez Vilcapoma (que no soy yo, ni tengo
vinculación alguna con esa persona) como
autora del delito de usurpación (…) disponiéndose que se restituya el inmueble
usurpado, sentencia que aquella no apelo, declarándose consentida, y que al
tomar conocimiento que el Juez penal dispuso el desalojo de todos (…), que
incluye el lote de vivienda descrito en el petitorio, a sabiendas de que en la sentencia no existe declaración de la extensión
del área usurpada, los moradores
presentaron escrito al juzgado penal, para que se les permita defender
sus derechos posesorios, siendo
rechazados por no ser partes del proceso, (…) comprendiendo el área de la Lotización de la Asociación de Vivienda
Carlos Palomino Sotelo Grupo Nº 05,
como si fuera posesión de la demandada doña Raneé García Villanueva violando el
D.S. Nº 032-2008-VIVIENDA, con lo que el Juez Penal le está reconociendo mejor
derecho a la posesión a la demandada, a lo que le legitima demandar el mejor derecho de posesión.”,
por lo que es evidente que el juez civil, ha convertido lo accesorio en lo
principal, esto es se negó la actuación de los medios probatorios ofrecidos con
la demanda, para probar mi mejor derecho a la posesión en mérito a lo que he
expuesto y por el contrario ha tomado como fundamento de su sentencia el
contrato fraudulento que se presentó en el proceso penal citado y que motiva la presente demanda,
en virtud que el juez penal ordenó el desalojo de mi lote, a conciencia del
juez mencionado: “que en
la sentencia no existe declaración de la
extensión del área usurpada, (por lo que no existe prueba que mi lote sea parte del lote de la
demandada, como pretende el aquo) que, asimismo, el
escrito que presentamos al juzgado penal, para que se nos permita defender nuestros
derechos posesorios dentro del proceso penal, fueron rechazados por el juez penal, afirmando que NO SOMOS PARTE en dicho proceso penal, por lo que incuestionablemente, el aquo ha
dado mérito al contrato de compraventa QUE NO HA SIDO ACTUADO en mi
contra, CON MI CONOCIMIENTO,
de lo que fluye la violación del artículo 198º del C.P.C. y con ello, la
violación del debido proceso en mi agravio, lo que deja en duda la
imparcialidad del juez.
2.1.3 El principio de motivación se cumple cuando existe fundamentación
jurídica, congruencia entre lo pedido
y lo resuelto y, la resolución exprese suficiente justificación de la
decisión adoptada; bajo este contexto, la resolución no sólo debe estar
motivada, sino también, la argumentación que ella contiene debe ser coherente,
precisa y debe sustentarse en los
medios de prueba correspondientes. En este caso concreto, el juez no ha
motivado su resolución, violando lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 50º
del C.P.C., siendo ostensible que no ha respetado los principios de jerarquía
de las normas ni el de congruencia, que se evidencia por el hecho simple y
sencillo, yo pido mejor derecho a la posesión y el juez resuelve tomando como
fundamento el mejor derecho a la propiedad, utilizando como pretexto, un
contrato fraudulento, que no ha sido actuado en mi contra y sin mi conocimiento
vulnerando el artículo 198º del C.P.C., y cometiendo el vicio del razonamiento
que Florencio Mixán denomina falacia de “argumento por ignorancia”, decidiendo
porque sí, que el contrato de compra venta que sustenta su sentencia, es
verdadero, porque nadie ha demostrado su falsedad, sin investigar el medio
probatorio sometiendo a un estudio crítico, que nadie ha demostrado su
falsedad, porque el juez penal no permitió que los afectados cuestionen el
contrato, alegando que “no son parte”,
con lo que se incurrió en violación del artículo 1º de nuestra Constitución, al
impedirnos el derecho de defensa, como fin fundamental del Estado y la
sociedad.
2.1.4 En la sentencia se ha violado el artículo 103º de nuestra
Constitución que garantiza: “La Constitución no ampara el abuso del derecho” y
en este caso se ha merituado en forma exclusiva y excluyente, como único medio
probatorio el contrato de compra venta dudoso, omitiendo la diligencia de
actuación de pruebas para impedir que pueda cuestionarlo y demostrar su
nulidad, so pretexto de “Juzgamiento Anticipado del Proceso, prescindiéndose de realizar la
audiencia de pruebas”, por haber
declarado rebelde a la demandada y en lugar de determinarse por la presunción
relativa a la verdad de los hechos, como manda el artículo 473º inciso 2 del
C.P.C., elude aplicarla, para pronunciarse en favor de la rebelde, bajo el
“argumentum ad misericordiam”, porque no tiene medios para defenderse,
prefiriendo su propio arbitrio, por encima del carácter imperativo de las
normas del C.P.C., y sin tomar en consideración que la posesión pacífica en que
se ampara mi demanda no se ha visto interrumpida por proceso judicial alguno entablado
entre las partes procesables, por lo que no cabe duda de que se violó el
artículo 103º de nuestra Constitución, que proscribe el ABUSO DEL
DERECHO.
2.1.5 Como está acreditado precedentemente, el juez no permitió la
actuación de medios probatorios porque prescindió de la audiencia de actuación
de pruebas, para impedirme cuestionar el contrato fraudulento y demostrar su
nulidad, haciéndome creer que opera la presunción legal relativa a la verdad,
pero al no realizar la audiencia de actuación de pruebas, para luego
fundamentar la sentencia utilizando en forma exclusiva y excluyente el contrato
de compra venta que no fue actuado con mi conocimiento, ha violado con ello, el
principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso,
como extraigo de la CASACIÓN Nº 2029-2007-Lima, que consideró: “Octavo.- Que, las pruebas en realidad están mezcladas formando una secuencia integral, un todo,
un conjunto armonioso; debiendo ser la preocupación
del Juez reconstruir, en base de medios probatorios, los hechos que dan
origen al conflicto. Noveno.- Que, ninguna
prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva,
sino en su conjunto; dado que sólo
tendiendo una visión integral de los medios probatorios se puede sacar conclusiones
EN BUSCA DE LA VERDAD; QUE ES EL FIN DEL PROCESO. (destacado es mío) Décimo.-
Que, (…) ha realizado una valoración
defectuosa de los medios probatorios ofrecidos por las partes (…) dándole únicamente valor a los documentos
que acreditan actos administrativos efectuados por la (empresa) demandada no vinculados al
demandante. Décimo Primero.- Que, siendo esto así, es evidente que existe contravención a las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso, toda vez que el Colegiado
Superior no ha cumplido con valorar
los medios probatorios con arreglo a la previsión que contiene el artículo 197
del Código Procesal Civil.”, lo que guarda identidad con lo que pasa en este caso
concreto, donde se violó el principio de predictibilidad.
2.2 Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, evidentemente se
violó el artículo VII del título
Preliminar del C.P.C. que dispone: “… Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos
diversos de los que han sido alegados por las partes” De lo
que fluye que la decisión que contiene la Resolución Nº 11, es un abuso de
autoridad. Se ha inaplicado o interpretado erróneamente, según cada caso, los
artículos 188º, 197º, 198º, 199º, y 464º del C.P.C., para favorecer a presuntos
traficantes de terrenos, que pretenden despojarme.
2.2.1 El Aquem deberá revisar la Resolución Nº 3, de fecha 04 de octubre
del 2016, de fojas 57 y fojas 58, que admite la demanda sobre Mejor Derecho a la Posesión, en vía de proceso de conocimiento,
sin embargo, el único medio probatorio que sustenta la sentencia, en forma
exclusiva y excluyente, es el contrato de compra venta fraudulento, como se
aprecia del dicho jurisdiccional: “En cuanto al tercer y cuarto punto
controvertido, esto es “Determinar si la
demandada RENEE GARCIA VILLANUEVA ha
ejercido posesión respecto del inmueble antes mencionado y desde cuando”; y
“Determinar si la demandada RENEE GARCÍA
VILLANUEVA, cuenta con título de propiedad o título posesorio respecto del inmueble antes descrito”.
En principio, debemos señalar que la
demandada en mención tiene la condición de rebelde al proceso, según aparece en la RESOLUCIÓN Nº 5, de fojas sesenta. Sin embargo, en
el proceso penal Expediente Nº 2013-250-22, seguido por ante el Juzgado Penal
Unipersonal Transitorio y Penal Liquidador de Pisco, se estableció que el día doce
de septiembre de dos mil doce la agraviada Renee García Villanueva fue
despojada de su
predio fundo denominado
Dadelso, por parte
de la acusada
Juana Yolanda Gutiérrez, -
Presidente de la Asociación Carlos Palomino – junto con otras diez personas de mal vivir, según es de verse en la
sentencia penal que en fotocopia certificada obra a fojas ciento noventa y uno
y siguientes.” Y en otro
apartado: “También, tenemos que
en el proceso de reinvindicación, (así está escrito) expediente Nº 2012-129, seguido
por ante el Juzgado Civil de Pisco, por don Francisco Eduardo Camino Boggie, en
contra de doña Juana Yolanda Gómez Vilcapoma; y otros, el Juez de la causa efectivamente declaró la conclusión del proceso,
por ausencia de una relación jurídica procesal válida, por cuanto a la
fecha de la interposición de la demanda el demandante ya no era propietario del
Fundo Dadelso, de una extensión superficial de 619.9.940 hás. Etc. en efecto, el predio materia de autos, fue adquirido por escritura pública de
compra venta, del diecisiete de enero de dos mil doce, extendida ante Notario
Público de la Provincia de Chincha, Dr. Américo Maldonado, y que otorga de
una parte don Francisco Eduardo Camino Boggio, en condición de vendedor a favor
de don Buri Marian Dávila Arteaga y esposa Renee García Villanueva, como
compradores. Según aparece en la copia de fojas ciento veintitrés y siguientes.
La cual da cuenta de la venta del predio
rústico denominado Fundo San Cornelio – Agua Santa – El Porvenir (Antes Sector
Dadelso), comprensión del distrito de San Clemente, Provincia de Pisco y
Departamento de Ica, de una extensión superficial de 6.3300 hás., seis hectáreas tres mil
trescientos metros cuadrados. En consecuencia, en éste extremo
podemos concluir que la demandada doña RENEE GARCIA VILLANUEVA, cuenta con título de propiedad o título
posesorio respecto del inmueble materia de Litis, desde el diecisiete de enero de dos mil doce; y
que ha ejercido posesión hasta el día
doce de septiembre de dos mil doce oportunidad en que fue despojada de
su predio fundo denominado Dadelso, por parte de doña Juana Yolanda
Gutiérrez, - Presidente de la Asociación
Carlos Palomino – junto con otras diez personas de mal vivir.” Lo que constituye un vicio del razonamiento que Florencio
Mixán[2]
denomina Petición de principio (petitio principii), por cuanto no se me
notificó dicho proceso para que pueda defender mis intereses en tal proceso,
por cuanto tampoco existe medio
probatorio que acredite que la denunciante tenga justo título que acredite que
el terreno materia del juicio haya sido el mismo que poseo desde antes que
fraguara el contrato de compra venta, que no se puede inscribir en los
RRPP, por no haberse independizado ese terreno y por superponerse al título que
posee la Municipalidad Distrital de San Clemente desde su fundación, a mérito
de la adjudicación que hizo el Estado a favor de la citada Municipalidad y
porque ese contrato es la causa de que interponga la presente demanda, por lo
que nadie podría negar que se ha
tomado como principio de la demostración la misma tesis que se trata de
demostrar, estableciendo un círculo vicioso, en que el contrato que es
la causa de la demanda, se toma como prueba para resolver, sin esclarecer si
tal contrato es verdadero o si es un pretexto que justifica el tráfico de
terrenos utilizando pruebas falsas para desalojar a la población, como probaré
en este proceso, con los medios probatorios anexos y porque así está escrito:
"(Salmo, 64) 3.escóndeme del complot de
los malvados y de las maniobras de los criminales. 4. Afilaron sus lenguas como
espada, tienen sus flechas, palabras de amenaza, 5.que tiran a ocultas contra
el inocente, las lanzan de improviso y sin miedo. 6. Se animan entre sí para
hacer el mal, estudian cómo disimular la trampa y dicen: "¿Quién verá 7. o quién descubrirá
nuestros secretos?" Los sacará a la luz el que escudriña el fondo del
hombre, lo profundo del ser. 8. Pero Dios les lanza sus flechas, y se ven heridos de repente. 9. Sus propias palabras los
hicieron caer y los que los ven los miran sin piedad. 10. Cada cual
entonces empieza a temer, dice en voz alta que es obra de Dios, y comprende su
acción. 11. El justo se alegrará en el Señor y en él confiará; se congratularán
todos los de recto corazón."
2.2.2 Acuso la omisión de actuación de los medios probatorios ofrecidos,
que dejan en evidencia la ineficacia del contrato de compra venta que sirve de
sustento a la sentencia, entre los que consta el medio probatorio 1.D de la
demanda: “El expediente concluido Nº 00129-2012-0-1411-JR-CI-01 sobre
reivindicación que deberá tener a la vista, solicitándola al archivo judicial
de la provincia de Pisco, con objeto de probar que el juez especializado civil
de Pisco, determinó que la demandante no tenía título que justifique la demanda.” Con lo que dejo en evidencia la violación del
debido proceso y el abuso del derecho en mi agravio.
2.3 Así tenemos que el juez afirmó en el considerando “TERCERO.- DEL DERECHO A
LA POSESIÓN Y
MEJOR DERECHO A LA
POSESIÓN: El Código Civil en su artículo 896º prescribe que “La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”. Asimismo
argumentó: “Don Jorge Eugenio Castañeda Peralta “Comentando el Código
Civil de 1936, en los claustros San Marquinos, que “la posesión es el poder o
señorío de hecho que el hombre ejerce de una manera efectiva e independiente
sobre las cosas, con el fin de utilizarlas económicamente; poder que
jurídicamente se protege con la prescindencia de la cuestión de saber si corresponde o no a la existencia de un
derecho. (…) Se trata de un poder de hecho, del ejercicio pleno o no de las
facultades inherentes a la propiedad, es decir el usare, el fruere y el
consumere”1. “La doctrina distingue entre ius possessionis (derecho de
posesión), o sea la posesión considerada en sí misma, con independencia de que
como base o fundamento de la posesión esté o no un título; y ius possidenti
(derecho a la posesión), esto es, la potestad de tener la posesión porque se
tiene un título, el cual consiste en un derecho de alcance más amplio (ej., el
derecho de propiedad), entre cuyas manifestaciones está también el derecho a la
posesión”. Y en los fundamentos de su sentencia se ha dedicado
exclusivamente a analizar el derecho de propiedad, sustentado en un dudoso
título de propiedad de la demandada, para resolver a favor de quien no se
apareció en el proceso para defender sus intereses y por lo cual fue declarada
rebelde”, lo que deja en evidencia la violación de la tutela procesal efectiva,
el debido proceso, el derecho a la motivación, la proscripción del abuso de
derecho y de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del
proceso.
2.4 El juez cita en el cuarto considerando: “DE LA CARGA DE LA PRUEBA”
que “El maestro de Udine señalaba “Para estar ciertos de un hecho
que no se ha visto, es necesario ver otros hechos de los cuales, según la
experiencia, se pueda decir que, si han ocurrido, el hecho desconocido ha
ocurrido a su vez o no. El juicio de existencia exige, pues, ante todo en el
juez una actividad perceptiva: debe aguzar la vista y el oído y estar muy
atento a mirar y escuchar algo. Los hechos que el Juez mira o escucha se llaman
pruebas. Etc.”. Sin embargo, no ha tomado en consideración sus
propias palabras y se concentró en fundamentar un solo medio probatorio en
forma exclusiva y excluyente, que no ha sido actuado en contra y con
conocimiento de la demandada, y que no sirve en absoluto para probar la
posesión en la forma y modo que cita en el considerando tercero, por lo que es
evidente que se ha violado la tutela procesal efectiva, el debido proceso, el
derecho a la motivación, la proscripción del abuso de derecho y de no ser
privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso, en mi agravio.
2.5 Agrega el aquo: “En efecto, La llamada apreciación
conjunta de la prueba radica básicamente en llegar a establecer los hechos
probados, no tomando en consideración
y valorando cada uno de los medios de prueba en sí mismos considerados, sino
atendiendo al conjunto de todos los medios practicados. La pretendida
justificación de esta apreciación conjunta suele referirse a que la convicción
judicial no puede formarse atendiendo
al examen aislado de cada medio de prueba, sino que ha de referirse al
complejo orgánico, artículado
lógicamente, de todos
los medios de Prueba” empero, en la
sentencia se ha merituado en forma exclusiva y excluyente el dudoso contrato de
compra venta, que no fue actuado contra y con conocimiento de mi parte, a pesar
que se declaró rebelde a la demandada y se declaró el juzgamiento anticipado en
mérito al saneamiento por la causal de presunción legal relativa a la verdad,
lo que deja en evidencia la violación de la tutela procesal efectiva, el debido
proceso, el derecho a la motivación, la proscripción del abuso de derecho y de
no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso.
2.6 El aquo sostiene: “En el nuevo código él Juez está apto
para, con ayuda de las partes, fijar cuales son los hechos respecto de los
cuales van a contender. El propósito es evitar que el proceso discurra respecto
de la prueba de hechos que las partes no discuten etc.”. El juez no ha tomado en
consideración que la demandada fue declarada rebelde por lo que no ayudó en
fijar los puntos controvertidos que le parecen convenientes para la defensa de
sus intereses y sin embargo el aquo ha resuelto, consintiendo: “que el proceso discurra respecto de la prueba de hechos que las partes no
discuten.”,
porque la demandada fue declarada rebelde y en consecuencia el juez debió
resolver conforme a lo dispuesto en los artículos 460º, 461º y 473º numeral 2, del C.P.C. y no
como lo ha hecho, lo que deja en evidencia la violación de la tutela
procesal efectiva, el debido proceso, el derecho a la motivación, la
proscripción del abuso de derecho y de no ser privado del derecho a la defensa
en ningún estado del proceso.
2.7 En el
considerando SEXTO: “DEL
JUICIO DE FUNDABILIDAD”, el juez sostiene: “Respecto del
primer punto controvertido,
referido a “Determinar
si la demandante se encuentra en
posesión del inmueble lote de terreno para vivienda ubicado en calle CATORCE DE
SEPTIEMBRE, Mz. 2, lote 02, de la Asociación de Vivienda Carlos Palomino
Sotelo, Grupo 5, del Distrito de San Clemente, Pisco, de un área de 150m2 y
desde cuando ejerce dicha posesión”; Tenemos que
en autos, la posesión actual de la demandante no ha sido discutida ni
contradicha, por el contrario en autos a fojas tres obra una declaración jurada
de un vecino que atestigua de la posesión actual del demandante. Ahora bien, respecto
de la fecha
inicial de la
posesión, el propio demandante, en la foja cuatro de su
escrito de demanda, señala que posee con
justo título y buena fe, desde hace más de doce años, (adicionando a su
posesión, el tiempo de la posesión de la Municipalidad que le otorgó el título
posesorio); sin embargo, en autos no obra prueba alguna respecto de la
posesión que dice ejerció su transferente la Municipalidad, en consecuencia la
data inicial de la posesión del actor es a partir de la constancia de la
posesión que expidió la Municipalidad Distrital de San Clemente, el 26 de
diciembre de 2014, y que en copia obra a fojas dos”. Como se aprecia, el juez
se olvidó lo que antes afirmó, que la posesión es una situación de hecho, y no
de derecho, y ahora se sostiene en la situación documental y no real del hecho
posesorio, lo que constituye no sólo una aberración lógica, sino también ética
y jurídica, pues no es posible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y en
la misma relación. O la posesión es una cuestión de hecho o es una cuestión de
derecho, o se prueba con la existencia fáctica de la persona sobre el inmueble
o se prueba con los documentos que se refieren al hecho fáctico. En este caso,
es evidente que el aquo se ampara en vicios del razonamiento que Mixán Mass,
denomina “Inferencia Imaginaria”, como demostraré con los medios probatorios
anexos. Nadie puede litigar contra un juez que viola la presunción legal
relativa a la verdad que contiene los artículos 460º, 461º y 473º inciso 2, del
C.P.C. por lo que prescindió de la audiencia de pruebas y luego, actúa una
prueba dudosa a favor de la demandada y no actúa nuestras pruebas porque no le
produce convicción sin haber emitido
resolución que declare que no le produce convicción y sin embargo, actúa
pruebas de la que fue declarada en rebeldía, eludiendo la actuación de los
medios probatorios de nuestra parte que acreditan que ese único exclusivo y
excluyente medio probatorio son fraudulentos, los mismos que utilizan los
traficantes de terreno para su propio beneficio. Lo correcto, lo ético, lo
honesto, lo justo, es que se actúen todos los medios probatorios, en la forma
que establece el artículo 197º de C.P.C. a fin de determinar quién tiene la razón y no
proceder como se ha hecho, lo que deja en evidencia la violación de la
tutela procesal efectiva, el debido proceso, el derecho a la motivación, la
proscripción del abuso de derecho y de no ser privado del derecho a la defensa
en ningún estado del proceso.
2.8 Sostiene el aquo: “Respecto del segundo punto
controvertido, que consiste en “Determinar si
la demandante al encontrarse en posesión del inmueble lo destina a vivienda
y atiende el pago de los servicios básicos, así como el pago de tributos o
impuestos que gravan dicho bien”; El juez eludió emitir
pronunciamiento concreto destinado a “Determinar si la demandante al
encontrarse en posesión del inmueble
lo destina a vivienda”, por lo que se ha violado el numeral 4 del artículo 122
del C.P.C. que dispone: “La expresión
clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos
controvertidos” y evidentemente no existe pronunciamiento claro y preciso
sobre el segundo punto controvertido, que incide directamente en lo resuelto
por el juez, pues de haberse determinado si la demandante se encuentra en
posesión del inmueble y lo destina para vivienda, se verificaría la posesión
directa, pacífica y continua, en calidad de dueña y con utilización económica a
su favor, que demostraría que la demandada jamás poseyó, que el contrato es
fraudulento, porque a la fecha de su celebración, la municipalidad contaba con
título de propiedad y que la vivienda constituye una edificación de material
noble con antigüedad superior a los cinco años y que esta vivienda se encuentra
fuera del área que aparece en el título en que se sustenta el juez para
declarar infundada la demanda, lo que deja en evidencia la violación de
la tutela procesal efectiva, el debido proceso, el derecho a la motivación, la
proscripción del abuso de derecho y de no ser privado del derecho a la defensa
en ningún estado del proceso.
2.9 El juez argumenta: “En cuanto al tercer y cuarto punto controvertido, esto es “Determinar si la demandada RENEE GARCIA
VILLANUEVA ha ejercido posesión respecto del inmueble antes mencionado y desde
cuando”; y “Determinar si la demandada RENEE GARCÍA VILLANUEVA, cuenta con título de propiedad o
título posesorio respecto del inmueble antes descrito”. En principio, debemos
señalar que la demandada en mención tiene la condición de rebelde al proceso,
según aparece en la RESOLUCIÓN Nº CINCO, de fojas sesenta. Sin embargo, en el
proceso penal Expediente Nº 2013-250-22, seguido por ante el Juzgado Penal
Unipersonal Transitorio y Penal Liquidador de Pisco, se estableció que el
día doce de septiembre de dos mil doce
la agraviada Renee García Villanueva fue despojada de su predio
fundo denominado Dadelso, etc.” lo dicho por el juez no
resiste un elemental test de razonabilidad, que seguidamente analizamos: ¿Es
verdadero el título? ¿Qué hace pensar que la escritura de un inmueble ubicado
en Pisco, es verdadera cuando en realidad la clandestinidad y celebración en
notario de Chincha hace suponer un acto fraudulento? ¿Cómo se prueba que la
demandada “ha ejercido posesión hasta el día doce de septiembre de dos mil
doce” si la posesión es de hecho? ¿Cómo se demuestra que la demandada: “fue despojada de su predio fundo
denominado Dadelso, por parte de doña Juana Yolanda Gutiérrez, etc.” Si en el proceso penal sólo aparece
como única y exclusiva procesada una sola persona Juana Yolanda Gutiérrez y
nadie más? ¿Qué similitud tiene ese proceso penal, con las personas que
aparecen como partes en este proceso y cuál es la identidad que existe entre
los inmuebles materia de litis en ambos procesos? Si esa sentencia no tiene
vinculación con la demandante en este proceso, no ha sido actuada en mi contra
ni menos con mi conocimiento, no se me notificó dicho proceso penal para que
pueda defender mis intereses dentro del mismo, y no se me permitió contradecir
el título que acredite que el terreno materia de este proceso haya sido el
mismo que poseo desde antes que fraguara el contrato de compra venta, que no
puede inscribir en el Registro Público, por
una serie de vicios que impiden inscribur el título sobre el título que posee
la Municipalidad Distrital de San Clemente desde su fundación, a mérito de la
adjudicación que hizo el Estado a favor de la citada Municipalidad y
que el aquo dentro de este proceso, lo omite, para favorecer a quien intenta el
tráfico de terrenos, con pruebas falsas, como probaré, con los medios
probatorios anexos, con los que espero dejar en evidencia la violación
de la tutela procesal efectiva, el debido proceso, el derecho a la motivación,
la proscripción del abuso de derecho y de no ser privado del derecho a la
defensa en ningún estado del proceso.
2.10 Yerra el
juez al argumentar: “Respecto del quinto punto
controvertido, esto es “Determinar si el
demandante viene poseyendo el bien con justo título, buena fe y de manera
pacífica desde hace seis años; y sexto punto controvertido, referido a
“Determinar, de acreditarse los puntos controvertidos que anteceden; si es procedente declarar el mejor derecho
a la posesión a favor de la actora”; La demandante doña BETTY CONDORI
SUCAPUCA, cuenta como justo título con la constancia de la posesión que expidió
la Municipalidad Distrital de San Clemente, el 26 de diciembre de 2014, y que
en copia obra a fojas cuatro. Sin embargo, dicha demandante tiene
conocimiento de los dos procesos judiciales que él ha ofrecido como medios de
prueba como son: a) El proceso de reinvindicación, (así lo ha escrito el juez)
expediente Nº 2012-129, seguido por ante el Juzgado Civil de Pisco, por don
Francisco Eduardo Camino Boggie, en contra de doña Juana Yolanda Gómez
Vilcapoma; y otros, etc. Por lo que no se puede afirmar que la demandante tenga
buena fe en la posesión que ejerce. b) El proceso penal, expediente Nº
2013-250-22, seguido por ante el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio y Penal
Liquidador de Pisco, en el que se estableció que el día doce de septiembre de dos mil doce la
agraviada Renee García Villanueva fue despojada de su predio fundo denominado
Dadelso, por parte de la acusada Juana Yolanda Gutiérrez, - etc. En consecuencia, en éste extremo podemos concluir que la demandante ostenta una posesión
ilegítima de mala fe. (¿?) En efecto, el artículo 906º del Código Civil
prescribe que “La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en
su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que
invalida su título”. Sobre el particular la Corte Suprema ha expresado: “nos
encontramos ante una posesión netamente ilegítima de mala fe, que pudo haber
sido en un comienzo una posesión ilegítima de buena fe (el poseedor tuvo un
título nulo), pero ante el
requerimiento de restitución de la posesión, el poseedor se negó a hacerlo”.
(lo que
jamás sucedió en este caso) También, el artículo 907º del
Código citado, dice “La buena fe dura mientras las circunstancias permitan al
poseedor creer que posee legítimamente o, en todo caso, hasta que sea citado en juicio, si la demanda resulta fundada”.
(que tampoco es el caso) etc”. En este punto tenemos que
poner en relieve la falta de ética, honestidad, imparcialidad y veracidad del
juez, quien artificiosamente declaró el JUZGAMIENTO ANTICIPADO DEL PROCESO, para eximirse de efectuar
la diligencia de actuación de pruebas, para darle oportunidad de manipular las
pruebas a su antojo y darle mérito probatorio a un contrato nulo por falso,
pues, si conocemos de derecho civil, tenemos que conocer y saber interpretar el
artículo 315º del C.C. que dispone: “Para
disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del
marido y la mujer”, por lo que el contrato que sustenta su decisión es
NULO, y el juez omitió que declaró el juzgamiento anticipado, haciéndonos creer
que se sustenta en que ha quedado consentida la resolución que declara saneado
el proceso, en los casos en que la declaración de rebeldía produce presunción
legal relativa de verdad, por lo que confiamos en la predictibilidad, pero en
realidad fue un ardid, para no realizar la audiencia de pruebas y así
impedirnos la tutela procesal efectiva, actuando nuestras pruebas y poder
demostrar dentro del proceso la nulidad del contrato fementido, que es la causa
por la cual se ha interpuesto la presente demanda y que en lugar de
considerarse como el motivo, sirve de medio probatorio para formar criterio del
juez,sin molestarse en investigar si el vendedor, Francisco Eduardo Camino
Boggio está facultado para vender o el contrato es fraudulento por su condición
de casado, lo que podría verificarse con la ficha RENIEC, y con lo que se
acreditaría la complicidad del notario para omitir exigir la presencia de la
esposa, como haría cualquier notario honesto. Esta forma de proceder del juez
para favorecer a la demandada, dando valor probatorio a una copia fraguada de
un contrato de compra venta, que no ha podido ser registrado por superponerse a
la propiedad de la Municipalidad Distrital de San Clemente, que nos permitió
que ocupemos en forma pacífica el inmueble, construir una vivienda de material
noble y luego FORMALIZAR la posesión, acredita la falta de imparcialidad,
objetividad, razonabilidad y justicia del aquo, que deja en evidencia que se ha
incurrido en los vicios de manipular los hechos y torcere el derecho, como
sucede en este caso, deja en evidencia la violación de la tutela
procesal efectiva, el debido proceso, el derecho a la motivación, la proscripción
del abuso de derecho y de no ser privado del derecho a la defensa en ningún
estado.
2.11 Yerra el juez en el SÉPTIMO
considerando: DE LAS COSTAS Y
COSTOS DEL PROCESO “Estando a lo dispuesto por el numeral 412º del Código Procesal Civil
estas son de cargo de la parte vencida aunque no hubiesen sido demandadas.”
El juez ha olvidado que ha declarado LA REBELDÍA de la demandada, lo que
significa no se apersonó, no tuvo gastos para su defensa, ni ha pagado tasas
procesales, de lo que fluye la falta de razonabilidad, proporcionalidad y
motivación de la resolución, que demuestre la comprensión cabal de los hechos y
la inaplicación del artículo 464º del C.P.C. que dispone: “Son de cargo del
rebelde las costas y costos causados por su rebeldía”. De lo que
fluye que en este proceso, se ha violado la tutela procesal efectiva, el debido
proceso, el derecho a la motivación, la proscripción del abuso de derecho y de
no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso. Por lo
que el Superior, combatiendo la corrupción en forma objetiva, debe revocar la
sentencia que declaró INFUNDADA LA DEMANDA de fojas 33 a 46, aclarado a fojas 51, interpuesta por la
actora en contra de doña RENEE GARCIA VILLANUEVA sobre MEJOR DERECHO DE
POSESIÓN y ANULE la condena en costas y costos, por carecer de razonabilidad y
proporcionalidad y constituir un claro abuso del derecho que repugna el
artículo 103º de nuestra Constitución.
3.- ERRORES DE DERECHO:
3.1 Se ha violado el artículo 139º numeral 3 de nuestra Constitución, concordante
con el artículo I del Título Preliminar del CPC, que establece mi derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de mis derechos o
intereses, con sujeción a un debido proceso.
3.2 Se ha inaplicado el artículo III del Titulo Preliminar del CPC, que
dispone la obligación del Juez de atender a que la finalidad concreta
del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre,
ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y
que su finalidad abstracta es lograr
la paz social en justicia.” Siendo el caso que ha omitido la
norma, para proceder al revés, confiando
en su impunidad ante el abuso del derecho, que proscribe el artículo 103º in
fine de nuestra Constitución.
3.3 Se ha inaplicado el artículo IV del Título Preliminar del CPC, que
dispone “Las partes, sus representantes, sus Abogados y, en general,
todos los partícipes en el proceso, adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad
y buena fe. El Juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier
conducta ilícita o dilatoria.” Sin embargo ha violado la letra y
espíritu de la norma citada, para favorecer a la demandada.
3.4 Se ha inaplicado el artículo VI del Título Preliminar del CPC, que
dispone “El Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por
razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o
económica, afecte el desarrollo o resultado del
proceso”.
3.5 Se ha inaplicado el artículo VII del Título Preliminar del CPC, que
dispone “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso,
aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin
embargo, no puede ir más allá del
petitorio ni fundar su decisión en
hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”.
3.6 Se ha inaplicado el artículo 3º del C.P.C. que dispone: “Los derechos de acción y contradicción en materia procesal civil no
admiten limitación ni restricción para su ejercicio, sin perjuicio de los
requisitos procesales previstos en este Código”.
3.7 Se ha inaplicado el artículo 48º del C.P.C. que dispone: “Las funciones del Juez y de sus auxiliares son de Derecho Público.
Realizan una labor de conjunto destinada a hacer efectiva la finalidad del
proceso. El incumplimiento de sus deberes es sancionado por la ley.”
3.8 Se ha omitido el artículo 50º del C.P.C. que dispone; “Son deberes de los Jueces en el proceso: 1. Dirigir el proceso,
no manipularlo; 2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el
proceso, no inclinarse a favor del que ha sido declarado rebelde, 4. Decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica,
y no agravar la incertidumbre enredando aún más el conflicto de intereses,
resolviendo a favor de quien ha declarado rebelde; 6. Fundamentar los
autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de
jerarquía de las normas y el de congruencia y no como ha pasado en
este caso concreto, donde se ha violado la jerarquía de las normas y el
principio de congruencia, favoreciendo a quien ha declarado rebelde, eludiendo
la administración de justicia, violando los artículos 460º 461º y 473º inciso 2
del C.P.C., sin respetar el numeral 6 del artículo 50 del C.P.C. que evidencia
que el juez fue el primero en violar las leyes, para perjudicarme.
3.9 Se ha inaplicado el artículo 51º del C.P.C. que dispone: “Los Jueces están
facultados para: 2. Ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento
de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes”
y no están facultados para violar los artículos 460º 461º y 473º inciso 2 del
C.P.C., limitándose a actuar en forma exclusiva y excluyente un medio
probatorio de dudosa procedencia, que no ha sido actuado en contra ni con
conocimiento de la demandante, que ha servido para declarar infundada la
demanda y condenar a la demandante al pago de costas y costas del proceso, con
plena conciencia que la demandada es quien ha sido declarada rebelde.
3.10 Se ha interpretado en forma errónea el artículo 188º del C.P.C. que
dispone: “Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los
puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”. Y no faculta
para omitir los medios probatorios, so pretexto de juzgamiento anticipado por
rebeldía de la demandada, y luego de haber prescindido de la audiencia
atinente, se tome en consideración solamente un medio probatorio de dudosa
procedencia, no actuado con conocimiento ni en contra de la demandante, para
favorecer a la rebelde.
3.11 Se ha violado el artículo 190º del C.P.C. que dispone: “Los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre
cuando ésta sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán
declarados improcedentes por el Juez. Son también
improcedentes los medios de prueba que tiendan a establecer: 1. Hechos no controvertidos”
Sin embargo y pese a haber declarado la rebeldía de la demandada, por lo que no
existe pretensión de ésta, sin embargo, el juez no declaró la improcedencia de
medios probatorios que no tengan la finalidad de sustentar la pretensión de la
demandada, por su condición de rebelde, sino que extrajo del expediente penal Nº
00250-2013-22-1411-JR-PE-01, que ofrecí como medio probatorio con objeto de
probar que la demandada logró sentencia a su favor, utilizando medios
fraudulentos para despojar a los poseedores de “LA LOTIZACION DE LA ASOCIACION
DE VIVIENDA CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO Nº 05” sin que se nos haya considerado
parte, con el objeto de impedir que podamos defendernos en proceso, lo que
debió ser resuelto conforme a la presunción de la verdad que dispone los
artículos 460º,461º y 473º del C.P.C. y se actuó contrariando las normas
legales citadas, lo que influyó en la sentencia.
3.12 Se ha violado el artículo 194º del C.P.C. que dispone “Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes
sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda
Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y
pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la
controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes
en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga
probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba”.
Sin embargo, el juez ha reemplazado a la rebelde y no me aseguró el derecho de
contradecir la prueba actuada y que influyó en la sentencia.
3.13 Se ha violado el artículo 197º del C.P.C. que dispone “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta,
utilizando su apreciación razonada”. Sin embargo, en la resolución
el juez sólo expresó su criterio
sustentado en una prueba de dudosa procedencia, que no fue actuada en mi contra
ni con mi conocimiento, para favorecer a la rebelde, pero que ha sido
determinante para sustentar su decisión.
3.14 Se ha violado el artículo 198º del C.P.C. que dispone “Las pruebas obtenidas válidamente en un proceso tienen eficacia en otro.
Para ello, deberán constar en copia certificada por el auxiliar jurisdiccional
respectivo y haber sido actuadas con conocimiento de la parte contra quien se
invocan.” Sin embargo el juez ha dado eficacia probatoria a la
sentencia del proceso penal Nº 00250-2013-22-1411-JR-PE-01, que ofrecí con objeto de probar que la demandada
logró sentencia a su favor, utilizando
medios fraudulentos para despojar a los poseedores de “LA LOTIZACION DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO Nº 05” sin que se nos haya
considerado parte, con el objeto de impedir que podamos defendernos en proceso” con plena conciencia que
no se actuó el medio probatorio con mi conocimiento y en mi contra, sino que se
utilizó en un proceso donde no fui parte y que no tiene vinculación ni con mi
persona, ni con el lote donde tengo edificada mi vivienda, lo que deja en
evidencia la violación de la tutela procesal efectiva, el debido proceso etc.
3.15 Se ha violado el artículo 199º del C.P.C. que sanciona: “Carece de eficacia
probatoria la prueba obtenida por simulación, dolo, intimidación, violencia o
soborno” y pese a que afirmo que el contrato ofrecido en el
expediente penal Nº 00250-2013-22-1411-JR-PE-01, es un medio fraudulento el
juez le ha dado eficacia jurídica y utilizado en este proceso, para fundamentar
su sentencia favorable a la rebelde.
3.16 Se ha violado el artículo 461º del C.P.C. que sanciona: “La declaración de rebeldía causa
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda”
lo que el aquo lo ha entendido al revés esto es, “la declaración de rebeldía,
causa presunción legal relativa sobre la falsedad de los hechos expuestos en la
demanda y se debe buscar un motivo cualquiera, para resolver a favor de la
demandada, mediante el argumento lógico “petición de principio”, como ha
sucedido en la sentencia impugnada.
3.17 Se ha interpretado en forma errónea el artículo 464º del C.P.C. que
sanciona: “Son de cargo del
rebelde las costas y costos causados por su rebeldía”. Norma
que el juez ha interpretado al revés, condenando a la demandante al pago de
costas y costos del proceso a conciencia que la demandada ha sido declarada
REBELDE, y por ende, no ha gastado ni un
céntimo de su peculio para costear su defensa.
3.18 Se ha inaplicado el artículo 473º del C.P.C. que dispone: “El Juez comunicará a las partes su
decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite que el informe oral: 1.
Cuando advierte que la cuestión debatida es sólo de derecho o, siendo también
de hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia
respectiva; o, 2. Queda consentida o ejecutoriada la resolución que declara
saneado el proceso, en los casos en que la declaración de rebeldía produce
presunción legal relativa de verdad.", Constando en la
sentencia que el aquo no ha especificado en cuál de las dos causales ha formado
criterio para sentenciar, tomando como base de su criterio es un contrato de
compra venta de dudosa procedencia, que no fue actuado con mi conocimiento y en
un proceso en donde hayamos sido partes, lo que vició de nulidad insalvable la
sentencia, al haberse violado la tutela procesal efectiva, el debido proceso,
la motivación de las resoluciones judiciales, la proscripción del abuso del
derecho y el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún
estado del proceso, que garantiza los artículos 103º in fine y 139º incisos 3,
5 y 14 de nuestra Constitución.
3.19 Se ha inaplicado el artículo 912º del C.C. que dispone: “El poseedor es reputado propietario,
mientras no se pruebe lo contrario.” Lo que no fue contradicho
por la otra parte y queda corroborado con el certificado de posesión que me ha
otorgado autoridad competente en el ejercicio de sus funciones administrativas,
respecto al terreno de su propiedad, inscrito en la PARTIDA Nº 11001024 - FICHA
REGISTRAL Nº 00642-010207 del Registro de la Propiedad Inmueble de Pisco..
4.- MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS CON LA APELACIÓN:
1.- Copia simple de la PARTIDA Nº 11001024 - FICHA REGISTRAL Nº
00642-010207 del Registro de la Propiedad Inmueble de Pisco, con objeto de
probar que el Estado adjudicó a favor de la Municipalidad Distrital de San
Clemente, el área en que se encuentra mi lote para vivienda, según Resolución
Directoral Regional Nº 018-87-VC-6500 del 27 de febrero de 1987, y por lo tanto
es falsa la conjetura del juez de la sentencia, al quedar probado con este
documento, que la Municipalidad que me otorgó la posesión, posee a título de
dueño desde 1987, que se debe adicionar al título posesorio con el cual me
transfirió la posesión y que es anterior en más de dos décadas, al título
fraudulento de la demandada, como concluyó el juez: “RENEE GARCIA
VILLANUEVA, cuenta con título de
propiedad o título posesorio respecto del inmueble materia de Litis, desde
el diecisiete de enero de dos mil doce”,
por lo que
confrontando documento contra documento, es más antiguo el título de la
autoridad que me otorgó certificado de posesión, que tiene dominio sobre el inmueble desde el
año 1987, que es el que corresponde a mi posesión conforme a lo dispuesto por
el artículo 898º del C.P.C. que el juez también ha omitido, en mi perjuicio.
2.- Fotostática
del certificado de inscripción ficha RENIEC del D.N.I. Nº 09295490, que
corresponde a CAMINO BOGGIO FRANCISCO EDUARDO, con objeto de probar que tiene
condición de CASADO, por lo que se infiere la NULIDAD DE PLENO DERECHO, por
imperio del artículo 315º del C.C. del contrato fraudulento en que el juez
amparo su criterio para sentenciar en mi contra, aduciendo que “RENEE GARCIA VILLANUEVA, cuenta
con título de propiedad o título posesorio respecto del inmueble materia de
Litis, desde el diecisiete de enero de
dos mil doce”. Lo que no deja dudas que el juez no consignó fundamentos de hecho fácticos,
sino que se limitó a una superficial y escueta referencia a los medios de
prueba producidos, sin entrar en un análisis o valoración de ella, lo que
imposibilitó mi ejercicio del derecho a la defensa, al hacerme imposible el
control de los hechos, es decir, se violó el principio de razonabilidad al no
saberse si el juez ha tomado una comprensión objetiva y razonable de los hechos
que atañen al caso, o prejuzgó a favor de la demandada, mediante una
contemplación en “abstracto” de los
hechos, sin profundizar su observación “en
busca de la verdad, que es lo esencial para administrar justicia con
imparcialidad”.
3.- Fotostática
de la anotación de TACHA, del TITULO Nº 2015-00005407, con fecha de vencimiento
al 17/07/2015, hace exactamente dos años, con objeto de probar que la demandada
tuvo conocimiento de la nulidad de su contrato de compra venta de RENEE
GARCÍA VILLANUEVA por una serie de
defectos que hacen dudar de su legitimidad o validez, por lo que no se ha
presentado al proceso para ejercer su derecho a la defensa, y sin embargo el
juez ha dado mérito probatorio al contrato de compra venta de dudosa
procedencia, para violar los artículos 460º, 461 y 473º del C.P.C. para
resolver en mi perjuicio, no cabe duda que existe un misterio en el
razonamiento del juez para formar criterio, que me faculta para pedir la nulidad
de su sentencia mediante la cual ha violado la tutela procesal efectiva,
el debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales, la
proscripción del abuso del derecho y el principio de no ser privado del derecho
de defensa en ningún estado del proceso, que garantizan los artículos 103º in
fine, y 139º incisos 3, 5 y 14 de nuestra Constitución, y demás normas
jurídicas invocados en la presente, violados por el juez para favorecer a la
demandada, pese a que fue declarada rebelde.
POR LO EXPUESTO:
Al juzgado pido concederme el recurso.
ANEXOS:
4.A Comprobante de pago arancel por apelación de sentencia.
4.B Cedulas de notificación.
4.C Copia simple de la PARTIDA Nº 11001024 - FICHA REGISTRAL Nº
00642-010207 del Registro de la Propiedad Inmueble de Pisco.
4.D Fotostática del certificado
de inscripción ficha RENIEC del D.N.I. Nº 09295490, que corresponde a CAMINO
BOGGIO FRANCISCO EDUARDO. CASADO.
4.E Fotostática de la anotación
de TACHA, del TITULO Nº 2015-00005407, con fecha de vencimiento al 17/07/2015.
Pisco, 07 de agosto de 2017.
[1] FLORENCIO MIXÁN MASS LÓGICA PARA OPERADORES DEL
DERECHO” Ed. BLG 1998, Lima Perú, INFERENCIAS INCORRECTAS, página 70 y siguientes)
[2]
Idem.
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