EXPEDIENTE Nº 00074-2016-0-1411-JR-PE-02
ESPECIALISTA: MIDWAN VALENCIA MARTINEZ
SUMILLA: RECUSACION
AL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE PISCO
PEDRO JULIO ROCCA LEON abogado con registro CAI 1535 y domicilio
procesal en calle Fermin Tanguis 106, Pisco, casilla SINOE 7821, defensor de
don JULIO NESTOR ROCCA ROSELL procesado por presunto delito de robo agravado en
agravio de James Martin Mora Siguas, dice:
Que al amparo del artículo 54º del NCPP decreto legislativo 957,
presento recurso de Recusación a fin de que se sirva apartarse del proceso por
tener fundadas razones para dudar de su imparcialidad, demostrada ya en
anteriores procesos (caso Ramírez Estrella, caso Gavilano Gutiérrez) en que no
ha podido ocultar su odio hacia mi persona y como no puedo tolerar su mirada de
odio y su falta de respeto hacia la persona, negándose a contestar el saludo
que por cortesía cumplo con efectuar al comienzo de mi actuación profesional en
las audiencias, me veo obligado a recusarlo, sustentado en los siguientes
fundamentos:
1.- Usted no ha cumplido con inhibirse del proceso, al tomar
conocimiento que en el requerimiento de acusación fiscal, aparezco como abogado
defensor del imputado, teniendo conciencia del odio que me tiene, por autorizar
las denuncias en su contra por sus actuaciones arbitrarias en los procesos y que
no puede ocultar.
2.- Como quiera que la ley procesal me faculta a recusar al juez que
no se inhibe, existiendo causal de inhibición que lo inhabilita para actuar en
este proceso, me faculta a recusarlo, por la causal prevista en el artículo 53º
del D. Leg. 957, cuyo numeral 1, literal e) que contiene la causal: “Cuando
exista cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad.” Lo
cual es el caso y como se trata de un proceso que contiene un delito muy grave,
en mi condición de abogado defensor, que debe lealtad a su defendido, tengo que
tener certeza que el juez que lo juzgue, tenga oídos para oír y no peque de
doble criterio, y de falta de imparcialidad, como se ha conducido en dos
procesos en los que he defendido a inocentes, a los cuales con medios
probatorios falso, usted los ha hecho aparecer como culpables y dispuesto que
se les siga juicio oral.
3.- En efecto, el el expediente penal Nº 00423-2015-5-1411-JR-PE-01,
a sabiendas que no se ha cometido ningún delito, porque la presunta autora
actúa dentro de los parámetros de la ley Nº 27444 del Procedimiento
Administrativo, sin que se haya agotado la vía previa, usted la ha acusado de
ser autora del delito contra la administración pública, aduciendo, que el
derecho penal supera a las demás vías, revelando ignorancia de lo que significa
el principio “última ratio del derecho penal”, convirtiéndose en un peligro
para la administración de justicia, al revelar que no tiene un concepto claro
de lo que significa “justicia”.
4.- Debido a su falta de imparcialidad y conocimientos sobre
administración de justicia, he autorizado con mi firma, la denuncia ante el
fiscal superior de Control Interno de Ica, el delito de fraude procesal,
prevaricato y otros, en su contra, y contra al fiscal Gladys Matilde Torres
Lobato, del 15 de diciembre de 2015, por lo que nadie puede negar que tal
denuncia es la causa de su odio en contra de mi persona.
5.- Igualmente en el caso Ramírez Estrella usted se coludió con la
fiscal Gladys Matilde Torres Lobato, para denunciar a mi defendido por un
delito que no ha cometido, y ha
permitido que mutile medios probatorios del expediente, y prefabricado pruebas
falsas, para que se le procese por hurto agravado, en el expediente Nº
094-2015, que está a la espera de su resultado para demandar la indemnización
por abuso de derecho correspondiente, en el cual una vez más, quedó acreditada
su falta de imparcialidad, la cual incidió en el desarrollo del proceso, por lo
que no tengo confianza en su desempeño como juez imparcial y con suficiente
experiencia para garantizar una recta administración de justicia a favor de mi
defendido.
6.- Si, el artículo 53º del NCPP, dispone que el juez debe inhibirse
cuando exista una causal cualquiera, que ponga en duda su imparcialidad, y el
odio y su falta de experiencia hace que su imparcialidad sea afectada, inclusive
no permitiendo que me expreso oralmente con toda libertad, como ha quedado
comprobada en los expedientes citados arriba: Nº 00094-2015-49-1411-JR-PE-02 y
Nº 00423-2015-5-1411-JR-PE-01 Y usted no ha tenido el decoro de INHIBIRSE,
entonces, me amparo en el artículo 54º del D. Leg. 957, para RECUSARLO, por
dudar de su imparcialidad.
7.- De conformidad con el artículo 5º del Código de Ética de los
Abogados, tengo el deber profesional de
defender los derechos
de mis patrocinados, honrando la confianza depositada en mi labor; la
cual
debo desempeñar
con
estricta observancia de las normas jurídicas y una conducta ética que refleje
el
honor y la dignidad profesional, y siendo el caso que mi patrocinado
está siendo acusado de un delito grave, que requiere la certeza de un juez
imparcial, y como su conducta ante mi persona, ha revelado absoluta falta de
imparcialidad, en interés del derecho al debido proceso y tutela procesal de mi
patrocinado, más aún cuando en su juzgado se viola el artículo 84º inciso 9)del D. Leg. y usted me corta la
palabra y no me deja expresar libremente los argumentos a favor de mis
defendidos, lo que es una grosera forma de negarse a oír, violando la tutela
procesal, por lo que estoy obligado a recusarlo, para no perjudicar a mi
cliente, conforme me lo ordena el artículo 27º del citado código.
8.- En efecto, en interés de mi patrocinado, tengo que velar para
que sea juzgado por un juez justo y lastimosamente, en los procesos en que he
intervenido en su juzgado, he podido comprobar que falta a las exigencias del
artículo 2º de la Ley Nº 29277, ya que no responde de manera idónea a las
demandas de justicia, siendo el caso que siempre se colude con el fiscal
acusador, y no admite ningún argumento de defensa a favor del procesado, lo que
demuestra su falta de capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a
partir de casos concretos, que afecta su imparcialidad y por ende el debido
proceso.
9.- En tal sentido lo acuso de ser un permanente violador del
artículo 34º de la Ley Nº 29277, demostrado en los expedientes citados arriba,
en que ha violado su deber de “(1) Impartir justicia con independencia, prontitud,
imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso”; por lo que lo he
tenido que denunciar penalmente, por los delitos cometidos en agravio de los
justiciables.
10.- Asimismo lo acuso de violador del artículo 47º de la Ley Nº
29277, por su conducta discriminaría del abogado que no es de su simpatía,
coludiéndose con los fiscales, para decidir conforme a lo que los fiscales
piden y no en atención a la obligación de administrar justicia con respeto de
la Constitución y de la Ley, lo que incide en su falta de imparcialidad.
11º.- Consecuentemente, al no haberse inhibido por la causal de
falta de imparcialidad, por el odio que me tiene y su manifiesta colusión con
el fiscal del caso expuesto arriba, por lo que he autorizado que la parte
perjudicada los denuncie por los delitos cometidos de fraude procesal y
prevaricato, usted ha incurrido en la falta muy grave que sanciona el artículo
48º de la Ley Nº 29277, por actuar en este proceso, a sabiendas que está moralmente impedido,
porque su odio que me tiene, afecta su imparcialidad.
La imparcialidad es un elemento básico dentro de cualquier proceso
jurisdiccional para afirmar la existencia de un proceso justo o debido proceso.
Es una garantía que informa la función jurisdiccional y que se obtiene por la suma
del factor de la neutralidad del magistrado y su desinterés en el objeto del
litigio. Asimismo, tiene una conexión con la confianza de los ciudadanos en el
Poder Judicial. Esta garantía procesal tiene una doble connotación: de un lado,
es un atributo del juez y, del otro, es una garantía de los justiciables, pues
determina que el caso sometido a su conocimiento se resolverá sin existir dudas
sobre el desempeño transparentemente equidistante en su función jurisdiccional.
No basta con que un juez sea auténticamente imparcial, o que se
sienta así incluso. Para la conservación de su auctoritas ante la ciudadanía es
imprescindible que también “parezca” imparcial.
La recusación y la inhibición son instrumentos para afirmar y hacer
prevalecer la imparcialidad judicial -que afecta a la jurisdicción como
función-, y, con ello, integra la garantía del debido proceso, regulada en el
artículo 139, inciso 3 de la Constitución, de un juicio justo. En este sentido,
la inhibición como la recusación son técnicas de garantía de la imparcialidad
judicial que tienen por objetivo común preservar la legalidad de las decisiones
judiciales y evitar que motivos extraños al Derecho puedan llevar al juez a
desviarse de la legalidad en la toma de decisiones.
El “Código de Bangalore sobre
Conducta Judicial”, promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en 200110, entre otros valores - principios-, aborda el Valor 2, relativo a la
imparcialidad, descrita como aquel principio “esencial para el desempeño
correcto de las funciones jurisdiccionales. La imparcialidad se refiere no sólo
a la decisión en sí misma sino también al proceso mediante el cual se toma esa
decisión”. Su alcance aplicativo se organizó en cinco aspectos: a. Un juez
deberá desempeñar sus tareas judiciales sin favoritismo, predisposición o
prejuicio; b. Un juez garantizará que su conducta, tanto fuera como dentro de
los tribunales, mantenga y aumente la confianza del público, de la abogacía y
de los litigantes en la imparcialidad del juez y de la judicatura; c. Un juez
deberá, dentro de lo razonable, comportarse de forma que minimice las ocasiones
en las cuales pueda ser necesario que sea descalificado para conocer de, o
decidir sobre asuntos; d. Cuando un proceso está sometido o pueda estar
sometido a un juez, éste no realizará intencionadamente ningún comentario que
pueda esperarse razonablemente que afecte al resultado de tal proceso y que
deteriore la imparcialidad manifiesta del proceso. El juez tampoco hará ningún
comentario en público o de cualquier otra forma, que pueda afectar al juicio
justo de una persona o asunto; y, e. Un
juez se descalificará de participar en cualquier proceso en el que no pueda
decidir el asunto en cuestión de forma imparcial o en el que pueda parecer a un
observador razonable que el juez es incapaz de decidir el asunto imparcialmente.
(Destaco en negrita las razones por las cuales vengo a recusarlo.
En este caso concreto, invoco el artículo 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el cual señala que toda persona tiene derecho
a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella,
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral
o de cualquier otro carácter y que me temo que su judicatura no esté en
condiciones de garantizar, a favor de mi defendido, el derecho a que sean oídos
sus argumentos de defensa, con independencia e imparcialidad, dentro de los
márgenes establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sentencias
de los casos Apitz Barbera y otros vs Venezuela, del 5 de agosto de 2008 y
Barreto Leiva vs. Venezuela, del 17 de noviembre de 2009, que determinó que la
imparcialidad objetiva consiste en que el
juez ofrezca garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar
toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la
ausencia de imparcialidad
Según nuestro Tribunal
Constitucional, las vertientes objetiva y subjetiva de la imparcialidad. La
imparcialidad subjetiva se refiere a cualquier compromiso que pudiera tener el
juez con las partes procesales o con el resultado del proceso. Desde esta
perspectiva, el derecho a un juez imparcial garantiza que una persona no sea
sometida a un proceso o procedimiento en que el juez tenga algún tipo de
compromiso con alguna de las partes o con el resultado del mismo. La
imparcialidad objetiva, en cambio, está referido a la influencia peyorativa que
puede transmitirle al juez la estructura del sistema, en merma de su
imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para
desterrar cualquier duda razonable.
Ofrezco como medio probatorio de la enemistad manifiesta contra mi
persona, y su falta de eticidad e imparcialidad, fotostática del cargo de la
denuncia que interpuso ADRIANA MARGARITA GAVILANO GUTIÉRREZ, ante el Fiscal
Superior Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Ica, contra su
persona, y la fiscal Gladys Matilde Torres Lobato, por delitos de abuso de
autoridad, fraude procesal y prevaricato, con objeto de probar la causa del
odio que me tiene, que impide que actúe con imparcialidad, lo que incidirá
directamente en contra de mi defendido.
POR LO EXPUESTO:
Al juzgado pido disponer la recusación contra su persona.
ANEXO:
1.- Fotostática del cargo de
la denuncia que interpuso ADRIANA MARGARITA GAVILANO GUTIÉRREZ, ante el Fiscal
Superior Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Ica, contra su
persona, y la fiscal Gladys Matilde Torres Lobato, por delitos de abuso de
autoridad, fraude procesal y prevaricato
Pisco, 29 de agosto de 2016
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